Pasaportes rusos y organismos públicos: qué se sabe hasta ahora del caso del custodio de Lacalle Pou

Su arresto se llevó a cabo en la residencia presidencial el domingo 25 de setiembre. El presidente uruguayo recién había vuelto de disfrutar con sus hijos las vacaciones de primavera en el exterior cuando tomó contacto con la noticia.

Tres días después, Astesiano fue procesado con prisión preventiva por 30 días y se descubrió que la banda se reunía en la Torre Ejecutiva, que se modificaron documentos para que Lacalle Pou no estuviera al tanto de los antecedentes de su excustodio y que hay varios funcionarios implicados en la maniobra. Según la fiscal Gabriela Fossati, podrían ser miles los documentos falsificados por la banda uruguayo-rusa.

¿Cómo los detectaron?

“Las imputaciones se alcanzaron luego de un trabajo de dos años, que permitió identificarlos como partícipes de una actividad de ‘gestión’ y ‘obtención de documentación’ para adulterar documentación extranjera”, dijo la fiscal Fossati.

Una inusual cantidad de solicitudes de ciudadanía uruguaya por parte de rusos con partidas de nacimiento que acreditaban padres uruguayos despertó las alarmas en Uruguay.

Según se supo, el director del Departamento de Cédula de Identidad de la DNIC, el comisario mayor Juan Esteban Martínez solicitó varias veces al director del organismo, José Luis Rondán Godoy, que se fortaleciera la normativa que aplica a la expedición de pasaportes uruguayos a extranjeros.

Leé también

Fiscalía investigará al excustodio de Lacalle Pou por lavado de activos

Sin embargo, lo que permitió un gran avance en la investigación fue la detención de Roman Karpov, un ruso de 46 años que buscaba obtener la ciudadanía uruguaya. Al detectarse algunas irregularidades en su partida de nacimiento, desde Identificación Civil se comunicaron con los verdaderos hijos del uruguayo del que Karpov aseguraba ser descendiente, quienes aseguraron no tener familiares rusos.

Con el hombre detenido, se solicitó la detención de la traductora que lo había acompañado a realizar el trámite y del escribano Fernández. A través de este último fue que se pudo detectar el involucramiento del excustodio de Presidencia, Alejandro Astesiano.

¿Cómo actuaba la banda criminal?

Según se supo, la extensa red de falsificación ruso-uruguaya trabajaba en varias etapas, algunas de ellas coordinadas en el cuarto piso de la sede de Presidencia, donde Astesiano tenía su oficina.

Todo comenzaba con una persona que reclutaba a ciudadanos rusos en busca de la documentación uruguaya. Una vez establecido el contacto, estos solicitaban sus partidas de nacimiento en Rusia y se las entregaban a un integrante de la banda de Astesiano.

Cuando la partida de nacimiento ya estaba en tierras uruguayas, un escribano y un traductor agregaban al documento el nombre de un supuesto pariente uruguayo difunto, que habilitaría al ruso a obtener la ciudadanía uruguaya.

Luego de eso, eran inscriptos en el Registro Civil para obtener una partida de nacimiento con las exigencias del país sudamericano que les permitiera acceder a tener cédula y pasaporte uruguayos por ser hijos o nietos de ciudadanos de ese país.

Los rusos que pagaban por obtener sus partidas de nacimiento falsificadas decían que venían a trabajar en megaobras uruguayas, como UPM. De esa forma, desde la Dirección Nacional de Identificación Civil se aceleraba el proceso para no perder a esos funcionarios.

Leé también

Amplían a varios organismos la búsqueda de los cómplices de Astesiano

El rol de Astesiano era el de ofrecer contactos con funcionarios ubicados en puestos estratégicos, pero no actuaba solo. Además del excustodio de Lacalle Pou, fueron imputados el escribano encargado de gestionar las partidas de nacimiento (Álvaro Fernández) y dos rusos que ejercían como reclutadores de interesados, traductores y cobradores del monto a pagar por la falsificación. Según Fiscalía, podían llegar a cobrar hasta US$ 10 mil por un pasaporte uruguayo.

El escribano estaba inhabilitado para ejercer la profesión desde marzo de este año, tras una resolución de la Suprema Corte de Justicia. Astesiano, por su parte, borró todos los mensajes que tenía con Fernández, según dijo la fiscal Gabriela Fossati en la audiencia de formalización.

La Fiscalía maneja distintas posibilidades respecto a los motivos por los cuáles ciudadanos rusos estarían interesados en acceder a documentos uruguayos. Una de las sospechas es que fueran utilizados para ingresar a Europa y vincularse a bandas criminales; otra es que se lavara dinero a través de la apertura de cuentas en bancos uruguayos.

Las palabras de Lacalle Pou

Ante la detención del jefe del Servicio de Seguridad Presidencial, Lacalle Pou brindó una conferencia de prensa en la que aseguró estar “sorprendido” por la situación y negó que Astesiano tuviera antecedentes penales.

