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Placeres renunció a Diputados: "No incurrí en ninguna falta, pero eso lo probaré en la Justicia"
Con trabajadores de Envidrio y senadores y dirigentes del MPP en las gradas, la Cámara de Representantes votó la renuncia del diputado frenteamplista Daniel Placeres que decidió dejar su banca luego de que el fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, pidiera su procesamiento por el delito de conjunción del interés privado y público por su actuación parlamentaria en temas relacionados con la empresa Envidrio.
"Estoy convencido de que actué correctamente, que no incurrí en ninguna falta, pero eso lo comprobaré en la Justicia. Pero eso lo haré sin ningún privilegio, ni cargos", afirmó el legislador, quien agregó que no pedirá cobrar el subsidio que se le otorga a los parlamentarios.
Placeres aseguró que discrepa con el dictamen del fiscal de Crimen Organizado. "Para Pacheco merezco una tipificación de delito por votar una minuta, ni siquiera una milanesa napolitana", ironizó.
Cuando fue electo diputado por el MPP, Placeres renunció al cargo de directivo de la empresa autogestionada Envidrio, pero continuó dirigiéndola y como representante parlamentario actuó en beneficio de la firma. Según el fiscal Pacheco, no lo hizo “por razones históricas o sentimentales, como se alega, sino en un rol directriz y de gestión en varias áreas de la empresa ya sea operativas, de producción o de los recursos humanos”.
El fiscal pidió el procesamiento de Placeres por haber presuntamente favorecido desde su banca de la Cámara de Diputados a Envidrio. El integrante del MPP propuso y aconsejó como integrante de la Comisión de Legislación del Trabajo la aprobación de una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo, que fue aprobada y votada el 18 de octubre de 2017, en la que se pedía realizar esfuerzos para buscar todos los instrumentos y mecanismos para lograr financiación de la planta industrial Envidrio, “y dar de esta forma célebre inicio a la producción de la misma”, escribió Pacheco en su argumentación.
El legislador también votó afirmativamente el proyecto de ley posteriormente sancionado y promulgado como ley 19.611 el 26 de abril de 2018, que facultó al Ministerio de Trabajo a extender por un plazo de 90 días el subsidio por desempleo de los trabajadores.
Respecto a las denuncias presentadas por el Partido Nacional respecto a presuntas irregularidades en los negocios que hizo la empresa con estatales venezolanas, el fiscal Pacheco no encontró delito, ya que afirmó que las normas uruguayas para las contrataciones no pueden ser aplicadas a aquellas de Venezuela.
"Nos queda la tranquilidad de que el dictamen de Pacheco es contundente, al echar por tierra las patrañas que han repetido los heraldos de esa mentira. De acuerdo a ese dictamen sobre que no ha existido ninguna conducta personalmente reprochable, ni apartamiento de la administrativa con Venezuela, ni en ninguno de los otorgamientos del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop). Por supuesto, nadie va a pedir disculpas, al ver las desmentidas en el ámbito de Justicia. Debo decir que tampoco lo esperaba", expresó Placeres.
