Pese a un acuerdo con el gobierno nacional sigue la violencia en el departamento de Santa Cruz

Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz y líder opositor de extrema derecha y uno de los organizadores del paro, aceptó que el censo se realice en marzo de 2024 y llamó a los legisladores de los partidos Creemos y Comunidad Ciudadana a aceptar este acuerdo.

Sin embargo, la huelga, desatada por el desacuerdo censal, persiste y el clima de violencia e inseguridad se sigue intensificando.

El día antes del acuerdo, cuando se cumplía un mes del paro indefinido, el presidente del Comité Cívico Provincial de Santa Cruz, Ernesto Serrate, llamó a la radicalización de las protestas y cortes de ruta en todas las provincias de Santa Cruz. hasta que se apruebe la ley del censo y se garantice la redistribución de recursos y la reorganización de las circunscripciones para las elecciones de 2025.

Tras la llamada de Serrate, miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), un grupo paramilitar con sede en Santa Cruz, intensificaron los ataques contra los vecinos y trabajadores que exigían el levantamiento de la huelga y el respeto a su derecho al trabajo.

Los vecinos de la capital del departamento, Santa Cruz de la Sierra, salieron a las calles a intentar desbloquear la avenida la Radial 19 Cuarto Anillo y las avenidas Roca y Coronado. Inicialmente, lograron despejar el bloqueo, sin embargo, poco después, los partidarios de la huelga volvieron en gran número para enfrentarse a sus oponentes.

Los enfrentamientos entre los dos bandos duraron alrededor de una hora. Los partidarios de la huelga finalmente consiguieron mantener el bloqueo y reforzarlo, imposibilitando incluso el paso de una bicicleta. También quemaron varias llantas para evitar que regresaran.

Las fotos compartidas en las redes sociales mostraron que los grupos se enfrentaron con palos, incluso se vio a algunos portando machetes. Oficialmente aún no se ha precisado el número de heridos y la gravedad de las lesiones. Según informes extraoficiales, al menos cinco personas sufrieron heridas graves, quienes fueron trasladadas de inmediato a hospitales.

El mismo día del acuerdo con el gobierno, los integrantes de la UJC atacaron con palos y piedras a los comerciantes y vecinos de Villa Primero de Mayo para obligarlos a cerrar sus comercios y puestos.

El analista político, constitucionalista y experto en seguridad y defensa, Pedro Ugarte, en entrevista con la agencia de noticias estatal ABI, dijo que “los grupos radicales, como la UJC, que responden a sectores privilegiados, no saben cómo parar a la gente que quiere trabajar, por eso recurren a la violencia para mantener su capricho de huelga, que ya es insostenible”.

Paralelamente, también se registraban agresiones contra trabajadores de la salud. El secretario del sindicato de Trabajadores de la Salud del Hospital San Juan de Dios, Ulises Guzmán, denunció que grupos opositores de extrema derecha han estado atacando a los trabajadores de la salud y obstaculizando el paso de ambulancias por el departamento. La policía de Santa Cruz ha registrado hasta el momento más de 20 casos de agresiones físicas contra trabajadores de la salud y ambulancias, muchos de los cuales han resultado en la imposibilidad de que los pacientes lleguen a un centro médico.

El paro cívico ha estado marcado por actos de violencia, vandalismo, racismo y discriminación contra quienes se oponen. Algunos de los incidentes más graves incluyen el incendio de la Confederación de Trabajadores Campesinos (CSUTCB), el saqueo de la Central Sindical Departamental y el cerco a numerosas instituciones públicas y edificios gubernamentales, incluidas las comisarías.

Hasta ahora, la huelga ha causado graves pérdidas económicas, cuatro muertos, decenas de violaciones de derechos humanos y decenas de agresiones físicas y heridos.

El pretexto para la medida de fuerza impulsada por sectores de derecha y alentada por el gobierno departamental opositor ha sido la exigencia de adelantar el censo nacional, pero el gobierno nacional dice que eso no es más que una excusa para justificar movilizaciones violentas destinadas a dar un golpe de Estado contra el gobierno socialista del presidente Luis Arce.

La Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional se encuentra en proceso de debate de tres proyectos de ley sobre el censo, presentados por el partido oficialista MAS y los partidos opositores Creemos y Comunidad Ciudadana (CC).

El proyecto de ley presentado por el MAS aboga por que se ratifique como ley censal el decreto supremo 4824, que fija el censo para el 23 de marzo de 2024 y la redistribución de recursos y reasignación de bancas legislativas para septiembre de 2024. En tanto, los proyectos de ley presentados por la oposición insisten en que el censo se realice en diciembre de 2023.

Sin embargo, en la tarde del 23 de noviembre, el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, les dijo a medios locales que la fecha de realización del censo no sería “determinante” en el levantamiento del paro y que el paro indefinido ya había obtenido “logros impresionantes”.

“El tema de la fecha sería el resto, pero no sería el determinante, porque ya se consolidó el determinante, que son los recursos, las circunscripciones, la reorganización del padrón electoral, la reorganización de las circunscripciones, que es un logro impresionante”, dijo Camacho.

Y agregó que ahora el pueblo “está esperando una ley que les dé la certeza del parlamento de que se va a respetar la fecha en que se determina el censo”.

Esa misma noche, en rueda de prensa, junto a otros organizadores del paro, reconoció que no es posible realizar el censo en 2023 y anunció su decisión de aceptar la fecha sugerida para el censo en 2024. También llamó a los legisladores opositores votar a favor del proyecto de ley del censo de 2024.