En la mañana de este jueves 10, Ricardo Medina y Antranig Ohannessian, presos en Domingo Arena, no concurrieron a la audiencia donde declararían por su involucramiento en el Plan Cóndor, porque el Ministerio de Interior no tenía vehículos para transportarlos desde el centro carcelario. Esta es la segunda ocasión en que sucede lo mismo con Medina y Ohannessian. Así lo informó en su Twitter Pablo Chargoñia, coordinador del equipo jurídico del Observatorio Luz Ibarburu, que se encarga de seguir las denuncias penales por violaciones a los derechos humanos; y lo confirmó la fiscal del caso, Mariela Suárez, a El Observador.
"Ministro Heber: hoy, dos represores presos en Domingo Arena, no declararon ante la justicia en causa del plan cóndor, porque la policía dice que no tiene vehículos para trasladarlos. Es la segunda vez que ocurre. Ministro, en vez de presionar a los jueces...colabore con ellos", escribió Chargoñia.
Ministro Heber: hoy, dos represores presos en Domingo Arena, no declararon ante la justicia en causa del plan cóndor, porque la policía dice que no tiene vehículos para trasladarlos. Es la segunda vez que ocurre. Ministro, en vez de presionar a los jueces...colabore con ellos
— Pablo Chargoñia (@PabloChargonia) March 10, 2022
En la mañana, tanto Chargoñia, como Suárez, de la fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, llegaron a la audiencia y se encontraron con la sorpresa de que Ricardo Medina y Antranig Ohannessian no habían concurrido, porque el Ministerio del Interior no había dispuesto vehículos para transportarlos. La fiscal Suárez le dijo a El Observador que van a solicitar al ministerio una explicación; y se lamentó de que ahora tendrán que cambiar la fecha, en una agenda de por sí muy ajetreada. Chargoñia y Suárez señalaron que ni Medina ni Ohannessian enfrentan dificultades físicas que condicionen su transporte.
"Ya se había frustrado la audiencia anterior del 22 de febrero, por las mismas razones que alegaba el Ministerio del Interior: falta de móvil o de vehículo para trasladarlos de Domingo Arena al juzgado", afirmó Chargoñia y confirmó Suárez.
El vocero del Ministerio del Interior, Juan Romero, dijo a El Observador que, en este caso "no había vehículos disponibles" para trasladar a ambos. "Se hacen decenas de traslados por día, es un tema de coordinación. Pero ya está, se estaba encaminando para recoordinarlo", aseguró.
"Es un tema de coordinación y de hacer rendir más a los vehículos", añadió. Esa tarea corresponde al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).
Romero reconoció que "no hay suficientes móviles para cumplir con los traslados diarios a fiscalías o juzgados. Algunas veces quedan colgados algunos, no es algo excepcional. Pasa con bastante más frecuencia de lo deseado (...) No hay nada de fondo especifico con estas personas", reafirmó.
Pese a que la reprogramación de la audiencia de Medina y Ohannessian ocurrió dos veces –en febrero pasado y ahora– no se los trasladó, "no por un tema puntual de no haber querido trasladar a alguien", insistió el vocero. Y agregó que ocurre "a nivel general" y "en todo el país".
La cartera de seguridad incorporará 400 nuevos vehículos –camionetas y autos– durante todo el 2022. Además, el INR, la Fiscalía y la Justicia están trabajando para aumentar las audiencias por videoconferencia "para ayudar" a saldar el "inconveniente", concluyó.
La denuncia original es de 1984, pero se reactivó en 2017. Medina y Ohannessian "formaban parte del Servicio de Información y Defensa", explicó Chargoñia. Y "están identificados por los sobrevivientes como parte de esos operativos de coordinación con el régimen argentino para la operación en Buenos Aires".
Según indica la página web de Sitios de Memoria Uruguay, Ricardo Medina fue condenado por 30 años en 2017 por homicidio muy especialmente agravado de María Claudia García Irureta Goyena de Gelman. Antranig Ohannessian, en cambio, fue procesado con prisión por el asesinato por torturas de Hugo Arteche (el pasado 7 de marzo) y de Gerardo Alter (en junio de 2021), ambos en el Batallón Florida; así como por su participación en torturas y abusos sexuales sobre personas secuestradas, en marzo de 2021.
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