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Senadores del FA al presentar la denuncia en Fiscalía.

Nacional > Terminal de contenedores

Puerto: informe técnico cuestiona "regularidad jurídica" del acuerdo con TCP y fiscal le pide información al gobierno

El FA ratificará denuncia contra cuatro jerarcas y celebra un informe preliminar del TCR que recomienda observar las actuaciones del gobierno

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25 de febrero de 2022 a las 05:04

El jueves 3 de marzo los senadores Charles Carrera y Mario Bergara se presentarán ante la Fiscalía de Delitos Económicos encabezada por Gilberto Rodríguez para ratificar la denuncia que la bancada del Frente Amplio presentó contra varios altos cargos del Poder Ejecutivo en torno a la extensión de la concesión de la terminal de contenedores en el Puerto de Montevideo a Terminal Cuenca del Plata (80% propiedad de Katoen Natie y 20% de la Administración Nacional de Puertos). 

Allí suscribirán el contenido de la voluminosa documentación que los legisladores opositores habían elevado a esa sede en varias etapas, y en las que acusan en concreto a cuatro jerarcas del gobierno de Luis Lacalle Pou de incurrir en "ilegalidades" e "inconstitucionalidades" a la hora de ratificar el acuerdo que le concedió a la multinacional Katoen Natie el control de la operativa hasta 2081. 

Así se lo dijo Carrera a El Observador, al celebrar que la causa, iniciada en setiembre del año pasado, comience por fin a tener movimiento. Luego de la instancia de ratificación, el Frente Amplio espera que Rodríguez interrogue a los cuatro funcionarios denunciados: Luis Alberto Heber, que suscribió el acuerdo en su calidad de ministro de Transporte y Obras Públicas, el subsecretario de esa cartera, José Olaizola, el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP),Juan Curbelo, y el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés. 

Al respecto, el fiscal Rodríguez libró un oficio a las autoridades en el marco de la indagatoria preliminar que viene desarrollando. El escrito, enviado el lunes pasado, le otorga diez días hábiles a la ANP para entregarle una serie de expedientes relacionados con la investigación. 

En primer lugar, todos los antecedentes administrativos correspondientes a la conformación de Terminal Cuenca del Plata SA (TCP), una sociedad mixta en la que Katoen Natie controla el 80% del paquete accionario, con el Estado como socio con el 20% restante. 

Según el escrito, al que accedió El Observador, la ANP deberá entregar además los antecedentes de la concesión a Katoen Natie en el marco de la ley de Urgente Consideración aprobada durante el gobierno de Jorge Batlle, que autorizó al ente a asociarse con privados en los servicios portuarios. Eso incluye, aclaró Rodríguez, todos los informes jurídicos y financieros, asesoramientos, resoluciones, contratos, ofertas y procedimientos administrativos relacionados al proceso. 

El fiscal pidió hacerse a su vez con todos los antecedentes correspondientes a reclamos, tanto judiciales como administrativos, formulados hasta ahora por el Grupo Katoen Natie por aplicación del régimen de concesión. 

La ANP deberá informar asimismo sobre las actuaciones que derivaron en el acuerdo transaccional extrajudicial entre el Estado y todas las firmas que conforman ese grupo: Seaport Terminals NV, Katoen Natie NV, Seaport Terminals Montevideo SA y Nelsury SA. Ese acuerdo, firmado hace exactamente un año, el 25 de febrero de 2021, implicó la extensión de la concesión a TCP por 50 años. 

El argumento del gobierno para suscribirlo fue que el Estado arriesgaba perder US$ 1.500 millones, ante el anuncio de una demanda por parte de Katoen Natie, bajo el argumento de que el Estado le causó daño al "favorecer, fomentar y tolerar" la existencia de una terminal por fuera del régimen aplicable, gestionada por Montecon, el principal operador de los muelles públicos. 

Montecon, a su vez, denunció después el acuerdo con los belgas, argumentando que constituyó un "pacto colusorio" realizado con "la intención, finalidad y efecto de excluir competidores" y que "limita e impide la competencia". 

Rodríguez pidió además que la ANP le entregue el plan de negocios presentado por Katoen Natie al hacerse cargo de la concesión, en 2001, como también todos los informes que existan desde esa fecha sobre la valoración del principio de libre competencia que involucren a la multinacional belga. 

Para el Frente Amplio eso representa una de las claves del caso. El plan de negocios, al que pudo acceder la bancada opositora, señala que la empresa reconoció que "estará bajo un régimen de libre comercio" y que, por lo tanto, sabía desde un inicio que "iba a estar en competencia con los muelles públicos" y que, por lo tanto, no iba a tener exclusividad en el manejo de los contenedores.

Para Carrera se trata de una prueba más de que el gobierno actuó en este tema de forma "inconstitucional" y favoreció un "monopolio de hecho" en la terminal portuaria. La tesis de la oposición señala que el acuerdo con la multinacional configura la comisión de delitos “muy graves” y actuaciones “ilegítimas”, además traerán una serie de perjuicios al Estado. La denuncia habla de "usurpación de funciones" y "falsificación ideológica", entre otros aspectos, a raíz de una serie de decisiones que se tomaron al margen de los organismos competentes. 

