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Petro firmó la extradición a Estados Unidos del hermano de la senadora oficialista Piedad Córdoba
El gobierno de Colombia autorizó la extradición a los Estados Unidos de un hermano de la senadora oficialista Piedad Córdoba, requerido por la justicia de ese país por una causa de narcotráfico.
El reclamo fue hecho por la Corte del distrito sur de Nueva York, que busca juzgar a Álvaro Córdoba por aparecer mencionado en una investigación sobre envíos de cocaína a Estados Unidos con ayuda de grupos de las disidencias de las FARC.
Se trata de los grupos armados que quedaron afuera del acuerdo de paz de 2016 por el que esa organización dejó las armas y se convirtió en un partido político legal.
El presidente Gustavo Petro firmó el miércoles la documentación que da vía libre a la extradición, el último paso que faltaba desde que a mediados del mes pasado la Corte Suprema de Justicia avalara el traslado del acusado.
A favor de Córdoba, la Corte estableció para permitir su extradición que el hermano de la senadora no podrá ser juzgado por posesión de una ametralladora, como también habían pedido los tribunales de Nueva York.
En febrero último, Álvaro Córdoba fue formalmente acusado por la justicia de Estados Unidos por los delitos de tráfico de narcóticos y por posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.
Según medios bogotanos, entre ellos los diarios El Tiempo y El Espectador, la investigación indicó que Córdoba sería miembro de una organización criminal cuyos movimientos se investigan desde julio de 2021 y que tendría actividad en Venezuela, Colombia, México y Estados Unidos.
La documentación de la corte neoyorkina detalla que un agente especial de la DEA reveló el rol de alguien identificado como “CS-1”, que buscaba lugar para “trabajar en Colombia a gran escala”. El agente habría participado en una videoconferencia grabada con Córdoba y otras dos personas.
En esa charla, Córdoba ofreció a alguien que podría “ayudar a proporcionar seguridad y conexiones con fuentes de suministro”, y tiempo después nombró como intermediarios a integrantes de las disidencias de las FARC en la ciudad de Popayán.
El Ejecutivo colombiano debe notificar de su decisión a la defensa de Álvaro Córdoba, que tiene diez días para presentar una apelación contra la resolución.
“En firme la decisión, se procede a solicitar, en este caso a Estados Unidos a través de la Cancillería, las garantías de que la persona solicitada en extradición no será sometida a penas que no estén contempladas en las leyes de Colombia, como la cadena perpetua, y que se le respetarán derechos humanos”, explicó la cartera de Justicia.
Cuando se conoció la acusación, en febrero, la senadora Piedad Córdoba reclamó que se termine “la persecución política” contra ella y su familia y desafió a que le muestren las pruebas de lo que consideró “un nuevo montaje judicial”.
La firma de Petro puede suponer una distancia todavía mayor con la legisladora –integrante del gobernante Pacto Histórico-, que debió abandonar la campaña proselitista para las elecciones de junio porque enfrentó entonces varias acusaciones en su contra.
