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Primer mojón: largó la comisión de expertos para reformar las jubilaciones

Tendrá una agenda de 15 temas por abordar y seis meses para entregar un borrador al gobierno; el gasto público en materia de jubilaciones y pensiones es del orden de 11 puntos del PIB, unos US$ 6.000 millones

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06 de noviembre de 2020 a las 05:03

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, inauguró este jueves en Torre Ejecutiva la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) cuya meta será abordar una reforma integral del sistema previsional uruguayo. 

Rodolfo Saldain, presidente de dicha comisión, comentó en rueda de prensa que el gasto público en materia de jubilaciones y pensiones en Uruguay ronda los 11 puntos del PIB (equivalente a unos US$ 6.000 millones), con una tendencia al alza. Es decir, existe un problema a nivel del gasto, que es muy alto, y seguirá creciendo, según las proyecciones demográficas. 

Aquellos países que tienen un problema similar de envejecimiento de la población al de Uruguay, cuentan desde hace años con un sistema mixto previsional con un componente fuerte de ahorro, por lo que las jubilaciones no les representan una carga en el gasto público. Pero en Uruguay eso no ocurre, lo que lleva a una revisión y propuestas de mejora, señaló Saldain.

La agenda de la comisión tiene, en primera instancia, unos 15 puntos a tratar y con unas 20 instituciones a visitar, dado que el trabajo será participativo y recogerá las opiniones de los distintos actores e involucrados en el tema. Las reuniones se realizarán tres días a la semana, cuatro horas cada día, en las instalaciones del Banco Central (BCU).

También está previsto un taller propuesto por la Universidad de la República, institución que ha formado un equipo para participar en la discusión de interés nacional. 

“La comisión tendrá un amplio diálogo social, plural, la reforma no dejará a nadie atrás", destacó Saldain. La misma está integrada por 15 representantes de distintos sectores, que deberán llegar a conclusiones por consenso o, de no lograrlo, por mayoría. “Es un equipo potente, con personas de mucha trayectoria”, comentó Saldain.

La comisión tiene 90 días para llegar a un diagnóstico de situación, que empiezan a correr a partir de mañana, y otros 90 días para hacer las propuestas de reforma. El Poder Ejecutivo estima que el proyecto de reforma debería estar listo para ser enviado al Parlamento a mediados del próximo año. 

Algunos ejes

La principal causa de la reforma es el envejecimiento población que hace que la tasa de actividad no sea suficiente para cubrir el sistema. “La razón de la reforma es demográfica y las soluciones ya no se encuentran con instituciones del siglo pasado”, afirmó Saldain.

“Con lo que aportamos, llegamos a siete años de cobertura de las jubilaciones, en vez de 20 años”, agregó.

Entre los puntos a abordar destacan: la probable extensión de la edad de jubilación, las nuevas formas de trabajo y estilos de relacionamiento laboral, las jubilaciones por incapacidad (que son excesivas, según señalaron), las distintas cajas de jubilaciones que existen en el país (militar, policial, profesionales y notarial) y las AFAP. Saldain aclaró que “el ahorro de las AFAP" de los trabajadores no corre ningún riesgo. 

El evento de inauguración de la comisión contó con la presencia, además del presidente de la República, de la ministra de Economía Azucena Arbeleche, el ministro de Planeamiento y Presupuesto Isaac Alfie, el ministro del trabajo Pablo Mieres, entre otras autoridades e integrantes de la comisión.

Los integrantes de la comisión con un cambio de último momento

La comisión de 15 integrantes será presidida por Saldain (responde al PN). Sus otros 14 integrantes son: Daniel García Zaballos (PN), Natalia Aranco (PN), Hugo Bai (PIT-CNT), Hernán Bonilla (Poder Ejecutivo), Gustavo Michelín (Poder Ejecutivo), María Elvira Domínguez (representante de los empresarios), Álvaro Forteza (PI), Alberto Lacassy (CA), Ernesto Murro (FA), Jimena Pardo (FA), José Luis Baungartner (FA) -quien sustituyó a Nelson Loustanau-, Gabriel Regalado (Onajpu), Renán Rodríguez (PC) y Ana Inés Zerbino (PC).

Tanto para definir el diagnóstico como para las recomendaciones, la ley establece que debe tratarse de lograr consenso entre los miembros y, si no es posible, se requiere una mayoría simple de mínimo nueve (9) votos. Por tratarse de un grupo heterogéneo, no sería arriesgado afirmar que será muy difícil lograr consensos en un tema tan complejo. 

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