Entidades sindicales y empresariales comenzaron en 2022 a devolver el equivalente actual a poco más de US$ 400 mil al Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), informó El País y confirmó el director del instituto, Pablo Darscht a El Observador.
Entre 2017 y 2019, Inefop les había entregado esa suma "para la formación e investigación en materia de negociación colectiva", pero en "más del 90% de las rendiciones" de las diferentes instituciones se constataron apartamientos del marco legal. Y ese dinero se gastó en cenas de madrugada y compras en supermercados, según había informado el semanario Búsqueda en su momento.
Esto se conoció en 2020 a partir de un análisis de la Auditoría Interna de la Nación (AIN) que encontró nueve debilidades (seis de estas "críticas") en la entrega de los fondos durante los años 2017, 2018 y 2019 "a las instituciones más representativas de trabajadores y empleadores", de acuerdo al literal Ñ de la ley que creó el Inefop. Entre las organizaciones se encuentra el PIT-CNT (a través del Instituto Cuesta Duarte) y las cámaras de Industrias y de Comercio.
Para resolver la situación se adoptó "un plan de acción". Entre otras medidas, "se había resuelto que las organizaciones tenían que presentar una promesa de pago" para el plazo entre 2023-2025, contó Darscht. El director aseguró que es "un asunto laudado". Las entidades que debían comenzar a devolver fondos en 2022 lo hicieron.
En esta última semana la AIN emitió un informe de seguimiento sobre "el plan de acción" de Inefop.
Este documento recuerda que con los fondos aportados por el instituto entre 2017 y 2019 se habían pagado "cenas en local nocturno en la madrugada", "compras en supermercados", "honorarios profesionales de abogados por litigios ajenos al instituto", "servicios de vehículos", "catering y almuerzos", "honorarios a clínica odontológica y a médicos", "suscripciones a medios de prensa", "gastos a nombre de otra institución", entre otros fines no previstos en la reglamentación.
Como respuesta se dispuso que "las organizaciones reintegren los fondos observados de los ejercicios 2017 a 2019, por un total de $ 12.643.728, a cuenta de futuros desembolsos que le fueren aprobados en el marco de la aplicación del decreto 52/21, con cargo al presupuesto de los años 2023 a 2025", indica el documento de enero de este año.
La devolución de lo aportado fue una de las medidas que se tomó frente a las debilidades encontradas en 2020. El documento al que accedió El Observador indica que las medidas implementadas resolvieron los nueve hallazgos.
"Sin perjuicio de ello, se recomienda al Organismo seguir monitoreando en forma continua los procedimientos, fortaleciendo lo mecanismos rol a fin de asegura de contra y dar mayor transparencia en el uso de los fondos con destino al literal Ñ", añade.
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