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Policía investiga si productor sojero exportó más droga
La Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas investiga la posibilidad de que Luis Gastón Murialdo Garrone, imputado con prisión el 28 de diciembre por tenencia y exportación de estupefacientes, haya logrado traficar cocaína antes de que le incautaran la semana pasada casi seis toneladas de esa droga, según informaron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador.
De acuerdo a la teoría de la fiscalía, Murialdo –propietario de Camelia Sociedad Agraria, la firma que intentó la exportación de harina de soja tras la cual se intentó camuflar la droga– es responsable de los 4.418 kilos de cocaína distribuidos en los dos contenedores inspeccionados en el puerto, y de los más de 1.400 kilos encontrados por la brigada antidroga en su predio rural –ubicado en Dolores, Soriano– el viernes 27, al otro día de incautar el cargamento del puerto.
Por este caso también fue imputado el hijo de Murialdo, un joven de 19 años que se entregó junto con su padre, y otros dos hombres que trabajaba en el establecimiento rural –que se encargaron de llevar la droga– y que fueron imputados por el delito de tenencia de estupefacientes.
Las fuentes de la investigación aseguraron que continúan investigando a la empresa de Murialdo que había levantado sospechas en las autoridades de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). Camelia Sociedad Agraria fue abierta aproximadamente seis meses antes de las incautaciones con el objetivo de realizar principalmente exportaciones de Soja a Togo, un país africano ubicado al norte del Golfo de Guinea que es destino poco usual para productores uruguayos.
De acuerdo a los datos aduaneros a los que accedió El Observador, Murialdo había hecho tres exportaciones en diciembre –los días 11, 12 y 20–, y la sociedad es la única que exportó esa mercadería a Togo en 2019. Llevó a ese país un total de 239 mil kilos de “residuos sólidos de la extracción de aceite de soja harina y pellets”, como consta en la documentación.
Desde antes que hiciera esos envíos, las autoridades de Aduanas comenzaron a hacer “una paciente investigación”, aseguró Borgiani el viernes 28 en rueda de prensa. “Nuestros servicios de inteligencia nos habían informado acerca de una empresa nueva que estaba chequeando con varios despachantes cómo iban a ser los nuevos controles de exportación de Aduanas”, dijo el jerarca, en referencia al nuevo sistema de seguridad que comenzó a regir en noviembre, luego de la renuncia del anterior jerarca, Enrique Canon, por no haber detectado 4.500 kilos de cocaína confiscada en Hamburgo (Alemania), en junio del año pasado.
En algunas de las exportaciones de Murialdo –ya con el nuevo dispositivo de control–, la mercadería había sido evaluada como de riesgo; o sea, exportada bajo el denominado canal rojo. Eso quiere decir que en esos casos los contenedores debieron pasar por el escáner del puerto.
“Le realizamos un seguimiento. Nos consta que nos tantearon, porque el primer envío lo controlamos y no tuvo efecto positivo; al segundo envío también le realizamos controles y no tuvimos resultados: fueron escaneados seis contenedores en esa oportunidad”, agregó Borgiani.
No obstante, los investigadores consideran necesario revisar el archivo del escáner para corroborar si el imputado exportó droga antes. “Puede haber ocurrido que las imágenes del escáner no hayan sido del todo claras y ahora, con el antecedente de la incautación, conviene que hagamos otra revisada”, aseguraron los informantes.
Origen, recorrido y mala comunicación con Bolivia
Como lo afirmó al programa Así nos va de Carve el director de la Brigada Antidrogas, Carlos Noria, la policía tiene la firme hipótesis de que el cargamento incautado fue traído por el Río Paraná, y que fue descargado en el litoral.
Pese a que todavía faltan las pericias científicas, también creen que la droga fue producida en Bolivia. Lo saben debido a los logos que estaban marcados en las bolsas de Murialdo, y que hacen referencia tanto a campos de cultivo como a laboratorios en donde se procesa. Esos logos fueron visto por los policías del caso en otras operaciones tras las cuales finalmente se terminó corroborando el origen boliviano.
Según supo El Observador, la policía uruguaya ha tenido contactos con la boliviana, pero ha sido reacia a aportar la información que se requiere en Uruguay para resolver la investigación.
