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Posgrado en corrupción

A pesar de que el kirchnerismo ha sido famoso por su actos de corrupción, no se ha hecho nada más que perfeccionar lo que otros hacían

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14 de agosto de 2018 a las 05:00

Llueven las invitaciones a almorzar a este columnista de orientales ávidos por entender a fondo las metodologías de última generación utilizadas en sus tres mandatos por el kirchnerperonismo argentino. Gran oportunidad para ofrecer un programa de maestría en corrupción, donde los cuadernos tienen un valor simbólico educativo, además de ser un diario íntimo del saqueo institucional.

Advertencia previa: lo que se ha empezado a ventilar en la justicia y los medios es sólo el accionar en las contrataciones de obra pública del Estado. No hay cuadernos ni bitácoras aún de los "aportes para la política" de las áreas energéticas, como los sobreprecios en las importaciones de gas y la deliberada política delirante aplicada al sector, que dejó al país sin ese fluido esencial, según los expertos para obligar a importar de los países con prestigio coimero. Tampoco hay agendas ni guías de los negociados con el petróleo, donde a los tradicionales corruptos locales, se agregaron durante el gobierno de Cristina Kirchner corruptos internacionales, con contratos secretos que siguen siendo secretos, otra burla al principio republicano que Mauricio Macri no se ocupó de reparar, seguramente por falta de tiempo. El despojo al Estado entre el gobierno y Repsol, por ejemplo, se ha diluido tanto localmente y en Wall Street, pese a ser más rampante que la saga de cuaderna vía de hoy. Del mismo modo, falta la contabilidad precisa de las ventas forzadas de las empresas de energía privatizadas por el menemperonismo y kirchnerizadas vía testaferros por los avaros santacruceños.

Tampoco se incluye en el escándalo presente el alevoso asalto al sistema de transporte, que culminó con la inmolación de 52 pasajeros en el accidente de la estación Once de Buenos Aires, donde también se contó con la complicidad de los concesionarios privados vía un sistema de subsidios a las empresas, mecanismo doloso que jamás debería aplicarse.

También queda en evidencia que estos sistemas no se han desarticulado, desmantelado ni denunciado durante el gobierno de Cambiemos. Y los montos de lo que no está anotado en ninguna cuadernola son mucho más importantes que lo que se ventila ahora.

El curso de la materia Obra Pública 001, como diría la currícula del posgrado, comienza por explicar que hay dos delitos diferentes en este rubro. Uno es la cartelización, que es totalmente privado. Se trata de una acción monopólica por la que un grupo de empresas se pone de acuerdo para cotizar a precios más altos una obra, y van rotando el ganador en cada licitación. El otro es el cohecho, por el que esas empresas pagan un retorno a algún funcionario para que las favorezca en alguna etapa de la licitación. Ambos mecanismos de negocios –dicho en el peor sentido del término– se aplicaron efusiva y crecientemente en Argentina desde 1946 en adelante.

Ese mecanismo incluye –además de la convalidación del precio, la calidad y los plazos de finalización o no finalización y ajustes siderales– incumplimientos deliberados del Estado para generar juicios en su propia contra, que luego son sistemáticamente perdidos porque los abogados oficiales dejan caer los plazos, un tercer delito impune históricamente. Las empresas de las que fue CEO el actual presidente Macri consiguieron importantes ventajas con ese mecanismo de juicios en la década de 1980, con sus firmas de recolección de basura. Para citar sólo un caso. Hoy existe un juicio de una empresa de Franco Macri contra el Estado por el Correo Argentino, que tarde o temprano el país perderá. Y muchos otros de otras contratistas.

