El presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), Alfredo Antía, considera que la ronda de negociación salarial de mitad de año debería ir hacia la firma de acuerdos cortos, y más adelante en el tiempo ver “qué se puede hacer en materia de recuperación”. Por otro lado, el empresario sostiene que el gobierno debe cumplir con la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y cambiar la ley de Negociación Colectiva. Dice que el mecanismo de fijación de salarios hoy vigente perjudica a las pequeñas empresas por los costos que deben enfrentar, y oficia como “barrera de entrada” al mercado para nuevos emprendimientos y creación de nuevos empleos. El titular de la CIU también cree que el gobierno debería proponer el seguro de paro en el sector público, como acto de “empatía” con el resto de los trabajadores. Lo que sigue es un resumen de la entrevista que Antía concedió a El Observador.
¿Cómo define la situación actual de la industria?
Venimos de un período largo de estancamiento. La industria desde el año 2014 empezó a contraerse. Tuvo un pequeño pico en 2017 y luego tuvo caídas que no fueron sustanciales, pero sí constantes. Ese escenario nos encontró en marzo de 2020 con la pandemia. Ahí registramos un segundo trimestre muy vertiginoso en la caída, y después con una recuperación en V bastante interesante que se registró casi a partir de junio, julio, agosto, para consagrarse en noviembre con una recuperación de la producción prepandemia. En diciembre tuvimos una pequeña caída porque la epidemia rebrota en Uruguay, los casos se entran a multiplicar y se cierra las fronteras. La industria perdió esa demanda adicional que implica el turismo. Hay que ver que es mucha la gente que viene a Uruguay, que come, que utiliza servicios y claramente la industria eso lo sufrió. Después entramos en enero y febrero de este año también con repercusión negativa por el efecto del turismo y el mercado interno. La gente está más preocupada por el dinero que tiene en el bolsillo, hay mucha gente en el desempleo y en el seguro de paro. También es cierto que las exportaciones tironearon hacia arriba, esencialmente por la recuperación de China que está tironeando fuertemente. Por ahí hay una buena noticia en cuanto al concierto internacional.
¿Cuáles cree que son los problemas más urgentes a resolver?
El problema emergente a resolver es la pandemia. Estamos en una situación bastante tensa desde el punto de vista de la multiplicación de los casos. La clave es entenderlo como un problema sanitario y productivo, sanitario y de empleo. Ahora estamos viendo una cantidad creciente de uruguayos que son diagnosticados con covid positivo, que en su entorno generan cuarentenas de personas que deben quedarse en sus domicilios. Por lo tanto se va a afectar mucho el trabajo y el empleo de esas personas en forma temporal, pero también la producción. La esperanza es que el proceso de vacunación se haga lo más rápido posible, que la mayoría de los compatriotas entiendan que es imprescindible para su salud personal, para la de sus entornos y para el trabajo de la gente. Hay que hacer un llamado a la solidaridad, que también comprende a las organizaciones gremiales como la nuestra, como la de los trabajadores y todas las organizaciones del país que tengan algún tipo de influencia sobre la opinión de los compatriotas. Hay que entender que tenemos la suerte de haber accedido a un volumen de vacunas suficiente para poder generar esa protección de rebaño que es imprescindible para volver a recuperar la normalidad en el país.
Diego Battiste Alfredo Antía Hay asuntos en la agenda como la mejora de la competitividad y de la inserción internacional. ¿Qué visión tiene sobre esos temas?
El país tiene que mirarse al espejo de la realidad. La industria ha venido contrayéndose todo este tiempo por pérdida de competitividad. Estamos en una condición donde los salarios han crecido por encima de la productividad. El índice medio de salarios y el índice de personal ocupado suben consistentemente a partir de la crisis de 2002, pero llega un momento que se entran a separar. Los salarios suben, y el empleo que primero se estanca allá por 2008 empieza a descender en 2013. Sin embargo los salarios siguieron subiendo. Es como una garganta de un cocodrilo que se va tragando, que va destruyendo empleo y que va dejando personas en la calle. Ese período 2013-2019 implicó la pérdida de 20 mil puestos para la industria nacional. Ahora en el tobogán de caída de la pandemia perdimos 20 mil puestos más, pero recuperamos 12 mil en esa curva en V que no fue tan pronunciada en recuperación de empleo, pero que al menos se recuperó el 60%. Tenemos expectativas que en la medida que podamos salir de la pandemia y que la actividad económica se normalice se pueda recuperar la mayor cantidad de empleos posible. Pero tenemos otros deberes para hacer.
"El país tiene que mirarse al espejo de la realidad. La industria ha venido contrayéndose todo este tiempo por pérdida de competitividad".
¿Cómo cuáles?
