Policías pueden cobrar hasta 20% extra de su sueldo si bajan delitos

Seremos el primer gobierno que terminará su mandato con menos rapiñas que cuando inició su gestión. En nuestro caso, además, las habremos bajado en un 30%". Así de seguro culminó su presentación el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, el miércoles 28 de junio en la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), en el que remarcó que hay un "cambio de ADN de la Policía". Parte de esa promesa asumida frente a cientos de empresarios –repetida durante la campaña electoral por el presidente Tabaré Vázquez-, está firmada en un contrato.

En el año 2011, el Ministerio del Interior se convirtió en la primera secretaría de Estado de Uruguay en unirse a los denominados "compromisos de gestión", a partir de los cuales los funcionarios reciben una compensación económica por alcanzar determinadas metas. Los objetivos que permiten a la Policía tener un dinero extra están plasmados en un documento que se actualiza año a año. Para 2017, hay 16 metas que se deben llevar adelante en Montevideo y el área metropolitana y en donde la baja de los delitos es protagonista.

Precisamente, la "Meta 1", como se le llama en el documento al que accedió El Observador, apunta a la "elaboración de un plan táctico para la reducción del delito" y precisa en qué porcentaje deben bajar hurtos, rapiñas, lesiones y homicidios para el 31 de diciembre de este año, tomando como base las cifras de 2016.

Cada meta está separada según las cuatro jefaturas operacionales de Montevideo y las tres que hay en Canelones. Los responsables de supervisar que se cumplan los objetivos son los jefes de las zonas, de las áreas de investigaciones y comisarios comunitarios, quienes tienen como supervisores a los jefes de Policía de Montevideo y Canelones.

La compensación se divide en dos franjas, según quién vaya a cobrar: una para comisarios, subjefes de áreas y segundos jefes de las zonas operacionales y la otra franja para los jefes de las zonas operacionales y de áreas. En el primer caso, por cumplir los objetivos cobran anualmente hasta $ 156 mil nominales, lo que equivale a unos $ 13 mil mensuales. Para quienes integran la segunda franja, se les paga un extra anual de hasta $ 168 mil nominales (equivalente a $ 14 mil mensuales), informaron a El Observador fuentes del Ministerior del Interior. Esas cifras son las que corresponden a 2017, según el ajuste por Índice de Precios del Consumo (IPC), y se calculan en base a aproximadamente el 20% del total del salario de cada funcionario.

En cuanto a homicidios y lesiones, para que los funcionarios cobren la compensación salarial, en su zona debe haber una baja de 5% con respecto a las cifras de 2016. En ese año, en Montevideo hubo 146 asesinatos, lo que representó un descenso de 15,6% en comparación con 2015.

Para hurtos y rapiñas, la exigencia es un poco mayor. Si en el período 2015-2016, en alguna zona no se logró bajar esos delitos, la meta es bajar 5% en 2017. Si lograron reducir 5% o menos, deben llegar a bajar 7%, y 10% si hubo una reducción mayor a 5% .

A lo largo de 2016, en el área metropolitana los peores indicadores fueron los hurtos, que aumentaron en todas las jefaturas operacionales, excepto en dos de Canelones.

Cada zona debe presentar un plan táctico y de informes de cumplimiento.

Si bien las metas las marca el Ministerio del Interior, quien supervisa que se cumplan es la Comisión de Compromisos de Gestión.

Desde 2011 los compromisos de gestión fueron asumidos por 25 organismos, de los cuales solamente cuatro son ministerios (Relaciones Exteriores, Salud Pública, Interior y Turismo). Cada año, los organismos firman un contrato en el que se detallan las metas asumidas y hasta cuándo están vigentes.

Otra meta pautada es el patrullaje en puntos críticos para "fortalecer la prevención criminal en zonas urbanas con mayores frecuencias delictivas".

El objetivo para este año es que en los barrios de Montevideo donde no se aplica el PADO, el patrullaje mejore 30%, en Canelones 35% y en aquellos lugares donde sí funciona el programa que haya una mejora de 85%. Esas metas se miden de forma cuatrimestral y el cobro de la compensación aumenta según el porcentaje alcanzado.

Si en Montevideo se logra llegar a lo estipulado (30%), los funcionarios cobran 100% de la compensación, la mitad si el aumento en el patrullaje se ubica entre 20% y 30%, y, si es menor a 20%, no cobran ninguna partida extra.

En la aplicación del PADO, si el aumento de la eficacia es menor a 70% no ven un peso de premio.

La forma de controlar que esos objetivos se logren es a través de indicadores de "trazas GPS abocados al patrullaje dentro de los perímetros establecidos por la Unidad de Análisis Criminal", según indica el documento.

Las "trazas GPS" son señales que emiten equipos de comunicación en intervalos de a dos minutos si los patrulleros están quietos o en distancias de 200 metros si se mueven. "Los móviles tienen asignadas áreas de patrullaje en las cuales deben permanecer" operando salvo que reciban un llamado por el 911.

La mejora en la respuesta a esos llamados también es un logro a alcanzar, al igual que el hecho de que todas las denuncias por violencia doméstica que se hacen en las seccionales le lleguen a la Justicia.

Objetivo: "Mejorar plazos de respuesta a llamados"

Objetivo: "Monitorear la evolución criminal y el desempeño de las unidades"

Objetivo: "Dar seguimiento a los casos con medidas cautelares"

Objetivo: "Mejorar las condiciones de control y manejo":

Metas: Llegar a 425 vehículos inspeccionados mensualmente.

Compensación: Si se supera esa cifra se cobra el 100%, la mitad si los controles se ubican entre 350 y 425 y no cobra cuando son menores a 350.

Objetivo:"Promover el uso de herramientas técnicas"

Objetivo: "Promover el servicio de Policía Orientada a la Resolución de Problemas(POP)"

Meta: Cada zona debe tener 60% de POP. Si es de menos de 30%, no cobran.