Asimismo, remarcó desconocer los delitos por los que el hombre estaba siendo investigado: “Ya saben cómo actúa el presidente de todos los uruguayos. Si hubiera tenido un indicio no le hubiera entregado lo más preciado que tengo, que es mi familia”.

Apenas 24 horas después de ser detenido, Astesiano reconoció tener antecedentes penales y se conoció de inmediato que el hombre había sido procesado con prisión por un delito continuado de estafa en marzo de 2013 y que había estado varios meses en la Unidad 12 Las Rosas (Maldonado).

En 2014 fue condenado a 18 meses de penitenciaría por la causa, pero se descontó el tiempo que estuvo en prisión preventiva y se realizó una suspensión condicional de proceso. El excustodio del presidente uruguayo estafaba a personas alquilando casas ubicadas supuestamente en Punta del Este que no existían. Lo hacía por internet, cobraba la seña y no daba más señales.

La ficha del Sistema de Gestión de Seguridad Policial (SGSP) del 26 de setiembre de 2022 muestra que Astesiano tiene 31 indagatorias e incluye antecedentes penales, algo distinto a lo presentado en las anteriores fichas del hombre.

Presidencia denunció que la información fue ocultada al presidente, quien accedió en reiteradas ocasiones a su legajo pero nunca aparecieron los antecedentes. ¿Quién o quienes ocultaron este caudal de información criminal y con qué objetivo? ¿Ninguno del círculo íntimo de Lacalle Pou estaba al tanto? Las dudas crecen.

“Yo no les miento, yo les digo la verdad. Me puedo equivocar, pero no miento. Cuando dije que no había antecedentes las dos veces que se me dio la información, dije la verdad”, dijo el presidente este viernes en rueda de prensa.

Investigaciones de urgencia y una nueva destitución

Desde Interior se emitió un comunicado informando que “sorpresivamente” en la ficha actual de Astesiano figura un antecedente que no estaba cuando en 2020 y 2021 Lacalle Pou accedió a su ficha personal. “Frente a esta anomalía, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dispuso una investigación de urgencia en la Dirección Nacional de Policía Científica para establecer quién o quiénes alteraron la información”.

En el marco de esta investigación se separó del cargo y sumarió a un director de la Policía, quien presuntamente no informó sobre los antecedentes penales del jefe de custodia del presidente Luis Lacalle Pou. Se trata del director de Identificación Criminal, el comisario mayor Gonzalo Vázquez, quien corrigió información de un expediente y no informó a sus superiores, con lo que se le entregó “información falsa” al presidente de la República.

También se pudo determinar que hubo un último movimiento en la ficha del excustodio en 2015, aunque no se identificó al responsable de borrar los antecedentes. Estos aparecieron nuevamente el 8 de setiembre de 2021, cuando Vázquez “asoció nuevamente la cédula de identidad”, como informó El Observador. 

Según dice el informe, eso fue hecho “luego de enterarse de noticias de medios de prensa que afirmaban que esta persona poseía antecedentes, por lo cual cotejó su legajo, observó que el número de cédula no estaba registrado y procedió a completar la información para mantener los datos actualizados”.

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC), por su parte, también ordenó una investigación administrativo luego de que El País informara que dos funcionarias del Registro Civil eran parte de la maniobra delictiva.

¿Qué delitos se le imputaron a Alejandro Astesiano?

El jefe de seguridad del presidente uruguayo fue imputado este martes por un delito continuado de suposición de estado civil en calidad de coautor, en reiteración real con un delito de asociación para delinquir y un delito de tráfico de influencias.

Tras su imputación, Astesiano pidió no ser derivado al mismo lugar en el que se encuentran dos delincuentes que le robaron la moto a su hijo y con quienes el ex custodio se enfrentó en julio de este año. Ambos están en prisión preventiva.

La fiscal Fossati dio lugar a lo solicitado por Astesiano porque, “si bien no es un funcionario público”, es necesario considerar el “lugar estratégico” que tenía al cuidar al presidente de la República.

Su vínculo con el presidente

Lacalle Pou y Astesiano se conocieron en el año 1999, cuando trabajaba para el candidato a vicepresidente Sergio Abreu. Abreu era parte de la fórmula del Partido Nacional lideraba por el padre de Lacalle Pou, Luis Alberto Lacalle Herrera.

Astesiano fue seguridad de los blancos entre 2014 y 2019, custodio del actual presidente durante la campaña electoral y elegido por Lacalle Pou como jefe del Servicio de Seguridad Presidencia durante su mandato. Antes trabajó en Jefatura, en Investigaciones y en la Dirección Nacional de Identificación Civil.

Las responsabilidades de Astesiano como jefe de seguridad eran varias, entre ellas la de asegurar la seguridad interna de la Torre Ejecutiva, de la residencia presidencial, de la Estancia Anchorena y todo lugar en el que estuviera Luis Lacalle Pou. Además, era quien se encargaba de cuidar la seguridad de los jefes de Estado de gobiernos extranjeros que visitaban Uruguay, así como también de sus familias y otras figuras que estuvieran en tierras uruguayas.