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Perú: la Justicia investiga a Castillo por “corrupción” y abre las puertas a otro intento de destituirlo
El fiscal general de Perú, Pablo Sánchez, dispuso investigar al presidente Pedro Castillo por un presunto caso de corrupción, lo que podría significar un frente difícil de sortear para que el mandatario se mantenga en el poder.
Sánchez hizo pública su decisión el domingo pasado, cuando anunció que el mandatario iba a ser incluido en una investigación ya en curso contra Juan Silva, ministro de Transportes y Comunicaciones entre julio de 2021 y febrero de 2022, y seis congresistas.
"Hoy en día se ha desatado una persecución política irracional a mi persona, al presidente de la República. No solamente al presidente, sino a diferentes ministerios, ¿y el resto de gestiones? ¿Y los demás presidentes de la República? ¿Y los demás ministros fueron santos?", se defendió el jefe de Estado durante un acto público en el departamento de Loreto, en el norte del país.
Según el fiscal, Silva y los parlamentarios habrían formado parte de una organización delictiva que operaba desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dedicada a otorgar concesiones de obras públicas a empresas privadas a cambio de sobornos. La decisión de incluir al presidente se debe al "análisis técnico jurídico y ante la seriedad y gravedad de las imputaciones" en su contra.
Los delitos que habría cometido Castillo serían los de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada.
Investigado, no acusado
En enero pasado, la entonces fiscal general, Zoraida Ávalos, abrió una investigación preliminar contra el jefe de Estado por el mismo caso; sin embargo, la suspendió en atención a lo que dicta el artículo 117 de la Constitución, que establece que un presidente "solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral".
La fiscal Ávalos dejó el cargo el 30 de marzo pasado y asumió Pablo Sánchez, quien, luego de los diversos avances en las investigaciones sobre la presunta mafia en el MTC, decidió tomar a la letra lo establecido por el artículo 117, es decir que un presidente no puede ser acusado, pero sí puede ser investigado.
Asimismo, Sánchez indicó que la investigación contra Castillo respetará el hecho de que no se lo pueda acusar, pero deja la posibilidad abierta de que sí pueda ser imputado cuando deje la presidencia en julio de 2026.
La decisión de Sánchez se estima que se ha debido a un hecho específico y que revelaría algo inédito para la fiscalía.
Dinero en efectivo
Según una investigación del diario local El Comercio, publicada el 29 de mayo, un "colaborador eficaz" (delator ante la fiscalía) habría afirmado que el exministro Juan Silva pidió al empresario local Zamir Villaverde 30.000 soles (8.100 dólares) para Pedro Castillo.
Villaverde, actualmente encarcelado, es uno de los beneficiados con la concesión de obras públicas en el MTC, y el pago a Castillo habría sido un soborno. Este es un hecho nuevo pues hasta antes la fiscalía tenía indicios de que el presidente habría participado en la organización delictiva, pero no que habría recibido dinero.
Como se apuntó al inicio, esta investigación fiscal contra el mandatario podría dar una consistencia nunca antes vista para que los sectores opositores del Congreso inicien lo que sería un tercer intento de destitución en su contra.
En Perú existe la causal constitucional de "incapacidad moral permanente" para que un jefe de Estado pueda ser sacado del cargo y, siendo lo inmoral algo subjetivo y que ha sido usado anteriormente contra Castillo por presuntos delitos no probados por instancia judicial alguna, esta investigación daría un asidero más sólido para justificar una salida del presidente.
