El fallo de la Justicia del país vecino da elementos a los magistrados en Uruguay
La justicia argentina procesó sin prisión a Federico Elaskar y Leonardo Fariña por el delito de lavado de dinero. El fallo sienta un precedente y seguramente aportará elementos a la causa de lavado K que la justicia uruguaya lleva adelante para indagar irregularidades en la compra de un campo en José Ignacio.
En un fallo de 206 páginas, el juez federal Sebastián Casanello dispuso los procesamientos de Elaskar y Fariña, quienes trabajaban con el empresario kirchnerista Lázaro Báez, también sospechoso de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Fariña está detenido desde marzo en la cárcel de Ezeiza por orden de un juez de La Plata, acusado de evasión agravada. Esta vez el juez no pidió prisión preventiva ni para él ni para el otro indagado pero sí dispuso el embardo de bienes por 35 millones de pesos argentinos para Fariña y 27 millones para Elaskar. Además, se confiscaron un apartamento, vehículos, un campo y las acciones de tres sociedades sospechosas.
Tras investigar un expediente que tiene más de 10 mil fojas, el magistrado concluyó que tanto Elaskar como Fariña son responsables por “lavado de activos”, un delito que prevé una pena máxima de diez años de cárcel.
Para llegar a tal conclusión, Casanello se basó en el aparente aumento patrimonial injustificado de Fariña –conocido como el “valijero” de Báez por trasladar dinero en maletas–, una fortuna que le permitió adquirir bienes muebles e inmuebles por sumas considerables en momentos en que no declaraba ninguna actividad económica formal. Asimismo, obtuvo pruebas de la vinculación, relación o conexión de los implicados con ciertas actividades delictivas o grupos relacionados a ellas.
Las escuchas telefónicas a Fariña –una de las cuales fue conocida públicamente en abril y revelaba su intercesión para trasladar US$ 90 millones hacia Centroamérica– permitieron conocer una realidad que “da la pauta de un cuadro sobre el origen del dinero” que se adjudicó a actividades “delictivas”.
En lo que hace a Elaskar, el magistrado consideró los mismos argumentos y le sumó el hecho de que el empresario además había sido dueño de la financiera SGI, una firma que el juez consideró “una cueva”. De acuerdo con el juez, SGI fue “un vehículo para lavar dinero” que “operó financieramente por fuera de los controles establecidos”.
El “vínculo asiduo” entre Fariña y Elaskar también fue señalado por el magistrado, que probó que el primero, casado con la modelo Karina Jelinek, acudía varias veces por semana a las oficinas del segundo y que por lo tanto era “más que un mero conocido”.
Investigación en Uruguay
Fariña es uno de los involucrados en la compra en 2011 del campo El Entrevero en José Ignacio, que la justicia uruguaya investiga por lavado. La jueza uruguaya especializada en Crimen Organizado, Adriana de los Santos, envió un exhorto a Argentina solicitando información sobre Fariña y otras personas investigadas por la compra de El Entrevero, pero aún no recibió respuesta.
El Observador confirmó que el dueño del campo El Entrevero (150 hectáreas que se adquirieron por US$ 14 millones) es Jumey, una sociedad anónima presidida por Daniel Pérez Gadín, contador de Lázaro Báez e imputado en investigaciones judiciales en su país.
En abril Fariña fue procesado por el juez federal de La Plata, Manuel Humberto Blanco, por “evasión fiscal agravada e insolvencia fiscal fraudulenta”.
A diferencia de la evasión fiscal, la insolvencia fraudulenta es un delito precedente de lavado de dinero, según la ley uruguaya de control y prevención de lavados de activos (18.494).
Por esta razón, la Justicia de uruguaya podría procesarlo por lavado de activos si comprueba que existe relación entre los fondos obtenidos en Argentina por insolvencia fiscal fraudulenta y los fondos con que se compró el campo en José Ignacio.
Lázaro Báez fue sobreseído
El empresario kirchnerista Lázaro Báez fue absuelto por el mismo juez Sebastián Casanello en la causa que investiga una supuesta extorsión al financista Federico Elaskar para que vendiera su financiera SGI. La medida fue en aceptación de un pedido del fiscal Guillermo Marijuan y afecta a otras nueve personas.
