La puesta en marcha de una guía de control para el transporte de carga cobró más notoriedad de la prevista. Los propietarios transmitieron sus primeros reparos al gobierno, pero lo que parecía un reclamo más -de los habituales que surgen cuando se disponen modificaciones para el funcionamiento de un sector de actividad- comenzó a levantar voltaje. En ese escenario aparecieron posturas discordantes entre empresas agremiadas y dueños autoconvocados, mientras algunos perciben que el conflicto tiene otro trasfondo en el que se mezclan intereses de distinto tipo.
22 de junio de 2026 5:00 hs
Transporte de carga
La guía de carga existe desde 2001. En principio fue en formato papel hasta que en 2013 se creó la versión electrónica. Ahora, el Ministerio de Transporte (MTOP) intenta avanzar en una nueva con el objetivo de simplificar procesos y fortalecer la trazabilidad de la carga que circula en el país.
La guía es obligatoria para todo el transporte de carga por carretera realizado por vehículos de más de 3.500 kilogramos de peso bruto máximo autorizado. A su vez, debe incluir los datos de los intervinientes en el viaje (dueño de la carga y transportista), descripción de la mercadería, el peso, y las rutas que va a recorrer el camión. Y esas exigencias fueron las que empezaron a crispar los ánimos. Semanas atrás, camioneros autoconvocados realizaron movilizaciones en varios puntos del país y comenzaron a cobrar relevancia.
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El miércoles pasado, tres delegaciones compuestas por más de 40 propietarios que componen ese grupo concurrieron a la Comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado. Y la posición mayoritaria fue: no a la guía de carga. Pero en esa negativa también se mezclaron otros reclamos.
El paraguas del “no a la guía” del transporte de carga
Mauricio Repetto, uno de los camioneros autoconvocados, comentó en la comisión que estaba en la actividad desde hace 24 años. “Primero como empleado y posteriormente logré crear una empresa, pero sinceramente me estoy fundiendo porque son muy altos los costos de los impuestos”, dijo, según consta en la versión taquigráfica.
Comentó que el mes anterior su empresa había pagado $ 83.000 a la Dirección General Impositiva (DGI) y más de $ 50.000 al Banco de Previsión Social (BPS). “Ustedes pueden decir: pagó eso, pero facturó. Sí, facturé, pero tengo mis gastos también”, dijo. Repetto informó que trabaja en una empresa por aplicación y que un viaje promedio a Río Branco cuesta $ 34.000.
Añadió que a esa cifra se le debe descontar el 60% por concepto de combustible a lo que se debe sumar los peajes y los costos laborales. “Me queda un margen de unos $ 10.000. Si en ese viaje reviento una cubierta, repararla me sale US$ 270”, dijo.
Otro de los participantes fue Fernando del Prestito, que se presentó como camionero de Lavalleja y apuntó a otro tema aparte al de la guía. “Desde hace muchos años el transporte viene en decadencia con los costos que tiene y las incidencias del gasoil”, expuso.
Previamente a la convocatoria a la comisión, los propietarios hicieron circular algunas de sus reivindicaciones a senadores. Sobre ese punto, el legislador oficialista Aníbal Pereyra confesó estar “mareado” con toda la información disponible y por eso marcó la necesidad de ordenarla. Allí mencionó otro documento donde la principal demanda era sobre la libre flotación del tipo de cambio.
A su turno, la senadora Bettiana Díaz (MPP) consultó si todos los autoconvocados eran propietarios de camiones. “La lista que tenemos dice transportistas de autoconvocados. Lo que quiero saber concretamente es cuántos de aquí tienen empresas de transporte porque, en realidad, algunos de los documentos firmados se plantea que son empresas de agro”, indicó.
Más tarde, cuando compareció otra delegación, Díaz preguntó lo mismo. “Recién recibimos a 13 y más o menos la mitad tenían empresas de transporte y varios de los presentes se dedicaba a otra cosa”, apuntó.
Las diferencias internas
En varios pasajes de la comisión los participantes se desmarcaron de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga (ITPC).
“A mí la ITPC no me representa para nada, como a ninguno de Lavalleja porque lo que hizo fue hacer lo suyo. Se juntaron tres o cuatro, salieron y dijeron lo que iban a hacer”, expuso Del Prestito.
En diálogo con El Observador, el presidente de ITPC, Ignacio Asumendi, dijo que la gremial no apoyó las movilizaciones de los camioneros autoconvocados. En cambio, decidió establecer un canal de diálogo con el gobierno a través de una comisión técnica que analiza la viabilidad de la guía de carga.
La intergremial tenía prevista una asamblea para fin de mes, pero se decidió aplazarla algunos días. Desde su visión la situación se “entreveró demasiado” y en ese contexto la organización tiene la intención de “clarificar el panorama”. Para eso mantiene contactos permanentes con el Ministerio de Transporte. Además, para Asumendi el tema no es nuevo, ya que la guía está vigente desde 2001. “Ha patinado en todos los gobiernos. En todos los períodos se discuten cosas y no se llega a nada”, dijo.
Más allá de apostar al intercambio con el gobierno, Asumendi expresó que si no surgen propuestas claras sobre la guía, los ánimos pueden crisparse en la próxima asamblea de propietarios.
El costo de la guía
El decreto de 2013 que creó la guía electrónica planteó que tendría un costo de hasta 12 Unidades Indexadas (UI), que equivalen a $ 80 en la actualidad. Más allá de estar previsto, la opción de cobrar por guía nunca se aplicó. Sin embargo, los transportistas advirtieron sobre esa posibilidad. La respuesta la brindó la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry: la guía no tendrá costo.
La jerarca concurrió a la Comisión de Transporte y Obras Públicas el jueves pasado, un día después de los camioneros autoconvocados. En su exposición planteó que “el objetivo es saber qué carga circula, en qué cantidad y por cuáles rutas. Esta información es muy importante para un país cuya identidad está asociada a la trazabilidad y calidad”, dijo ante los legisladores. Añadió que la herramienta todavía está en una fase de desarrollo y que se definirá con los transportistas una implementación gradual y progresiva.