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Pérdida de salario y la incertidumbre por el empleo, lo que se avizora para 2021

Posibles descuelgues salariales por mayoría y más apoyo a las pymes pueden pautar el devenir del mercado de trabajo en medio de la incertidumbre por el fin de la pandemia 

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30 de octubre de 2020 a las 05:04

Hacia mediados de 2021 se vencerán 152 convenios colectivos en el país, tras la finalización del período puente que el Ejecutivo acordó con empresarios y sindicatos. La novena ronda del Consejo de Salarios, prevista para esa fecha, tendrá por delante un escenario difícil no solo por ese hecho, sino también porque el Ministerio de Trabajo proyecta una desocupación del entorno del 10%. Además, es probablemente que haya un contexto en el que será cuesta arriba pagar correctivos salariales considerando la inflación y un aumento del PIB que todavía está por verse. 

Mientras tanto, las cartas están echadas con una pandemia del covid-19 que no termina de irse y sigue afectando la economía nacional, los puestos de trabajo y la dinámica de las relaciones laborales. 

Ese panorama fue manejado en el panel tripartito del XXI Foro Capital Humano, en el que participaron Federico Daverede (director Nacional de Trabajo del MTSS), Diego Yarza (Cámara Nacional de Comercio y Servicios), Milton Castellano (director del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT) y Pablo Durán (experto en derecho laboral colectivo).

Daverede espera que la pandemia siga controlada, porque de eso depende la recuperación económica. “La incertidumbre del ritmo económico influye en las negociaciones (...) No se sabe cuándo los trabajadores podrán recuperar los salarios”, admitió. 

Igual se mostró positivo al señalar la importancia del diálogo social para salir adelante y que se “imagina” una novena ronda de Consejo de Salarios más abierta y amplia, no solo centrada en los ajustes de salario, sino en otros beneficios, es decir, más cercana a las discusiones que se realizaban antes de la pandemia.

En tanto, Yarza señaló que, si la situación no mejora, a partir de junio el tema central para negociar será cómo mantener los puestos de trabajo y no tanto los salarios, y que tal vez podría definirse otro año puente cuando se llegue al vencimiento del actualmente en curso, el cual resulta insuficiente para la recuperación del empleo. 

Por otro lado, Durán se refirió a la LUC (ley de urgente consideración) y su impacto en el funcionamiento del mercado laboral. A juicio, del experto se está dando un cambio a nivel de las relaciones laborales con normas que enmarcan a los preceptos gremiales, como los piquetes, o el decreto 281 /020 que establece que, ocurrida una ocupación por parte de trabajadores de una dependencia pública, empresa o institución privada, el jerarca o empleador podrá solicitar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social su intervención. Anteriormente, esta norma solamente se aplicaba para el sector público. Su modificación era un viejo anhelo de las principales cámaras empresariales del país., 

“Esa medida es reciente y va a dar que hablar (...) Es el mojón de un cambio”, reafirmó Durán. 

Esperanza atemperada

La disminución del salario real y el aumento del desempleo pueden ser un disparador de la conflictividad en el país durante los próximos meses. Las proyecciones también indican un incremento de la informalidad, por lo que se requerirán medidas para contrarrestar ese fenómeno, como ser la facilitación de trámites. 

Durán puso la lupa, precisamente, en que los trabajadores más precarios (como vendedores ambulantes y empleados de bajo rango) son quienes más sufren financieramente en esta pandemia y que el seguro de desempleo flexible o parcial ha sido una medida inteligente, de gran acierto de Uruguay, una “muralla contenedora” de que podría ser un número de despidos mucho más alto.

A la fecha, hay unos 95 mil personas en seguro de paro, de las cuales 25 mil están bajo la figura flexible y 75 mil en el seguro de paro total.  Estos últimos corren riesgo de quedar fuera del mercado de trabajo, sumándose a los que ya están en esa situación.

Lo cierto es que no hay soluciones inmediatas, sino políticas progresivas que implican pensar en el corto plazo, apagar incendios y trajes a medida consensuados para enfrentar esta crisis. 

A esta altura, murió la esperanza de una reactivación económica en la temporada de verano, por el cierre de fronteras. Los panelistas coincidieron en que no se puede hablar todavía de un escenario post-pandemia. Ante la incertidumbre del futuro, el diálogo tripartito será la herramienta más usada. 

La frazada corta

Castellano comentó que nunca había visto en su larga historia gremial que 200 mil personas fueran al seguro de paro en un mes. Uruguay perdió 50 mil puestos de trabajo en cinco años (2015-2019) y con la pandemia, perdió igual cantidad de puestos en solo dos meses.

En ese sentido, los trabajadores han estado negociando y tratando de defender sus puestos de trabajo, pero cuando se note que la frazada quede corta, podría darse un estallido social, alertó Castellanos, posición que no fue compartida por el director Nacional de Trabajo ni por el delegado de la Cámara de Comercio. 

Castellano fundamentó que no se dio un estallido porque el tejido de la seguridad social en Uruguay es importante, pero que más de 70 mil personas no tendrán trabajo a fin de año y no hay que perder la perspectiva de esos números.

“Los estallidos no vienen por el lado del trabajador formal, sino de los miles de trabajadores sin laburo. Del confort de los sillones es improbable pensar en el estallido, pero hay que hacer números, ver cuántos trabajadores quedan sin trabajo”, afirmó.

A su entender, el empresariado debería dar alguna garantía a favor del empleo, no inamovilidad dado que los sindicatos entienden la situación país, pero sí algún tipo de seguridad en ese sentido.

Los descuelgues

Yarza planteó la necesidad de que se examine la reglamentación de procedimientos de descuelgue, porque se han dado muy pocos, por su complejidad. En la medida en que el próximo año puede aumentar la cantidad de solicitudes de este recurso, propuso que sean aprobados por mayoría y no por unanimidad, lo que será estudiado.

“Cuando las papas queman y se puede perder el puesto, hay que tranzar en bajar los salarios”, acotó Castellano, y agregó que en la práctica ese tipo de negociaciones se hacen todos los días, en forma bipartita entre empresas y trabajadores. 

El representante sindical sostuvo que algunas empresas se han aprovechado de la situación de pandemia para “reestructurar” y despedir personas por otras razones, a lo que Durán respondió que “los empresarios no quieren despedir porque no pueden pagar los despidos”.

Con ánimos un caldeados, el evento derivó en la importancia de apoyar más a las pequeñas y medianas empresas, que son 90 mil en el país y generan el 67% del empleo, mediante la reducción de los costos fijos, entre otras medidas.

Otros datos

Entre los puntos comunes manejados por los representantes de los distintos sectores, destacaron: la necesidad de que el Estado continúe con medidas de protección económica hasta que se alcance una "nueva realidad", el apoyo con acciones específicas focalizadas en los sectores con mayores problemas y apuntalar el proyecto de ley de teletrabajo como un "buque insigne". Esta iniciativa ya fue aprobada por Senado y pasó a Diputados para su abordaje. 
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