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Pedofilia: una enfermedad sin cura que las cárceles recién empiezan a tratar

No se ha encontrado la forma de que un pedófilo deje de serlo pero lanzan plan piloto para que reclusos puedan contener su impulso
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25 de noviembre de 2017 a las 05:00
No existe cura para el trastorno que sufren los asesinos de Valentina Walter (9) y Brissa González (12), cuyos cuerpos fueron encontrados horas después de que desaparecieron en la última semana con indicios de abuso sexual. Tampoco la hay para el hombre que atacó sexualmente y asesinó a Felipe Romero (10) en abril de este año.

Para la pedofilia –porque antes de ser homicidas los agresores son pedófilos– no hay ningún tratamiento de "tipo curativo", dijo a El Observador el doctor Santiago Cedrés, presidente de la Sociedad Uruguaya de Sexología e integrante del comité de acreditación de la Federación Latinoamericana de Sexología y Educación Sexual.

Según explicó, la Sociedad Americana de Psiquiatría llegó en los últimos años al consenso de que algunos tratamientos paralelos pueden contener los impulsos sexuales hacia menores y evitar que el sujeto pase al acto del abuso.

Es decir, que no se haya encontrado la forma de que un pedófilo deje de serlo, no significa que no haya métodos para combatir o al menos minimizar el problema.

Por medio de la psicoterapia cognitiva-conductual el sujeto puede "llevar lo mejor posible" los impulsos sexuales sin que "proceda a llevar a cabo el acto". La terapia "ayuda en el autocontrol del deseo, a modificar actitudes y conductas sociales", señaló.

Cedrés agregó que "porque muchas veces la terapia no alcanza", la comunidad científica recomienda sumarle a este tratamiento el suministro de psicofármacos, como antidepresivos y antiandrógenos, que configuran la denominada "castración química". En este caso, la medicación tiene el efecto de reducir la energía libidinal.

Pero nada de eso se aplica a quienes cometen el delito y son encerrados. Las cárceles del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) no aplican tratamientos a los enjuiciados por delitos sexuales, a pesar de que la Constitución ordena en su artículo 26 que las prisiones deben tener el exclusivo motivo de perseguir la "reeducación" de los procesados y penados.

Plan piloto en la cárcel

El resultado de no contar con mecanismos de rehabilitación para pedófilos puede leerse en la historia del taxista de 35 años acusado de asesinar a Brissa el lunes 20, luego de abusar sexualmente de ella, tal como quedó determinado en las primeras pericias forenses. El hombre contaba con dos antecedentes penales, ambos por atentado violento al pudor: el primero en 2004 y el segundo en 2012.

En la segunda oportunidad, cumplió poco más de cuatro años de condena y quedó libre a principios de 2016. Es el plazo contemplado en el artículo 273 del Código Penal que castiga el atentado violento al pudor con ocho meses de prisión a seis años de penitenciaría.

Pero una vez afuera reincidió, porque "la recaída es la regla", repitió varias veces Cedrés, consultado por este caso. Es un hecho inevitable "si el sujeto no recibió ninguna rehabilitación", aseguró.
Atendiendo a ese vacío, las autoridades del INR comenzaron hace pocas semanas con "un plan piloto", que consiste en la conformación de un equipo de profesionales con la finalidad de tratar más específicamente a los reclusos que ingresan por delitos sexuales.

El comisionado parlamentario para el Sistema Penitenciario, Juan Miguel Petit, dijo a El Observador que se trata de "un proyecto muy embrionario" porque es la primera vez que se hace algo por el estilo en las cárceles uruguayas.

Según contó el director del INR, Gonzalo Larrosa, este programa para "el control de la agresión sexual" comenzó a aplicarse en el módulo 14 de la cárcel de Santiago Vázquez (ex Comcar) donde están recluidas las personas procesadas y sentenciadas por abuso sexual. Del programa, que tiene una duración de nueve meses, participan parejas de psicólogos que se reúnen con cada uno de los detenidos con el objetivo de lograr un cambio de conducta. Larrosa dijo que se analizará este programa con el objetivo de extenderlo a todo el sistema.
De todos modos, señaló Cedrés, está comprobado que el tratamiento más efectivo es aquel en el que el paciente, consciente de su problemática, se somete en forma voluntaria.

Problema mundial

El sexólogo señaló que el éxito "es difícil de conseguir" en cualquier situación, y más en Uruguay, "donde los tratamientos no están estandarizados". El problema se torna preocupante cuando se repara en las estadísticas presentadas en la última edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Sociedad Americana de Psiquiatría –conocido como DSM-5, por su sigla en inglés–: de 3% a 5% de los hombres en el mundo son pedófilos.

Respecto a la necesidad de mejorar la rehabilitación en las cárceles, el experto cree que se impone "enfatizar los niveles de control y seguimiento a través de las terapias de rehabilitación" en todos aquellos procesados por delitos de violación. "La cárcel seguramente les haga mucho daño y salgan peor que cuando entraron. Hace falta un correcto monitoreo de la salud mental y sexológica del individuo, para que no reincida", sostuvo.

Estigma o seguridad

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo este viernes que es necesario crear protocolos de seguimiento para los "psicópatas sexuales".
"Tenemos que buscar prevención que no es solo policial, es educativa y social, para que el problema no se produzca", agregó.

En Estados Unidos, por ejemplo, se aplican dos métodos. Por un lado, existe una lista pública de abusadores sexuales de 35 estados; por otro, se lanza la llamada "alerta Amber", mediante la cual se notifica a todos los celulares de un área sobre la desaparición de un menor de edad.

El psicólogo criminalista Gustavo Álvarez dijo que un registro de abusadores podría ser útil desde el punto de vista de la investigación, pero tiene el defecto de estigmatizar a los victimarios.
Álvarez opinó que este tipo de herramientas podrían aumentar los casos de "justicia por mano propia", y dificultar aún más las posibilidades de reinsertarse en la sociedad una vez cumplido el tiempo de condena.

Álvarez consideró que una herramienta como la "alerta Amber" sería una mejor solución, porque permitiría aumentar los esfuerzos de búsqueda de un menor desaparecido, haciendo más difícil la tarea de los victimarios.

Por su parte, para el jurista y criminalista Germán Aller la creación de una lista de abusadores sería una solución "excesiva", porque se estaría señalando a una persona por un delito futuro sobre el que no hay certeza de que vaya a ocurrir.

"Toda persona por principio es rehabilitable, pero a veces no sabemos el camino más idóneo. Toda persona merece una oportunidad y tenemos que trabajar en forma positiva", dijo.

Victimarios. La ley integral de violencia de género, aprobada en la Cámara de Senadores, crea una Red de Servicios de Atención a Mujeres en situación de Violencia Basada en Género que no solo deberá dar asistencia a mujeres denunciantes, sino disponer medidas de rehabilitación para los agresores.

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