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Iniciativa plantea al Estado a intercambiar información.

Nacional > Parlamento

Proponen que oficinas públicas deban intercambiar información para facilitar trámites

Iniciativa plantea que no se le pueda reclamar a las personas información que ya existe en otra entidad estatal

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19 de abril de 2022 a las 19:47

Un proyecto de ley ingresado al Parlamento propone racionalizar, optimizar y simplificar los trámites administrativos ante el Estado y obligar a las oficinas públicas a reclamarse entre sí la información de una persona que ya se encuentre dentro del sistemas estatal. Deberán ser las propias oficinas las que soliciten e intercambien la información entre ellas. 

La disposición deberá regir para todos los trámites promovidos por cualquier persona física o jurídica ante cualquier repartición estatal. La iniciativa corresponde a Aldo Lamorte, senador suplente del Partido Nacional, que además prohíbe el requerimiento de cualquier dato que se presuma o se conozca que esté en poder del Estado. 

"El gobierno electrónico es más una cuestión de decisión política que de actividad técnico-profesional" asegura el legislador en su proyecto, al señalar que internet y las tecnologías de la información (TIC) puede ser herramientas para el cambio, siempre que existe voluntad política. A su entender, resulta imprescindible la construcción de entidades públicas que compartan la información y generen mecanismos de interoperabilidad, de manera que la información personal que se encuentra incorporada al Estado pueda compartirse a través de procesos internos. 

Lamorte indicó que, para eso, habrá que rediseñar los procedimientos y trámites administrativos sin necesidad de requerirle a la persona información que ya está en poder del Estado. Allí apuntó a que Uruguay ya cuenta con herramientas en ese sentido, pero que aún resultan insuficientes. 

Por ejemplo la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE), prevista en la Rendición de Cuentas 2013. También la Unidad de Certificación Electrónica (UCE), vigente desde 2010. Otros organismos, como la Agencia del Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información (Agesic) ya cumplen su rol de control sobre los mecanismos de interoperabilidad, además de contar con la potestad de dictar normas, políticas, estándares y procedimientos para garantizar esa interacción. 

Lamorte recordó que un decreto que en 2013 reglamentó el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) impuso a las entidades públicas el deber de colaboración y interoperabilidad con esa base de datos. 

Más allá de esta normativa, el senador dijo entender que resulta pertinente avanzar hacia una concreción efectiva, con una plataforma legal específica en lo que hace relación a evitar la duplicación de requerimientos de información a las personas, cuando es razonable que otra entidad con competencias específicas y eventualmente concurrentes ya cuentan con esa información. 

 

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