El 23 de diciembre de 2021 el juez letrado de Concurso de 1er Turno, Leonardo Méndez, decretó el cese de actividades en Casa de Galicia y generó la convulsión de la directiva y funcionarios de la institución, pero también del Ministerio de Salud Pública y luego el Parlamento, que buscan dar un cierre prolijo a una situación que desde hace años que viene en picada.
A nadie le gustó la decisión. La directiva de la mutualista interpuso un recurso ante el Tribunal de Apelaciones luego de que Méndez estableciera que su decisión no era apelable y este miércoles el tribunal les dio la razón. El Ministerio de Salud Pública expresó en un comunicado que no compartía el fallo por "inconveniente" e "inoportuno". “La actuación concursal se basa en parámetros netamente economicistas y está orientada principalmente al pago de acreedores, mientras que la tutela del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud Pública, reconoce además el inherente fin social de estas instituciones”, expresaron.
La senadora nacionalista Graciela Bianchi dijo en Foros Uy y fue divulgado por El Observador, que Casa de Galicia viene "en caída libre" hace décadas y acusó al juez Méndez de actuar "con una cabeza político partidaria" a la hora de decretar el cese de actividades. "Tenemos un juez que fue el que detonó todo el inconveniente. Porque en definitiva sacó una sentencia el día de Nochebuena para dejar mal parado al gobierno. Y hacer algo para buscar el enfrentamiento", expresó. Además, sostuvo que deseaba que el Tribunal de Apelaciones revocara la decisión y le pegara "un buen rezongo al juez". Para evitarlo "tendremos que estar, quienes tenemos responsabilidades políticas, conversando, no presionando, ¡(eso) jamás!, conversando, tratando de acordar con la Suprema Corte de Justicia que este camino así no puede seguir", complementó.
Argumentó que Méndez estuvo "conspirando contra una resolución pacifica". "El derecho no es solamente aplicar las normas puras y duras, el derecho es aplicar las normas pero es solucionar los problemas de la gente. El juez solamente con pensar con la ecuanimidad que tiene que tener un juez, nunca podría haber llegado a esa resolución", que para son de "una gravedad institucional brutal", sentenció.
El magistrado expresó haberse sentido agraviado por la legisladora. Afirmó ser "extremadamente respetuoso" de la libertad de expresión y dijo no tener "ningún tipo de problema" en que nadie opine sobre sus fallos, entiende que la senadora dio "un paso más" atribuyendo intencionalidades que, si Bianchi no tuviera fueros, podrían ser pasibles de cargos por difamación.
A continuación, un resumen de la entrevista del juez Méndez con El Observador.
La senadora Bianchi lo cuestionó técnicamente. Preguntó quién era usted y expresó que "un juez jamás podría haber llegado a una resolución de este tipo". ¿Cómo lo tomó?
Es todo una serie de expresiones carentes de fundamento. La resolución a la que llegué fue conforme a la ley y resolviendo los problemas de la gente, por supuesto. En el momento en el que se decreta el cese, no estaban las condiciones dadas para asegurar la atención asistencial básica de los usuarios de Casa de Galicia, nada menos que el feriado de Navidad. Entendí que dejar la sociedad funcionando en esas circunstancias era una irresponsabilidad, porque si algo ocurría ese fin de semana las consecuencias iban a ser mucho peores. Eso surge de la resolución. Como surge que seguían trabajando los trabajadores sin cobrar. ¿Hasta que punto se le puede exigir, por más trabajadores de la salud que sean, que sigan prestando su fuerza de trabajo sin recibir su salario? Entonces achacarme que actué de espaldas a la sociedad es de una temeridad y una liviandad absoluta. La senadora no hace una sola referencia a ninguna de las resoluciones, es grave. Es violento institucionalmente, que un senador pretenda influir en los fallos y en las decisiones del Poder Judicial, al extremo absolutamente abierto de decir que lo va a ir a plantear a la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué va a ir a plantear a la SCJ? ¿Que lo cambie? ¿Que le dé directivas a los jueces de qué? Es no entender los principios básicos del Estado de Derecho.
Me atribuyó intenciones conspiranoicas. La senadora dijo que yo conspiré, no dice con quién, para llegar a esa decisión. Quizá la conspiranoica sea la senadora que al no compartir una decisión judicial piense que detrás haya todo un aparato armado para derrocar a un gobierno elegido democráticamente. La democracia del Uruguay es saludable, como el Poder Judicial. Entonces magro favor le hace ella al gobierno que defiende y al país todo catalogando a la Justicia de la forma que la cataloga y a un operador en los términos agraviantes en los que se dirigió, porque es desconocer los principios básicos del Estado de Derecho.
Usted repitió que se apegó a la Constitución y a la ley, ¿cualquier otro juez de Concurso hubiera fallado de la misma manera?
