Portland decreta el estado de emergencia para bajar los efectos del fentanilo

Ese opiáceo llevó, en Portland, a buscar mejores estrategias de disminución de daños. Las autoridades del Estado de Oregón decretaron esta semana la emergencia por 90 días para desengancharse de ese opiáceo que provocó una crisis de salud en todo el país.

El fentanilo es también una droga de uso medicinal y sirve para tratar pacientes con cáncer cuando el umbral de dolor es dolor y ya no sirven los tratamientos con analgésico menos potentes.

Pero el que circula en las calles y se consume como droga es fabricado en laboratorios ilegales y es la sustancia tóxica que más se difundió en Estados Unidos en los últimos años con efectos mortales.

Una persona muere cada cinco minutos por sobredosis en Estados Unidos, la mayoría por el consumo de drogas sintéticas ilícitas. Cerca de 300 personas mueren al día y más de 110.000 al año, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Dos tercios, alrededor de 70.000 de esos fallecimientos están relacionados con los opioides sintéticos, como el fentanilo ilegal.

Para tomar dimensión del crecimiento del fentanilo en Portland, en el condado de Multnomah, donde se ubica la ciudad, el incremento de las sobredosis mortales es de 533% en los últimos cuatro años. “Nunca hemos visto una droga así de adictiva y estamos lidiando con nuestra respuesta”, admitió la gobernadora de Oregon, Tina Kotek.

La decisión de declarar el estado de emergencia resulta un intento más en una ciudad que explora nuevos caminos en la política de dependencia de las drogas sin los resultados esperados.

La emergencia permite a las autoridades estatales, del condado y también las municipales la posibilidad de establecer una “zona cero” en el centro de Portland, donde la emergencia provoca también una crisis económica ya que decenas de negocios decidieron abandonar el núcleo de la ciudad más poblada de Oregón.

Esta decisión de emergencia unificó la conducción sanitaria y de seguridad para dar una respuesta capaz de borrar las trabas burocráticas entre las distintas esferas de gobierno.

Los adictos al fentanilo podrán encontrar en un mismo edificio toda la atención que necesitan. Sin importar si esta es la necesidad de una cama en un centro de rehabilitación, una cita con un médico o para obtener programas sociales o apoyo para comer.

“Vale la pena invertir, luchar por y mostrar un camino claro a la rehabilitación para todos aquellos que están luchando contra la adicción al fentanilo”, aseguró la gobernadora Kotek en una rueda de prensa, según los medios locales.

Los detalles de la medida se darán a conocer en las próximas semanas, pero de momento solo enfoca el gasto de los tres niveles en la atención de cientos de personas. La medida ha sido recibida con escepticismo. “Deberíamos guardar el aplauso hasta que veamos qué es lo que sucede realmente”, dijo Sharon Meieran, funcionaria del condado de Multnomah, al diario local The Oregonian.

La funcionaria pidió adoptar la emergencia el año pasado para hacer frente a la epidemia que ha dejado 210 muertes entre 2018 y 2022, el último año disponible en las estadísticas, y que conllevó un incremento en varios delitos. “Se han tomado demasiado tiempo en decidir que tenemos una crisis en las manos que ciertamente no va a terminarse en 90 días”, añadió.

El fondo del debate que se tiene ahora en Oregón es qué debe hacer el Estado con la Iniciativa 110, que despenalizaba la propiedad de pequeñas cantidades de drogas duras, entre ellas el fentanilo, la heroína y las metanfetaminas.

La medida fue aprobada en 2020 por el 56% de los votantes de la entidad, uno de los más liberales en el combate a la prohibición de las drogas. La iniciativa fue la primera de su tipo en el país y pretendía cambiar décadas de un enfoque punitivo de la política de drogas, que provocó la sobrepoblación carcelaria y se ensañó con los afrodescendientes y los latinos, que son los sectores más pobres.

Normas similares a las de Oregon fueron aprobadas y puestas en marcha en varias ciudades del Oeste estadounidense, como Seattle, Los Ángeles y San Francisco. Las autoridades de estas ciudades limitaron o dieron marcha atrás a este tipo de propuestas.

Los demócratas, quienes gobiernan Oregón desde 1987, revelaron recientemente una propuesta legislativa que modificaría el espíritu de la medida. De aprobarse, el Congreso local convertiría nuevamente en un delito no grave la posesión de pequeñas cantidades. La nueva norma también permitiría a las autoridades confiscar sustancias y evitar el uso en la vía pública.

También haría más fácil para los fiscales la persecución de los traficantes y forzar a los pacientes a internarse en una clínica de rehabilitación, una muestra de fuerza que también está a debate en San Francisco. El 63% de los habitantes de Oregón apoyan la nueva ley.

Oregón se encuentra por debajo de la media nacional en sobredosis mortales de drogas ilícitas. Tiene 30 muertes por cada 100.000 habitantes, mientras que la capital, Washington D.C., está a la cabeza de la lista con 94,2 y es seguida por Tennessee (55,4), Delaware (55,1) y Maine (51,6). La media nacional está en 35.