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El Colegio de Abogados inauguró su nueva sede este 9 de mayo, el día del abogado

Nacional > ENTREVISTA A LAURA CAPALBO

Presidenta del Colegio de Abogados: "Todo el derecho fue pensado desde la perspectiva del hombre"

María Laura Capalbo entiende que el debido proceso debe de ser más rápido para que tanto la víctima como el victimario no padezcan "juicios por los medios"

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10 de mayo de 2022 a las 05:02

El 9 de mayo celebró su día con una agenda tupida que la tuvo yendo de un lado a otro de la ciudad. Cuando se le consulta si eso se debe a los preparativos de la apertura de la nueva sede del Colegio de Abogados (CAU) y el motivo del Día del Abogado, aclara que no: que para ella todos los días son más o menos iguales.

María Laura Capalbo reparte sus horas entre el CAU, institución que preside, la Universidad de la República, donde da clase de Derecho Internacional Privado y el Estudio Bragard & Asociados, en el que es socia. 

Desde antes de asumir señaló que, si era electa, su gestión impulsaría un Colegio de Abogados más moderno y continuaría con la gestión del expresidente Diego Pescadere. Este lunes inauguró la nueva sede que espera sea la casa de abogados que comienzan en la profesión y un lugar en el que los más experimentados se puedan perfeccionar. 

A continuación, un resumen de la entrevista que mantuvo con El Observador

Muchos abogados defensores se han pronunciado públicamente en contra del nuevo Código del Proceso Penal, de 2017. ¿Cuál es la posición actual del Colegio de Abogados?

Lo que importa hoy por hoy es que lo que tengamos hecho funcione. Cuando digo que funcione es que los tiempos de esos expedientes penales no se vean involucrados en perjuicio de la víctima o el victimario. La mirada creo que tiene que ser que se ponga en práctica este código para que funcione bien. Nosotros tenemos reuniones con Fiscalía, que tiene que hacer un cambio, ya sea en cantidad de fiscales, en organización de trabajo, para que esto funcione. Ahí hay muchos derechos involucrados. 

¿Qué es puntualmente lo que no se pone en práctica del Código?

Hay varios temas. Uno de ellos, sobre el que hay muchas denuncias, es que el trabajo del fiscal no es rápido. Hay muchas denuncias que hace bastante tiempo están presentadas y no tienen movimiento. No es menor. Desde el punto de vista del abogado, el acceso a la carpeta fiscal también tiene sus particularidades. El abogado debe acceder a toda la prueba y muchas veces los abogados no tienen acceso en el tiempo en el que se tiene que tener, de forma que se permita su estudio. Eso muchas veces perjudica la defensa. Se ven vulnerados también los derechos de las víctimas. Solo hace falta ver la Operación Océano, en donde se pone un manto de duda sobre si todos tuvieron acceso a la prueba de la misma forma. 

¿La dificultad de acceso a las carpetas fiscales es por dolo del fiscal que tenga el caso o por impericia?

Nosotros discutimos si es a título de dolo. Creo que si hubiera una intención real de no dejarlos acceder a la carpeta fiscal estaríamos ante un grave problema en nuestro sistema democrático. Tiendo a pensar que es por errores de funcionamiento. Lo que no lo hace menos importante, porque estos errores vulneran derechos humanos y está bien que se hagan públicos. Por eso no creo que haya que cargarlos de una intencionalidad que no se tiene. 

La Fiscalía, con este Código que tenemos hoy, lo que está sufriendo son dolores de crecimiento. No se puede esperar que todo funcione a la perfección, es algo nuevo. Lo que hay que hacer es hablar, hablar para que estas cosas no pasen más. 

¿Qué les ha comunicado el fiscal de Corte cuando se reunieron?

El motor que él dejó en claro es tratar de solucionar. No hacer caza de brujas de problemas, sino de solucionar. El colectivo del CAU es a lo que nos tenemos que dedicar. 

¿Él les pidió algo?

Lo que sí queda claro es que hay que tener lealtad en el proceder. Tener el foco en la solución del problema, no buscar sacar tajada gremialmente de un problema para denunciarlo, pero sin importar la solución. No quiere decir de que digamos todo que sí, pero siempre buscando mejores soluciones.

La relación entre los abogados penalistas y la prensa ha estado en boga a raíz de casos polémicos como la denuncia de violación en el Cordón o la Operación Océano.

Los temas penales son un reflejo de lo que pasa en la sociedad y es de orden que la prensa lo informe. Pero con el auge de las redes sociales y los medios, lo que tenemos que fijarnos nosotros es el daño que podemos llegar a causar a los realmente involucrados en esto: la víctima y el victimario. La víctima está muy olvidada en el derecho. 

