Propuestas políticas sobre relaciones laborales (III)

El Frente Amplio (FA) no advierte que el conflicto laboral sea un problema. Se mantendría el régimen legal sobre prevención y solución de conflictos. En este sentido, su candidato expresó que deben seguirse determinados pasos y sanciones a ser aplicadas a ambas partes, y garantizar que la ocupación sea la última herramienta aplicable. 

El Partido Colorado (PC) afirma que es necesario reducir la conflictividad laboral y que los actores sociales acuerden mecanismos de prevención y solución de conflictos. Si no hay acuerdo, en forma supletoria propone establecer mecanismos concretos, que deben ser aplicados antes de la adopción de medidas gremiales. 

El Partido Nacional (PN) promoverá un diálogo tripartito para que se acuerde un procedimiento de prevención y solución de conflictos.  El gobierno debe respetar las normas y evitar que el conflicto sea la primera medida ante cualquier diferencia. 

El Partido Independiente (PI) propone buscar consensos para establecer de modo obligatorio, un proceso de prevención de conflictos. Propone la aprobación por voto secreto de las medidas más extremas. Es necesario preservar los derechos de todas las partes, en particular, en el caso de las ocupaciones.

El Partido de la Gente (PG) creará mecanismos de solución y prevención de conflictos de tipo obligatorio. Solo se podrá acudir a la huelga cuando se hayan agotado todas las etapas. En esta misma línea, Cabildo Abierto (CA) propone reglamentar el derecho de huelga, y agotar pasos previos para su declaración.

El FA no hace mención a la huelga y las ocupaciones. Su candidato expresó que en materia de ocupaciones,  se ciñe a lo que dijo la OIT, que no rechaza la ocupación, y que se debe asegurar el derecho de acceso al lugar de trabajo de trabajadores y directivos que quieran trabajar. Se mantendría vigente el Decreto 165/006 (Decreto), que legitima la ocupación de lugares de trabajo como una modalidad de huelga.

El PC propone la derogación del Decreto. La  interpretación de que la ocupación es una extensión natural del derecho de huelga, fue un grave error. La ocupación es una flagrante inconstitucionalidad, en tanto violenta el derecho al trabajo del no huelguista, el derecho de propiedad y la libertad de empresa.

El PN también propone derogar el Decreto, en tanto permitió que se vulneraran libertades y derechos protegidos por la Constitución. Con esta derogación, se asegurará la vigencia efectiva de los derechos fundamentales constitucionales: libertad de trabajo, de empresa, de circulación, e igualdad ante la ley. 

El PG propone reglamentar el derecho de huelga. Se debe establecer que la ocupación no es una extensión del derecho de huelga, y garantizar la continuidad de los servicios públicos y la educación, a través de mecanismos de esencialidad.

CA también propone reglamentar el derecho de huelga, de forma que los trabajadores puedan  decidir si se va a llevar adelante esta medida. Se debe derogar el Decreto, porque viola el derecho de los trabajadores que quieren trabajar y el derecho de propiedad.

El PI es afín a que se prohíban las ocupaciones del lugar de trabajo, porque no son una extensión del derecho de huelga. Se debe derogar el Decreto. Afirmó que es insólito que en Uruguay estén prohibidas las ocupaciones para locales del Estado y no para el sector privado.

En síntesis, el FA no advierte que la conflictividad laboral sea un problema y no plasma en su programa, acciones de mejora de los actuales medios de prevención y solución de conflictos. Los partidos opositores sí ven que el conflicto laboral muchas veces está exacerbado y hay una lógica de confrontación, y por ello, proponen mecanismos para prevenirlo y solucionarlo. 
PN y PC promoverán que las partes logren acuerdos, donde se regulen estos mecanismos de prevención y solución del conflicto, de modo de encauzarlo y lograr paz laboral. Si no hay acuerdo, en forma supletoria, el PC propone establecer un procedimiento concreto de prevención y resolución de conflictos, con varias etapas, que se deben cumplir antes de la adopción de medidas gremiales. En esta misma línea está el PI.

PG y CA proponen reglamentar el ejercicio del derecho de huelga reconocido en el art. 57 de la Constitución. En este sentido, en la norma se deberían establecer de modo obligatorio, las etapas y requisitos a cumplir, para declarar una huelga.

El FA mantendría el Decreto sobre ocupaciones. Su candidato parece dispuesto a hacer cumplir lo que dice la OIT, en el sentido de garantizar la libertad de trabajo y la entrada de los directivos de la empresa. Los partidos opositores coinciden en que se debe derogar el Decreto, ya que la ocupación no es una extensión del derecho de huelga, y vulnera derechos fundamentales reconocidos en la Constitución (libertades de trabajo y empresa y derecho de propiedad, entre otros).