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Punto final al conflicto: funcionarios judiciales llegaron a votos necesarios para aceptar propuesta del Ejecutivo

Necesitaban que 80% de los trabajadores adhirieran al convenio firmado a principios de febrero

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23 de marzo de 2018 a las 17:47

Luego de años de conflicto, votaciones en contra y una a favor que dio por terminada una negociación que parecía infinita, los funcionarios judiciales alcanzaron el porcentaje necesario de trabajadores que ratificaron el convenio firmado con el Poder Ejecutivo.

Si bien la Asociación de Funcionarios Judiciales había votado favorablemente la propuesta del gobierno de un aumento de 18,8% y ciertos beneficios, para poder cobrarlo necesitaban que 8 de 10 integrantes estuviera de acuerdo y en la votación realizada para aceptarlo o no se llegó a 60%. Este viernes, el gremio informó en un comunicado que "se llegó a lo requerido" en el convenio que se firmó el 1 de febrero y, por ende, "están las condiciones para que el Poder Ejecutivo remita al Poder Legislativo la ley habilitante de los fondos para hacer frente al pago".

El acuerdo incluye la creación de una norma habilitante para el jardín del gremio, un incremento en la partida odontológica, acceso al Hospital de Ojos, y descuentos en lentes y prótesis.

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En marzo de 2015 la jueza en lo civil de 19° Turno, Josefina Tommasino Ferraro, falló a favor de los funcionarios judiciales y los actuarios en su demanda contra la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y condenó al Estado a pagarles. Se estima que la deuda con los 3.400 funcionarios judiciales y los 400 actuarios oscila entre US$ 40 millones y US$ 50 millones.

El conflicto de los trabajadores judiciales se originó en 2010, cuando la ley de Presupuesto de ese año resolvió un incremento en los sueldos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, pero no el de los funcionarios, cuyos sueldos estaban enganchados. En marzo de 2015 la jueza en lo civil de 19° Turno, Josefina Tommasino Ferraro, falló a favor de un grupo de funcionarios judiciales y los actuarios en su demanda contra la Suprema Corte de Justicia (SCJ), y condenó al Estado a pagarles el aumento que les correspondía.

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