TCR: un acuerdo objetable

A un año de la firma del acuerdo, la oposición interpreta que hay evidencias de las "múltiples irregularidades" cometidas por el gobierno en torno este tema. Así fue luego de conocer las conclusiones de un análisis técnico del Tribunal de Cuentas (TCR), que fue elevado al dictamen de los ministros de ese organismo de contralor. 

Se trata de un informe preliminar cuyas conclusiones generales fueron difundidas este jueves en Búsqueda. Allí se recomienda que el TCR observe al Poder Ejecutivo a raíz del acuerdo con Katoen Natie. 

El informe técnico, al que accedió El Observador, incluye un extenso análisis de todo el proceso portuario en los últimos 20 años. Entre las conclusiones, se apunta al "asesoramiento preceptivo" que el 7 de abril de 2021, más de un mes después de firmado, el Ministerio de Transporte le pidió a la ANP en torno a la extensión de la concesión. 

Un asesoramiento que, para los técnicos del TCR, no resulta "ajustado a las disposiciones", al haber sido pedido después y no antes de la firma del contrato, que por su redacción no admite modificaciones posteriores. 

Por otra parte, se cuestiona que ese "asesoramiento" debería haber sido emitido en un acto administrativo de la ANP y no por una "nota" de Curbelo, su presidente, que "no puede tomarse como manifestación de la voluntad orgánica de la Administración". 

El informe preliminar que será puesto a consideración del TCR señala que la aprobación de los decretos 114/021 y 115/021 contravino la Constitución, la ley de Regulación del Derecho Comercial Marítimo y el decreto que fijó las Reglas Generales de Actuación Administrativa. 

El primero, publicado el 21 de abril del año pasado, establece un nuevo contrato de gestión de la terminal de contenedores. El segundo, de la misma fecha, incluye el nuevo reglamento de atraques de buques. 

Otro punto en contra del gobierno gira en torno a que no se pudo acreditar que dichos decretos fueran a redundar en beneficio del interés general y en una mayor eficacia del puerto. 

Específicamente, se señala que el decreto 114/021 "tiene por consecuencia jurídica y práctica restringir el acceso y ejercicio de las actividades relativas a contenedores descartando la libre competencia", limitando la posibilidad de que la Administración otorgue nuevas concesiones y permisos, restringiendo así los cometidos de la política portuaria, en base a restricciones que la ley no prevé. 

Otro de los puntos que se objeta es que la Administración nunca analizó las posibles interpretaciones que la normativa permite al respecto del plazo que se otorgó en la extensión de la contención. 

Eso es, si debía prorrogarse por un máximo de 30 años, como dispone la ley específica, o si debía ser por más tiempo, tal como lo permite el decreto que reglamentó la actividad portuaria, previo asesoramientos económicos u operativos que, para el análisis del tribunal, no se realizaron. 

A juicio del análisis preliminar, el TCR debe observar estos puntos, al concluir que el acuerdo entre el Estado y Katoen Natie es "objetable en cuanto a su regularidad jurídica". 

La Constitución, la ley de Puertos y los dos decretos

La tesis del Frente Amplio apunta a que Heber, Olaizola, Curbelo y Ferrés violaron el artículo 85 de la Constitución. Partiendo de la base de que el acuerdo con Katoen Natie configuró un "monopolio de hecho", la oposición entiende que los jerarcas incumplieron el numeral 17 de ese artículo, que establece que para constituir un monopolio se requiere una ley, que de ser ratificada por mayorías especiales en el Parlamento. 

En el proceso, se afirma desde la izquierda, también se violó el artículo 51 de la Carta Magna, que indica que en el caso de las concesiones de servicios públicos el Estado debe homologar el establecimiento y la vigencia de nuevas tarifas por parte del concesionario. En este caso, entienden en el Frente Amplio, eso no se cumple porque la multinacional belga puede actuar a voluntad.

Según la denuncia, el Poder Ejecutivo violó también por lo menos tres artículos de la ley de Puertos. El artículo 7, que pone en manos del Estado la definición de la política portuaria y el control de su ejecución, además de tener que velar por el respeto al principio de la libre competencia entre diversos operadores y la libertad de elección de los usuarios para elegir el que consideren mejor para sus intereses. La tesis del Frente Amplio es que un cambio en las políticas portuarias debe ser establecido también a través de una ley.

La ley de Urgencia aprobada por Batlle implica, además, que la asociación con privados en la explotación de una terminal de contenedores puede tener un plazo máximo de 30 años.

En su denuncia, el Frente Amplio apunta también a los decretos 114/021 y 115/021, en cuanto a que cualquier modificación a esos textos legalesrequiere el aval de Katoen Natie, lo que configura una “cesión de soberanía”.

El proceso había sido cuestionado también por Cabildo Abierto, que logró incluir en el contrato una adenda en la que se especifica que se requerirá autorización del Estado para una eventual transferencia de las acciones de TCP.

Sin embargo, el FA advirtió que los belgas son dueños del 80% del paquete accionario del consorcio a través de dos sociedades, Nelsury SA y Seaport Terminals SA. Así, plantea la oposición, si Katoen Natie pretende enajenar su parte del paquete en forma indirecta, vendiendo las acciones de esas dos empresas, no requeriría autorización del Poder Ejecutivo.

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