Cuando el menemismo decidió permitir el llamado a licitaciones internacionales para la obra pública, se tomó la precaución de establecer la obligación para esas empresas de concurrir a los ofrecimientos en una unión transitoria con compañías nacionales. Una garantía de que la corrupción se perpetuaría. Tal el caso Odebrecht, en que una empresa extranjera canalizó sus coimas por medio de una empresa nacional, en este caso Iecsa, la "ex-ex empresa de la familia Macri". El kirnchnerismo no inventó nada. Sólo copó el negocio. Lo reglamentó, pidió una parte mayor sistemáticamente, agregó sus propios testaferros, o sea, realizó una integración vertical de la corrupción, sus propias empresas ganaban las licitaciones, pagaban las coimas que ingresaban al matripatrimonio y tenían resto aún para inventar operaciones que justificasen la parte blanca que mostraba la pareja real en las declaraciones juradas obligatorias.

La imposibilidad creciente de usar cuentas secretas o paraísos fiscales para ocultar esos ingresos, creó la necesidad de que todas las coimas se manejaran en dinero que llamaban físico, dólares, euros, o pesos. (Los euros ofrecen la ventaja de los billetes de 500, lo que reduce la demanda de bolsos). Ese hecho torna grosera y alevosa la exhibición de videos mostrando a modernos Shylocks inclinados sobre pilas de billetes o escondiendo parvas de "físico" en mausoleos, aviones, estatuas de jardín y vaya a saber. En los años 90 estos contratistas constructores extendieron el modelo a la tecnología. Varios de los nombres ahora procesados o arrepentidos, se largaron a la aventura de usar la técnica que dominaban en otros sectores. Los resultados fueron catastróficos para la entonces Municipalidad de Buenos Aires, dirigida por Carlos Grosso, un protegido y becado desde la primera juventud por Franco Macri, quien curiosamente consiguió ganar algunas de las licitaciones de prestación de servicios informáticos, que terminaron catastróficamente. Roggio, Cartellone, Pescarmona, Techint y otros expertos en mercados controlados se beneficiaron con esos negocios tecnológicos. El Estado no. Pagó fortunas para salir de esos contratos ineficaces. La picaresca colectiva y la prensa, bautizaron a ese modelo como "La patria contratista", que es la que está hoy encuadernada y procesada. Consiguieron la ciudadanía adoptiva las empresas españolas –socios ideales– y grandes empresas internacionales, como Siemens o IBM, protagonistas de la mayor rapiña al Estado de la historia (conocida). Sirva esta referencia para probar que el estatismo es sinónimo indiscutible de corrupción, capaz de tentar y torcer todas las conductas, cualquiera fuera su nacionalidad, con cualquier clase de controles. Como los procesos judiciales tomarán cinco a más años, se abre otro dilema. Qué hacer con todo el sistema de contrataciones del Estado, qué hacer con las obras en curso y con las futuras licitaciones. Qué hacer con la patria financiera. El lirismo popular reclama todo tipo de castigos y contundencias. Empero, cuando se analiza a fondo, no existe una solución lineal en el tema. Hasta se corre el riesgo de sufrir contrajuicios que a estar por los antecedentes, se han perdido siempre. Pero estos aspectos se verán en otra materia del posgrado, que la columna se compromete a continuar.

Se suele decir que bajar el gasto es imposible, por consideraciones sociales y de solidaridad. Aún aceptando el voluntarismo y lo erróneo de tal concepto, estos rubros son también una oportunidad de ahorro. La columna sostiene desde siempre que todos los contratos del Estado, de todo tipo, deben ser revisados por grupos ad hoc de profesionales respetados, trabajando ad honorem. Se podría ahorrar con esa tarea no menos de un punto del déficit. Más que todo lo que ha bajado Cambiemos hasta ahora, si se bajó. Como es sabido, en Uruguay estos conceptos resultan extraños y anecdóticos. Porque aquí no ocurren estas cosas. ¿O será que la proverbial sobriedad oriental hace que no sea práctica tan común la utilización de choferes? Por ahora habrá que agradecer que no existan semejantes niveles de corrupción. O que no aparezcan cuadernos, al menos. No se pierda las próximas materias del posgrado.

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