El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) envió este viernes al Parlamento el proyecto de ley que reglamenta la internación a personas en situación de calle "con riesgo de graves enfermedades o incluso con riesgo de muerte" en un refugio u "otros lugares donde puedan ser correctamente asistidas", sin necesidad de que den su consentimiento, según se lee en el proyecto, según informó El País.
El ministro de la cartera, Martín Lema, explicó en rueda de prensa que la obligación del Estado de actuar ante casos de esta gravedad existe desde 2011, pero recién se reglamentó en este periodo, lo que según Lema ha permitido "salvar vidas". El ministro se refiere al "Plan invierno", que en 2021 tuvo como herramienta la internación compulsiva para internar a personas que no quisieran ser asistidas en situaciones de fríos extremos y que, por lo tanto, pusieran su vida en riesgo.
Según un relevamiento del Mides, de las personas que no tienen un hogar, el 28% vive en la calle y el 72% duerme en refugios. De los que duermen a la intemperie, el 86% declaró consumir sustancias psicoactivas.
La ley de 2011 ya establecía la presencia de un médico para constatar el estado del paciente, y en este proyecto el ministro sostuvo que se agrega a un psiquiatra, que deberá acreditar si la persona en situación de calle tiene "problemas de consumo" de sustancias psicoactivas o de salud mental, que impliquen un riesgo, detalló.
"La solicitud de hospitalización por parte del Mides es para las personas que, encontrándose en situación de extrema vulnerabilidad, presentan un episodio de intoxicación aguda por el consumo de sustancias psicoactivas y/o una descompensación de su patología psiquiátrica, que representan alto riesgo para sí o para terceros", dice la exposición de motivos del texto.
Ante un caso de este tipo, el proyecto sostiene que las autoridades podrán pedir la hospitalización de la persona sin su consentimiento, si "su capacidad de juicio se ve afectada" por el consumo de sustancias o psiquiátricos.
Lema indicó que la problemática de las adicciones es difícil incluso para las personas con una "red de contención familiar", por lo que remarcó que es mucho más difícil para las personas que están a la intemperie, y cuestionó si no es "justo" que el Estado atienda a estas personas.
Sobre su aplicación, el jerarca sostuvo que es posible que se establezca un cupo en los centros de adicciones del Estado. Además, adelantó que planean construir tres centros de tratamientos de adicciones, dos con ASSE y uno con la Junta Nacional de Drogas, aunque en este caso sería "más voluntario", aclaró Lema.
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