Yo entiendo que, dadas las circunstancias, quizás sí. Digo 'quizás' porque el derecho lo que tiene, como toda ciencia argumental, podría haber encontrado algún otro elemento que hubiera permitido dilatar la decisión. Yo en la situación en la que me encontraba, y creo que cualquier juez de Concurso que estudie las cosas de la misma forma, como lo hacen todos los colegas responsablemente en su respectiva materia, habría llegado a esa decisión con los fundamentos que yo llegué, en definitiva, por el riesgo que implicaba continuar con la actividad de la empresa en ese momento. Al extremo que ese riesgo se diluyó, porque el Ministerio de Salud Pública en el ejercicio de sus potestades se tuvo que encargar de la atención, porque de lo contrario la empresa no podía hacerlo.
Hay un pasivo de US$ 80 millones que viene gestándose hace dos décadas. Imagínese si esto trascenderá al gobierno de turno, como para hablar de intencionalidades, que esto comenzó en el gobierno del Dr. (Jorge) Batlle, en el año 2003, siguió los tres gobiernos del Frente Amplio y ahora este gobierno.
La senadora Bianchi lo acusa de haber tenido intencionalidad política en su fallo.
Este es el primer caso en el que he actuado que ha tomado tono mediático. Yo si hay algo que no tengo es encono contra nadie, porque si lo tuviera tendría que abstenerme de actuar. Existen innumerables garantías en nuestro, por suerte, saludable sistema de justicia. Ninguno de los actores intentó recusarme y el intercambio con el Ministerio de Salud Pública ha sido de la mayor altura.
Su fallo fue duro con el Ministerio de Salud Pública, ¿por qué?
Es cierto, porque han sido duras y ásperas las actuaciones en ese proceso, producto del derrotero que está explicitado en los fallos, pero siempre desde el respeto. De hecho, el ministro de Salud se permitió discrepar con la decisión y no lo personalizó ni me agravió a mí como persona. Él actuó desde una posición institucional, como corresponde. Es un análisis economicista jurídico. Es una empresa que tiene dificultades para continuar, más allá del trasfondo social. Más allá de todo el resto que yo lo traté de contemplar, dentro del elenco de posibilidades, de la mejor manera posible. Se tomó esa decisión en el entendido de que no había otra posible. La evaluación política que se hace de eso no corre por mi cuenta. Entiendo que políticamente puede no ser correcto o aceptable para quien ejerza el poder de turno, pero esa es la prueba de la independencia de mi decisión. Estaría actuando contrario a la ley y a la Constitución si lo hiciera.
¿Cómo tomó, entonces, los dichos de la senadora Bianchi?
Con mucha preocupación porque, por la investidura que reviste la senadora, son dichos que afectan notablemente el desempeño saludable del Estado de Derecho. La separación de poderes y en definitiva de la democracia toda. Lo más importante es que sobre la decisión de un juez por supuesto que se puede discrepar, de las formas que establece la norma y también cada persona en su libre ejercicio de del derecho de expresión. De hecho, se viene haciendo, con personas a favor y en contra de la decisión, pero por los canales habituales. Lo que no se puede, y es lo grave aquí, es dar un paso más y agraviar a la persona, al soporte del órgano, que en este caso soy yo. Con nombre y apellido, atribuyendo intencionalidades que no surgen de la sentencia. Lo que entra en un terreno que en otro ámbito podría dirimirse ante la Justicia por eventuales cruces por difamación. En este caso la senadora se escuda en sus fueros parlamentarios y puede tener una libertad de expresión superior al resto de los ciudadanos. Ahí la preocupación es grave porque ella plantea conceptos muy delicados.
Ella se expresa erróneamente al decir que un Tribunal de Apelaciones me va a "dar un rezongo", el Tribunal de Apelaciones no tiene jerarquía sobre los jueces de los que resuelve, en segunda instancia, sus fallos.
La senadora es abogada, ¿puede tener un criterio diferente?
A mí me llama mucho la atención, porque ella ha expresado que tiene casi 30 años de ejercicio de la profesión. Entonces por eso no puedo entender el agravio. Puedo respetar profundamente el disentir con mi decisión, porque es algo a lo que me enfrento a diario y es parte del juego democrático. Pero que me atribuyan intencionalidades políticas, debe de ser una de las afrentas más grandes que se pueden hacer.
Este "agravio" ¿parte de un problema personal?
Yo no la conozco a la senadora, le soy honesto. Supongo que es parte de alguna estrategia política que desconozco. Por suerte los jueces en este país sabemos poco de política, porque la tenemos vedada. Si hubiera alguna desviación de poder por mi parte, no tengo la menor duda de que la senadora o quien sea, hubiera hecho la denuncia ante la Suprema Corte de Justicia y me estarían investigando. Cosa que no ha ocurrido y dudo que ocurra, porque he actuado dentro de mis competencias y conforme a lo que entiendo es la aplicación del Derecho al caso concreto.