El PIT-CNT rechazó el pedido de imputación del fiscal Carlos Negro contra nueve trabajadores de la empresa Friopan que ocuparon la fábrica en mayo de 2019. La central sindical calificó el hecho como un "nuevo intento de judicializar la negociación colectiva" y de "amedrentar a los trabajadores en el ejercicio del derecho de huelga", según un comunicado difundido este miércoles.
Como informó El Observador este lunes, Negro solicitó audiencia al Poder Judicial porque, luego de reexaminar la indagatoria que había hecho en su momento la fiscal Silvia Pérez –tal como lo pidió la defensa de la empresa–, entendió que había elementos como para iniciar una investigación penal contra esos trabajadores por daño agravado. En el artículo 359 del Código Penal se define que una de las agravantes de este delito es que se cometa "con violencia o amenazas o por empresarios con motivo de paros o por obreros con motivo de huelga", y en ese caso puede castigarse con hasta seis meses de prisión.
Sin embargo, y pese que para Negro hay pruebas de que los empleados dañaron la operativa y la materia prima durante los cuatro días en que duró la huelga, para la central de trabajadores el pedido del fiscal desconoce "la libertad sindical, puesto que los hechos que desencadenaron la situación fueron los incumplimientos gravísimos por parte de la empresa".
La central sindical criticó que la indagatoria vuelva a retomarse dos años después, y luego del archivo dispuesto por la fiscal Pérez. "El caso se reabre y en menos de un mes se produce la formalización sin que se presenten nuevos elementos de prueba", advirtieron.
En suma, todo el caso es para el PIT-CNT una "campaña de desprestigio contra la organización sindical, que pretende criminalizar la ocupación, estigmatizar a los trabajadores organizados y desconocer derechos fundamentales de las personas".
"Queda demostrada la buena fe de los trabajadores al permitir el ingreso de profesionales de la empresa para verificar las condiciones de las instalaciones previo a la medida", sostuvo el PIT-CNT.
La medida había sido tomada a partir del 28 de mayo de 2019 por parte de 38 operarios, con apoyo de la Mesa Coordinadora del Pan, mientras que otras 77 personas que no estaban sindicalizadas no pudieron trabajar durante esos días, porque se les impidió el ingreso a las instalaciones.
Días después, Adolfo Fernández, uno de los propietarios de la empresa, había dicho en diálogo con El Observador que, a su entender, el motivo de la medida había sido “el rumor de una posible reestructura” tras la incorporación de nueva maquinaria. Y afirmó que más allá de las pérdidas económicas el daño era "incalculable”, y que entonces se perdieron clientes, ventas, materia prima en proceso, y que se había perdido un día para volver a poner en condiciones la maquinaria que hubo que desarmar para limpiar.
El PIT-CNT, no obstante, subrayó que "no se constataron daños a la maquinaria y que la parte trabajadora manifestó la voluntad del sindicato de encargarse de la limpieza y de reparar posibles de insumos, lo cual fue rechazado por la empresa". También aseguraron que la ocupación había sido "el resultado de un intento por parte de la empresa de desconocer el convenio colectivo, dejando a varias familias sin trabajo de forma arbitraria y sin negociación previa".
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