Progresismo en versión criolla

El Frente Amplio se adjudica una y otra vez derecho de propiedad sobre el término “progresista” pese a que incumple la mayoría de sus requisitos. El senador Rafael Michelini volvió a echar mano a esta muletilla, al anunciar que la alianza de izquierda buscará el respaldo de sectores progresistas, tan indefinidos como improbables, en los partidos de oposición. El objetivo presumible es fortalecer el menguado respaldo de la población que le asignan todas las encuestas. Pero hay pocas coincidencias y muchas disimilitudes entre el progresismo en versión frenteamplista y el progresismo como doctrina, anunciado por primera vez en el siglo XVIII por Jean Antoine de Caritat Condorcet.

En su Historia del Progreso de la Mente Humana, el filósofo francés lo definió como la evolución a lo largo de 10 épocas, partiendo desde la prehistoria con los seres humanos como hordas de cazadores. Luego de sucesivas eras de progreso, incluyendo los períodos pastoral y agrícola, Condorcet planteaba como culminación la décima época. La caracterizó con la eventual destrucción de la desigualdad de clases y entre las naciones y con el mejoramiento moral y físico de las personas, con énfasis en la solidez de los núcleos familiares como base de las sociedades. Pero establecía que la igualdad que propugnaba no era una igualdad absoluta de todas las personas sino igualdad en libertades y derechos, que significa igualdad de oportunidades para el desarrollo individual según el talento y las habilidades de cada uno.

Poco tiene que ver el progresismo frenteamplista con esa concepción doctrinal. La desigualdad de clases, que sectores del Frente Amplio y su ala sindical persisten en señalar, se combate con igualdad de oportunidades, como definía Condorcet. Y es aquí donde la alianza de izquierda muestra una de sus principales claudicaciones. Esta igualdad solo es alcanzable a través de la educación de calidad y sin exclusiones, requisito en el que el Frente Amplio ha fracasado desde su llegada al poder. Como lo evidenció el reciente informe del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), persisten profundas inequidades por fallas estructurales y de gestión, con aprobación de bachillerato por el 95% de estudiantes de las familias de mayores recursos y apenas la mitad de ese porcentaje en los provenientes de hogares más pobres. Y el gobierno no solo ha bajado los brazos en sus múltiples promesas de modernizar la caduca estructura de la enseñanza pública. Desde el gabinete se ha llegado al absurdo retroceso de proponer que se elimine la exigencia de que concurran a estudiar los hijos de hogares que reciben subsidios del gobierno, como contrapartida a ese beneficio.

Además la administración Mujica atacó frontalmente el mejoramiento moral de la sociedad con leyes que distorsionaron el concepto natural de familia, liquidaron el básico derecho a la vida con la legalización del aborto y fomentaron la drogadicción con la disparatada piedra libre al consumo de marihuana. Las libertades y derechos para acceder al desarrollo individual, por otra parte, son negados tanto por el deliberado estancamiento educativo como por la creciente acumulación de controles y cortapisas del Estado sobre la vida cotidiana y las actividades de las personas. El nombre de Progresista ha sido oficialmente utilizado por partidos en Alemania, Japón y hasta Estados Unidos. Pero en todos esos casos fue apenas un rótulo de inspiración puramente electoral. Lo mismo ocurre con el Frente Amplio, que hasta recurrió a la etiqueta de Encuentro Progresista hace algunos años y que mantiene como propio el recurso a ese término como eslogan populista, en condiciones que poco y nada tienen que ver con el verdadero progreso hacia la formación.