La situación política en Cataluña parece ingresar en un callejón sin salida: mientras por un lado las autoridades catalanas advierten con realizar una declaración unilateral de independencia tras la votación favorable de este domingo, el gobierno central está dispuesto a impedirlo y para ello amenaza con la aplicación de todo el peso de la ley.
En ese escenario complejo y delicado, comenzaron a surgir este lunes señales de indisimulada presión hacia el gobierno de Mariano Rajoy para que pueda establecerse un canal de diálogo con los dirigentes independentistas catalanes.
Tanto la Unión Europea (UE) como las Naciones Unidas manifestaron su pretensión de que las dos partes se sienten a una mesa de negociaciones para encontrar una salida al conflicto.
Además, en un comunicado, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos pidió al gobierno conservador de Mariano Rajoy investigaciones "completas, independientes e imparciales" sobre "todos los actos de violencia" ocurridos el domingo en Cataluña.
Policías y guardias civiles recurrieron a cachiporras, patadas, empujones y balas de goma contra manifestantes decididos a votar y entraron por la fuerza en locales de votación para requisar urnas y papeletas.
Rajoy afirmó este domingo que los policías solo se limitaron a cumplir "con su obligación", pero en Barcelona los líderes independentistas denunciaron una "represión injustificada". El gobierno regional informó que 896 personas, dos de las cuales tenían "pronóstico reservado", precisaron atención médica.
La UE pidió también a Madrid y Barcelona "pasar rápidamente de la confrontación al diálogo" y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, urgió a Rajoy a evitar un nuevo "uso de la fuerza". Además, la Eurocámara aprobó un debate especial sobre la cuestión para este miércoles.
Mientras, en Barcelona, el presidente catalán, Carles Puigdemont, solicitó una mediación internacional. "Si hay una mediación, hablaremos de todo. Si no la hay, también hemos explicado lo que pasa", advirtió. Pese a los problemas e improvisaciones en la votación, Puigdemont dio por "válido" el resultado del plebiscito que, según informó, tuvo una participación del 42,3%, con un 90% del voto a favor de la creación de una república separada del reino de España. Y su plan en este sentido pasa por promover una declaración unilateral de independencia una vez que de divulguen los resultados oficiales del domingo.
En tanto, este lunes se realizó una protesta en las calles contra la represión policial y este martes fue convocada una huelga general.
Uruguay lamentó la represión policial
El gobierno uruguayo se enfrentó este lunes a la situación de expresarse sobre los hechos de violencia ocurridos este domingo durante el referéndum independentista catalán.
En un comunicado emitido por la cancillería, el Poder Ejecutivo expresó que lamenta los hechos de violencia ejecutados por las fuerzas de seguridad del gobierno de Mariano Rajoy “en el marco de la convocatoria del referéndum que fuera declarado nulo por el Tribunal Constitucional de España”.
El gobierno uruguayo expresó, asimismo, sus deseos de que se encuentre una solución a la situación que enfrenta al gobierno español con las autoridades de la Comunidad Autónoma de Cataluña con “un llamado al diálogo que permita restablecer la normalidad institucional del país”.
Existen al menos cuatro razones que el gobierno consideró para no hacer una declaración de apoyo a la causa de los secesionistas catalanes. En primer lugar, estuvo la consideración –tal como se expresa en el mensaje de la cancillería– de que el referéndum había sido declarado nulo por el TCE; por lo tanto carecía de legalidad.
En segundo lugar hay una razón de carácter normativa. Uruguay, al igual que la inmensa mayoría de los Estados que forman parte del sistema internacional, no apoyan la proliferación de movimientos separatistas amparados en la norma de “integridad territorial”. Esta norma, que se desarrolló a lo largo del siglo XX, fue adoptada crecientemente por los Estados que tienen un interés particular: que no haya alteraciones en el statu quo. En este sentido, es indispensable acudir al proceso que encabezó la Organización de Naciones Unidas en la década de 1960 que establecía la independencia de los países coloniales, pero no de los grupos étnicos.
De la mano de lo anterior se esboza un tercer elemento: el reconocimiento por parte del gobierno de Tabaré Vázquez de que lo que sucedió este fin de semana en Cataluña es un asunto interno de ese Estado.
Un cuarto argumento es estrictamente político: por los orígenes de este país y en función de la relación bilateral especial que los gobiernos de Uruguay y España han tenido históricamente no era conveniente ir contra el gobierno español.
Sin embargo, la decisión de Rajoy de usar la fuerza no le dejó otro remedio al gobierno que expresar su desagrado. La vicepresidenta, Lucía Topolansky, subió la apuesta y calificó la represión de “terrible”.
