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6 de febrero 2020 - 5:02hs

“¿Hablaste bien de mí, no?”, bromeó el mandatario electo, Luis Lacalle Pou, al presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, una vez que el sindicalista terminó este miércoles una rueda de prensa. Y en frente a las cámaras, el nacionalista y el frenteamplista se dieron un abrazo. Atrás de Pereira apareció el comunista Jorge Bermúdez. “Bueno, de vos es más difícil esperar que hables bien de mí”, le dijo Lacalle Pou al líder de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) y las risas continuaron.

Por segunda vez en menos de dos meses, la cúpula del movimiento sindical se reunió este miércoles con el futuro ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y quién será su subsecretario, Mario Arizti, en la sede de Todos, el sector nacionalista del próximo presidente. El encuentro, que estaba agendado desde diciembre puso sobre la mesa, además de cuestiones sobre negociación colectiva, el trabajo del futuro y los Consejos de Salarios, un pedido concreto de parte de la central sindical: que se modifique la redacción del artículo 349 del proyecto de la ley de urgente consideración.

Luego de dos horas de diálogo con las principales autoridades en materia laboral del nuevo gobierno, Pereira insistió ante los micrófonos que la ley de urgente consideración es una “fabriquita de conflictos” y que “hay que irlos desatando”. A partir de este jueves, el PIT-CNT formará siete comisiones de trabajo para analizar en profundidad la polémica normativa.

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"Comprendemos, aunque no nos guste y consideremos que es innecesario, que se prohíban las ocupaciones de los puestos de trabajo. Pero como está redactada la ley, afecta a todo el derecho de huelga", dijo Pereira en la conferencia de prensa. "Si abarca todo el derecho a huelga no hay duda que es violatorio de los derechos básicos de los trabajadores", agregó.

Camilo dos Santos

El anteproyecto del gobierno entrante establece: "Toda medida de huelga deberá ejercerse de forma pacífica, sin perturbar el orden público y asegurando la libertad de trabajo de los no huelguistas y el derecho de la dirección a ingresar en los locales de la empresa. El Poder Ejecutivo podrá imponer restricciones a dichas medidas cuando éstas no reúnan las condiciones establecidas precedentemente".

El comienzo de ese artículo es lo que genera críticas de parte del movimiento sindical. Según entienden, que el foco esté sobre "toda medida de huelga" y no específicamente en las ocupaciones es "inconstitucional" además de extralimitar, señalan los sindicalistas, las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y sobrepasar lo prometido en la campaña electoral por la coalición. La huelga está consagrada como un derecho gremial en el artículo 57 de la Constitución de la República.

Camilo dos Santos

En este sentido, Mieres dijo en rueda de prensa que se le expresó a los representantes del PIT-CNT "con claridad" que no era "la voluntad" del gobierno electo restringir el derecho a huelga. "Si encontramos una redacción que sea más adecuada, en ese sentido estamos abiertos (a hacer cambios en la ley). El objetivo es que quede meridianamente claro que el alcance de ese artículo es estrictamente la prohibición de las ocupaciones", explicó.

Pereira espera que la norma sea modificada porque cree que no alcanza con que solamente se manifieste "la voluntad" del gobierno si no hay un cambio en la redacción. "Los jueces no analizan intencionalidades, analizan textos y este texto claramente violenta el derecho de huelga", remató el líder del movimiento sindical este miércoles.

La opinión de laboralistas

Según explicó a El Observador el abogado laboralista, Matías Pérez del Castillo, el artículo 349 sobre el ejercicio del derecho de huelga, “es prácticamente un calco de lo que recomienda la Organización Internacional del Trabajo”. El experto dijo que el Comité de Libertad Sindical de la OIT siempre ha reconocido que el ejercicio de derecho de huelga tiene sus limitantes, y que las medidas tienen que ser pacíficas y respetarse la libertad de trabajo de los no huelguistas.

Para el especialista, lo que plantea el artículo del proyecto presentado por el futuro gobierno en esencia restringe las medidas de piquete y ocupaciones tal como se dan en Uruguay.

Por otro lado, argumentó que lo que se plantea es que sea el Poder Ejecutivo el que ponga restricciones en las medidas de huelga, dando lugar a que puedan actuar el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o la Policía sin que haya actuación judicial.

Por su parte, el experto en derecho laboral y seguridad social de CPA Ferrere, Alberto Baroffio, consideró que la ley "toma en cuenta lo que han venido diciendo los jueces civiles en las acciones de amparo hasta el día de hoy".

"La ley deroga tácitamente el decreto que habilitaba una ocupación, ahorrando la discusión de si se puede o no se puede“, apuntó el especialista.

Lo que establece es que cuando se hace huelga no se puede ocupar porque no se permite trabajar a los que no hacen huelga, o circular libremente, comentó Baroffio. Además insistió en que va en la línea de lo que se ha sentenciado en las acciones de amparo, que han dado la razón a los empresarios y han sentenciado que cesen las ocupaciones.   

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