La comisión de expertos de la reforma de la seguridad social pondrá su foco en las pensiones por invalidez o incapacidad física. Algunos de sus integrantes consideran que el funcionamiento del esquema actual genera un incentivo para tramitar el retiro de la actividad laboral por esa causal, ya que la tasa de reemplazo que percibe el beneficiario es mayor que el régimen común.
De un total de unas 35 mil jubilaciones que se tramitan cada año, alrededor del 15% o más corresponden a las altas por invalidez, según datos del Banco de Previsión Social (BPS).
“Las jubilaciones por invalidez crecieron muchísimo y es parte significativa del total de las altas (…) Va a estar entre los temas a abordar por la comisión”, dijo a El Observador Rodolfo Saldain, presidente de la comisión de expertos de la reforma del sistema de seguridad social.
El alza de este tipo de pensión contributiva se dio a partir de la ley 18.395 (artículo 4) del año 2008, la cual flexibiliza las condiciones de acceso a los beneficios jubilatorios, y a su vez, el decreto 306/ 013 que determinó un cambio sobre cómo se determinan las jubilaciones, que representa un incentivo para que la gente opte por esa opción.
“Se estableció un baremo en el quedó mucha distancia entre la jubilación común (con los requisitos de 60 años de edad y 30 de trabajo) con una tasa de reemplazo de 45%, y la jubilación por incapacidad física, cuya tasa de reemplazo es de 65%. Eso significa un estímulo para que las personas que entienden que están en condiciones para pedir la jubilación por incapacidad, lo hagan”, explicó Saldain.
Durante la última gestión del Frente Amplio (2015-2020), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya había advertido cierta anomalía en el funcionamiento del sistema tras la reforma que flexibilizó el acceso a las jubilaciones en 2008. En la Rendición de Cuentas del año 2017, el MEF alertó que entre 2007 y 2015 se duplicaron las altas jubilatorias por invalidez, pasando de 1 cada 10 del total a 1 cada 5.
En 2010, el BPS pagó casi US$ 200 millones por ese concepto y en 2015 llegó a US$ 362 millones. En esos cinco años, el total pagado ascendió a US$ 1.366,6 millones. Mientras las jubilaciones comunes subieron 4% en ese quinquenio, las jubilaciones concedidas por invalidez crecieron 32%.
Elvira Dominguez, directora representante de las empresas en el BPS, comentó a El Observador: “Se supone que van a tomar medias, quiero creer que se van a tomar”. La directora recordó que había denunciado esa situación de desbalance por muchos años pero no tuvo eco. “Me llamé al silencio porque me cansé de predicar en el desierto, como dijo el ministro de Salud, Daniel Salinas”, comentó.
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