El país tiene que sacarse un poco el ancla que implica ese concepto de costo país. La carga fiscal importante que hay sobre las empresas y sobre las familias; que determina que el presupuesto es insuficiente. El endeudamiento no hace más que comprometer a las nuevas generaciones, traer capitales que deprimen el tipo de cambio. Y en esa depresión del tipo de cambio, que es la foto que hemos vivido a lo largo de todos estos años, se ha erosionado la capacidad competitiva de las empresas. También se han favorecido los importadores, el dinero que traen los turistas rinde menos, y asimismo el dinero que gastan los uruguayos en el exterior durante este tiempo pasado ha rendido más. Una suerte de combo que entendemos afecta los resultados. También hay que ver que tenemos casi el 20% de la fuerza laboral del país dependiendo del Estado, son casi 300 mil personas. Ninguno de ellos está en la lista de seguro de paro ni desempleo. Nosotros planteamos la idea de que Uruguay podría incluir dentro de sus propuestas el seguro de paro para el sector público. Para que de algún modo sea un acto de empatía con el resto de los trabajadores, y genere una conciencia a los administradores de turno de que no deben contratar más personal que el que realmente se necesita. Y que cuando hay personal excedentario se debe proceder a la redistribución en las distintas dependencias estatales. Se han dado algunos pasos, como con las licencias médicas tratando de equiparar la realidad que vive el sector privado. Uruguay tiene que tratar de buscar una integralidad, que permita a la comunidad entera ver que esa solidaridad y esa empatía existe, y que las normas tienden a una justicia que genere de parte de los ciudadanos el efecto de sentirse comprendidos por las disposiciones que las autoridades imponen.
“Casi el 20% de la fuerza laboral depende del Estado. Uruguay podría incluir el seguro de paro en el sector público como acto de empatía con el resto de los trabajadores”
El costo de la energía eléctrica y los combustibles es también un tema recurrente. El gobierno está impulsando una reforma del mercado de los combustibles que permitirá converger a Precio Paridad de Importación en 2023 ¿Cómo ve esa iniciativa?
En su momento teníamos la expectativa de la liberalización de los combustibles en cuanto a la importación. Eso no fue así y se optó por el camino del precio paridad de importación. Entendemos que es un paso adelante, pero es un paso que quizás va a estar dando los resultados en un tiempo. Va a seguir afectando la competitividad de las empresas. En el sector industrial los costos más importantes están vinculados a la energía eléctrica, al gas, al fueloil y también al gasoil que integra toda la cadena logística. Reconocemos el esfuerzo hecho para este producto, hace tres o cuatro años que no acompaña la variación de precios de la economía, pero lo importante es estar por lo menos competitivos con nuestros mercados referentes y regionales. Es una de las cosas que Uruguay tiene que ver.
¿Qué espera de las nuevas pautas que dará el gobierno para la negociación salarial de mitad de año?
Creo que es importante darse condiciones laborales armónicas. El año pasado Uruguay vivió al inicio de la pandemia una suerte de pacto social: gobierno, cámaras empresariales y PIT-CNT entendieron que debían recorrer el camino del puente. Ese puente era un reconocimiento de la realidad. Ahora uno se pregunta cómo estamos para enfrentar la próxima ronda. Y ahí tenemos un signo de interrogación, porque el estado de situación es que tenemos 200 mil personas desocupadas y casi 80 mil en el seguro de paro. Tenemos muchos sectores con muchos problemas que no están en condiciones de establecer aumentos. Hay que visualizar la situación desde el ángulo de las personas que están sin trabajo. Quizás allí habría que repensar en que para la mayoría de los sectores de actividad se deba repetir una situación transitoria como la dispuesta el año pasado.
¿Usted dice de ir nuevamente a un acuerdo puente de un año?
No sé de cuánto tiempo, pero creo que no es el momento ahora en junio dada las circunstancias para establecer un plan que implique incrementos en sectores que están en condiciones complejas. Es una opinión que estamos madurando a la interna de nuestra cámara para poder hablarlo con las autoridades.
¿Tampoco ve condiciones para acuerdos de dos años como se hacían tradicionalmente?
En general los acuerdos más largos son cuando los actores tienen más seguridad. Estamos en un momento de incertidumbre. En junio probablemente si bien los efectos de la pandemia se morigeren fruto de la vacunación masiva, los efectos sobre el empleo todavía perdurarán. Igual tenemos expectativas que los cambios que se establecieron en la ley de inversiones generen la posibilidad de que emprendimientos que se están presentando a nivel del MEF se transformen en realidad, y eso mueva la cadena productiva y nuevamente el empleo.
Diego Battiste Alfredo Antía. Hay un compromiso del gobierno de empezar a recuperar el salario perdido en el período puente (alrededor de 4%) a partir de 2022 en la medida que la economía crezca en 2021. Por lo que usted dice el escenario no parece muy afín para eso.