¿Por qué creó el Colegio de Abogados una comisión de género?

Los temas de género son muy importantes para el Colegio. Sobre todo para tratar los estereotipos que están en las normas y en las sentencias porque todo el derecho fue pensado desde la perspectiva del hombre. La ley de las ocho horas, el descanso intermedio. Sin tener en cuenta el rol de la mujer como cuidadora. Las leyes tienen que ser miradas con perspectiva de género. Esto no significa ser acusatorio contra el varón, sino tener la perspectiva de la mujer en cada una de las leyes y en cada una de las sentencias que se dicten, buscando la justicia en el caso concreto. 

Algunos de sus colegas han dicho que la ley de género 19.580 inclina la balanza para el otro lado.

Nosotros como CAU siempre tenemos que estar en el camino del medio. Si las cosas se desbalanzan y con eso se afectan los derechos humanos de los hombres, lo diremos también. Lo que el movimiento feminista intenta poner arriba de la mesa es tener en cuenta la perspectiva de género para tomar ciertas decisiones. Seguramente si decimos 'abogado' pensemos en un hombre de traje. Eso que tenemos en nuestra cabeza es lo que tenemos que fijarnos que no permee en las leyes y en las sentencias. Nada más que eso. No es atacar los derechos de los hombres. 

¿Cómo manejan la tensión entre la presunción de inocencia y la mirada feminista actual sobre los casos?

Nosotros estamos en contra de toda conducta que pretenda torcer la balanza a un juez, que lo pueda afectar en su imparcialidad. A pesar de que sabemos que no deberían hacerlo. 

¿Pero pasa?

Entendemos que no debe permear y si permea está mal. Debe ser sancionado si es así. Toda persona tiene derecho a tener un debido proceso y hoy el debido proceso demora. Esa demora en el tiempo juega en contra tanto de la víctima como del victimario, porque no hay una resolución del tema y todos opinamos. Pensamos que tenemos el derecho de opinar no solo desde el punto de vista legal sino de la moral y ahí es donde se mezcla todo. 

¿Eso perjudica al proceso judicial?

Puede hacerlo, pero más que eso puede perjudicar al victimario —todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario— y a la víctima. Revictimizar a una víctima poniendo en tela de juicio si fue violada o no fue violada, si dio el consentimiento o no dio el consentimiento es una vulneración en extremo de su derecho de identidad. Esas cosas tienen que estar al cubierto de la opinión pública, porque si no volvemos víctima de este proceso –que no es judicial, es de noticia– tanto a la persona que capaz es inocente como a la víctima. 

¿Hay un juicio adelantado por los medios de comunicación?

Es así. Se genera un juicio adelantado por parte de la sociedad y en algunos casos termina en justicia por mano propia. Lo cual es gravísimo en un estado de derecho. Como abogados no lo podemos permitir. Tiene que haber educación, pero también hay que acelerar los tiempos judiciales, lo que tampoco significa sacar sentencias rápidamente por sacar. Todo se merece su debida investigación. Debemos volvernos una sociedad cauta en ese tema. 

Tras un año complejo por la tensa relación con el expresidente de la Corte, Tabaré Sosa, ¿cómo es la relación con John Pérez?

Él ha manifestado la importancia de los abogados, porque somos quienes medimos la sensación térmica de cómo funciona el sistema. Frente a esa postura encontramos en la Corte un lugar donde se pueden hacer planteos y somos escuchados. De ahí a que las soluciones nos gusten o no es otro tema. 

¿Cómo ven a la Corte en su rol de gestor del Poder Judicial?

La Suprema Corte de Justicia es un poder del Estado, razón por la que no solo dicta sentencias sino que tiene que ser un gestionador. Hay que dedicarle tiempo y estar preparado para eso. Por eso vamos a presentar al Parlamento un proyecto para cambiar la forma en la que se designa a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Porque es todo un tema que, por no haber acuerdos políticos, se designe al ministro del Tribunal de Apelaciones más antiguo. No es una crítica a quienes han llegado de esa forma y son magistrados excelentes, pero se les tiene que preguntar qué plan de gestión tienen. Lo que nosotros queremos es que los futuros miembros de la Corte comparezcan al Parlamento y lo comuniquen. 

Usted es diplomada en Arbitraje Comercial Internacional y profesora adjunta de Derecho Internacional Privado en la Universidad de la República. ¿Qué impacto tiene un juicio internacional como el que Katoen Natie amenazó al Estado con hacerle?

Como presidenta del Colegio de Abogados no me puedo referir al caso concreto, pero en general puedo decir que los juicios contra el Estado no son bien vistos por los inversores porque se presume que el Estado no cumplió con sus compromisos. En Uruguay tenemos pocos juicios, lo que habla muy bien de nosotros.

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