Juan llegó a Uruguay desde Cuba a principios de octubre con la esperanza de conseguir trabajo con rapidez en el país del que tanto escuchó hablar en la isla. Su idea era, y sigue siendo, trabajar en una empresa de seguridad. Vino sin visa y está en calidad de refugiado, una práctica cada vez más común entre los cubanos. La ley de refugio habilita a que cualquier persona en esa condición pueda obtener su cédula de identidad, que le da derecho a tener un trabajo en regla. Sin embargo, las cédulas demoran en llegar y los cubanos empezaron a perder la paciencia.
Juan (nombre ficticio) y otros 50 inmigrantes de su país se concentraron este jueves en la puerta del Ministerio de Relaciones Exteriores para reclamar que se agilicen los trámites. Con la policía de por medio, los funcionarios de Cancillería y cinco cubanos elegidos como referentes del grupo negociaron una solución a corto plazo: el gobierno comenzó a expedirles una constancia en la que se indica el día que iniciarán el trámite de regularización de su situación para obtener la cédula.
“¡Pasaporte en mano y formen una fila ordenada, que así no podemos trabajar!”, les gritó un funcionario de Cancillería a los cubanos que aguardaban ingresar para obtener su constancia. Mientras tanto, sobre la calle Cuareim algunos de ellos pasaban una hoja donde ponían a mano sus nombres para entregar al ministerio y que les empezara a expedir el papel con el que les explicaron que podrían ir a pedir trabajo y que los empleadores no les pusieran trabas.
Varios de ellos contaron a El Observador que habían aceptado trabajo en negro durante meses por no tener la documentación correspondiente y a otros los habían despedido porque seguían sin la cédula. La legislación vigente habilita a que un extranjero sea inscripto en el Banco de Previsión Social (BPS) con el pasaporte. El derecho al que renuncia mientras no cuenta con el documento de identidad uruguayo es al Fonasa, pero eso no invalida su inscripción en regla. De todos modos, los empleadores temen ser sancionados por no tener empleados con cédula y los terminan echando.
Eso fue, precisamente, lo que hizo Juan. Luego de unas ocho horas de estar parado en la puerta de Cancillería, entró al local, le hicieron un par de preguntas y salió con la constancia en la mano. “Voy a hacer la prueba. Quiero ver si con esto me dan trabajo”, dijo y empezó a caminar hacia una red de cobranza del centro. “Disculpe, quiero saber si necesitan a alguien para trabajar”, le consultó a una de las empleadas, a lo que la mujer respondió: “Dejame tu currículum y una fotocopia de la cédula y si necesitamos te llamamos”.
Juan le mostró el papel que tenía en su mano, con la firma recién estampada de un funcionario de Cancillería. “Yo tengo esto, la cédula todavía no. Soy cubano y estoy regularizando mi situación”, le explicó. La encargada del local le dijo que con ese papel no iban a poder tomarlo, que iba a tener que esperar a que le dieran la cédula. Para eso falta más de un mes y medio y Juan ya cuenta los pesos que le quedan para poder estar un tiempo más sin trabajar.
Como su idea es trabajar en una empresa de seguridad, hizo un segundo intento. Tomó un teléfono y llamó a una compañía de ese rubro para pedir trabajo. “Tenés que mandar tu currículum y cédula por correo electrónico”, le dijo una mujer del otro lado. La constancia tampoco iba a ser aceptada y solo recibirían su postulación cuando tuviera la cédula en la mano.
Muiño remarcó que esa respuesta que le dieron a Juan en las dos empresas que pidió trabajo es equivocada. “El Ministerio de Trabajo ha explicado que no se va a multar, eso está regulado por el ministerio”, afirmó.
“Con el mismo personal con que la Cancillería estaba tramitando menos de 200 solicitudes de refugio por año, el año pasado tuvimos que tramitar alrededor de 2770 y este año estamos por el entorno de 5000, lo que ha colapsado la capacidad”, señaló. Por ese motivo, elaboraron un plan de contingencia que se activará el 1 de noviembre por el que una vez por semana se estarán entregando constancias. Para ese plan destinaron a cinco funcionarios.
Los reclamos de los cubanos por esta situación se repite cada jueves de tarde en la Asociación Idas y Vueltas. María Eugenia Robaina es la encargada del área de orientación laboral de la ONG y una vez por semana asesora a inmigrantes para que puedan insertarse en el mercado laboral. Según dijo a El Observador, casi 90% de quienes van a sus orientaciones son cubanos y 70% de ellos tiene como mínimo secundaria completa.
Robaina no solo les enseña cómo armar un currículum, cuál es la mejor forma de vestirse para una entrevista laboral o los ayuda a prepararse para esa instancia, sino que también les da algunos consejos prácticos. El primero e indispensable: insiste todos los jueves que son ellos los que tienen que comunicarles a las empresas cuando van a pedir trabajo que es legal ser inscriptos en BPS con el pasaporte. A ese se le sumó otro hace algunos meses: en cada orientación les sugiere que se inscriban en el organismo previo a salir a buscar trabajo.
“Lo que necesitamos es que ellos accedan a una entrevista de trabajo. Después que la empresa decida y contrate al que piense que es mejor, pero lo que queremos es que tengan la oportunidad de acceder a una entrevista”, dijo al ser consultada por El Observador.
Robaina explicó que existe una especie de círculo vicioso por parte de quienes solicitan refugio. El mayor problema es que para poder renunciar al refugio necesitan acceder al mercado laboral y así empezar a tramitar la visa. Sin posibilidad de acceder a un trabajo no pueden tener una constancia de que están trabajando que les permita pedir la visa y, por ende, no pueden renunciar al refugio. En ese círculo están Juan y los demás cubanos que este jueves reclamaron no tanto por un trámite más rápido, sino por tener la posibilidad de trabajar.
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