El escenario no es alentador hoy. La dinámica de los hechos está marcando una suerte de expectativa que varía en función de los episodios sanitarios. En diciembre las expectativas empresariales eran optimistas para la gran mayoría de los sectores industriales que hoy claramente se ha reducido. Es un momento álgido de la pandemia y no sabemos cuáles van a ser las consecuencias que tenga sobre la economía. Para tomar decisiones a mediano plazo o de las que realmente duelen al bolsillo, hay que esperar un poco para tener el panorama más claro. Quizás se vaya por acuerdos cortos para poder ver más adelante qué es lo que se puede hacer en materia de recuperación.
Está claro que el PIT-CNT va a insistir por la recuperación del salario perdido.
Tengo la confianza en que el PIT-CNT así como el año pasado evaluó la situación difícil que vivía el país y aceptó el acuerdo puente, este año con tanta gente que está sin trabajo, con tanta gente en la informalidad, con tanta gente que está siendo asistida por la comunidad y por los servicios públicos a través del Mides, estará a la altura del ahora. Y tendremos un tiempo en que podamos acercar posiciones a lo razonable para tratar de comprender el estado de situación y mirar este tiempo complejo con la expectativa de poder discutir algunas otras cosas más adelante.
¿Cómo evalúa hasta ahora la gestión del gobierno en materia de relaciones laborales?
La gestión ha sido buena porque el gobierno y el PIT-CNT han tenido una buena actitud. El tema pasa por tratar de encontrar un equilibrio entre las defensas racionales y justas y el estado de situación del país. Y en particular tenemos una reclamación que hemos hecho en 2009 con la Cámara de Comercio representando a todas las cámaras del país a nivel de la OIT. Luego de haber estudiado mucho el caso de Uruguay, ha condenado al país a cambiar la ley de Negociación Colectiva. Lo que debe hacer Uruguay es un compromiso político de las autoridades gobernantes que es el de cambiar esa ley, en cuanto a fijar en forma tripartita solamente los salarios mínimos y dejar para el ámbito bipartito todo el resto de la discusión salarial. Hay que ver que el carácter obligatorio que implica que las empresas deban adherir a lo que el Consejo de Salarios decreta termina generando un ámbito que trata de forma igual a los desiguales. Eso compromete seriamente las posibilidades de las empresas más chicas, las mipymes. Están obligados por rama, y ese hecho expone a las empresas más chicas a las dificultades de tener que enfrentar costos crecientes y muchas veces terminan cerrando. Es parte de lo que hemos visto a lo largo de todo este tiempo con el cierre de empresas y la destrucción de empleo. Adicionalmente ese estado de situación genera una barrera de entrada a nuevas empresas que quieren ingresar al mercado, a nuevos emprendedores que quieren participar y que se encuentran con esa barrera de entrada que implica tener que asumir costos elevados para una productividad que al inicio no pueden obtener. El incumplimiento de las normas de la OIT a quien más perjudican es justamente al trabajador que no tiene empleo y a los trabajadores de las empresas más pequeñas.
Cámara de Industrias. En la góndola del supermercado se encuentran productos importados muchas veces a precios muy por debajo que los de la industria nacional. ¿Hay competencia desleal en algunos sectores?
Es la realidad que vivimos. Uruguay compite casi que a puertas abiertas con el mundo exterior. Las condiciones de competencia con los altos costos lo exponen al ingreso masivo de productos elaborados en otros países con costos diferentes, y en algunos casos con diferencias cambiarias, como ocurre con los países vecinos, que perjudican claramente a los productores nacionales. Esa es una realidad. También lo es el hecho de que muchas veces la propia normativa que debe cumplir el importador en alguna circunstancia se esquiva. Ahora el gobierno hará cumplir una norma que obliga a que cada alimento que ingresa a Uruguay sea analizado por el LATU y liberado con un permiso de comercialización. Casi el 20% de los productos que ingresaban al país evitaban ese trámite porque no había controles. Tenemos normativas, pero faltan fiscalizaciones. Es difícil competir para empresas nacionales cuando los precios que vienen del exterior muchas veces hasta son predatorios. Pero vivimos en un mundo abierto donde pretendemos que así como entran productos extranjeros nuestros productos también puedan salir. Hay mucho para hacer en materia regulatoria, en el Mercosur y en los acuerdos que Uruguay pueda firmar con los países del mundo porque no es un tema solo arancelario, es también de normativas y de desaplicación de barreras no arancelarias que impiden al comercio cruzar las fronteras.
PerfilAntía fue electo presidente de la Cámara de Industrias a fines del año pasado y sustituyó en el cargo a Gabriel Murara. Tiene 59 años, está casado, tiene tres hijos y dos nietos. Es doctor en medicina y tecnologías veterinarias por la Universidad de la República. Se desempeña como director de EFA Laboratorios y es presidente de la Asociación de Laboratorios Nacionales.
