17 de octubre de 2017 5:00 hs

El gobierno español le recordó este lunes al presidente catalán, Carles Puigdemont, que le quedan tres días para evitar una posible suspensión de la autonomía regional, y le reprochó que no hubiera respondido a su pregunta de si declaró o no la independencia.

La peor crisis política en 40 años de democracia en España continuó profundizándose de esa forma, en función del diálogo de sordos entre el gobierno de Mariano Rajoy y el ejecutivo separatista encabezado por Puigdemont.

En una sesión parlamentaria realizada el pasado martes Puigdemont amagó con declarar la independencia en forma unilateral al afirmar que asumía el mandato surgido del referéndum inconstitucional del 1 de octubre –con 43% de participación y 90% de votos a favor–, pero dijo que su proclamación quedaba en suspenso para favorecer un diálogo con Madrid.

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Rajoy le respondió con un requerimiento para que aclarara formalmente si había declarado la independencia, y le dio un plazo inicial hasta este lunes.

Este es el primer paso para aplicar el artículo 155 de la Constitución, que permite al gobierno central suspender la autonomía de una región si no acata la ley.

En su carta, sin embargo, Puigdemont eludió contestar y ofreció dos meses para dialogar.

Puigdemont "tiene una oportunidad de rectificar, ser claro, volver a la legalidad y formular sus planteamientos donde radica la mediación en nuestro país, en el Congreso de los Diputados", afirmó la vicepresidenta del gobierno, Soraya Saénz.

Aparte de ella, Rajoy escribió este lunes al presidente catalán, que tiene tiempo hasta el jueves para ensayar una marcha atrás. "Espero que en las horas que le quedan hasta el segundo plazo responda con toda la claridad que todos los ciudadanos exigen y el derecho requiere", escribió el jefe del gobierno español.

Por su parte, el presidente catalán había dicho que la "prioridad" de su gobierno es "buscar con toda la intensidad la vía del diálogo", por lo que "durante los dos próximos meses, nuestro principal objetivo es emplazarle a dialogar".

Mireia Boya, una de los 10 diputados regionales del partido independentista de extrema izquierda CUP, que dio sustento político al gobierno regional de Puigdemont, reiteró que hay que declarar la independencia para negociar "de tú a tú" con Madrid.

"Nosotros decimos: negociar siempre, todo, pero una vez reconocidos como sujeto, una vez hayamos declarado la República", manifestó a la radio pública catalana.

En este momento, Puigdemontt se encuentra sometido a una sucesión de presiones cada vez más insostenible.

Por un lado, el gobierno español se resiste a generar las condiciones para convocar a una mesa de diálogo que permita encontrar una salida negociada a la crisis generada por las pretensiones separatistas de los dirigentes catalanes.

Y, por otro lado, sus principales aliados políticos, aquellos que comparten su visión y aspiran a declarar la independencia, no le perdonan su momento de flaqueza e insisten en que ignore el pedido de Madrid y haga de una vez lo que creen que debe hacer.

Sobre todo, lo que le exigen es que tome en cuenta y se guíe por el mandato popular emanado de las urnas el pasado 1 de octubre.

Pero no son solo esas las presiones que debe soportar Puigdemont: del mundo empresarial y financiero lo están poniendo entre la espada y la pared, dada la precaria situación institucional y política que hoy vice Cataluña.

Por eso, entre el 2 y el 11 de octubre 540 empresas realizaron gestiones para cambiar sus domicilios sociales y llevarlos fuera de Cataluña. La última en hacerlo fue Codorníu Raventós, que desde el siglo XVI produce vino en Cataluña y es famosa por su espumante.

Pero ya habían anticipado una decisión similar los bancos Sabadell, Caixa España, Freixenet, Bimbo, Gas Natural y el grupo editorial Planeta, entre otras.

Las presiones judiciales también están a la orden del día: dos dirigentes independentistas fueron enviados a prisión este lunes por sedición y el jefe de la policía catalana también declaró por la misma razón. Y Puigdemont podría ser el próximo si reconoce la independencia.

Secesionistas enviados a prisión

Dos líderes de influyentes asociaciones independentistas catalanas, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, que convocaron a una manifestación ante la consejería de Economía, fueron imputados por "sedición" y deberán cumplir prisión preventiva, según una resolución judicial.

Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), y Cuixart, de Òmnium Cultural, fueron los "principales promotores y directores" de esa manifestación, indicó el auto de procesamiento.

Jefe de los Mossos

El jefe de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, quedó en libertad provisional tras declarar por segunda vez ante la Audiencia Nacional, acusado de sedición.

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