Tras el caótico y disputado referéndum de independencia de Cataluña, Mariano Rajoy, presidente del gobierno español, tendrá que mostrar habilidades políticas del más alto nivel. El voto ilegal del domingo ha polarizado drásticamente a la sociedad catalana. Esto llevó las tensiones entre el gobierno de la región y las autoridades de Madrid a una intensidad inaudita desde el retorno de España a la democracia, a finales de los años 1970.
Rajoy se enfrenta a una tarea extraordinariamente difícil. Insiste en que es deber fundamental de su gobierno defender la ley y preservar la integridad del Estado español. Sin embargo, el uso que hizo de la policía el domingo de sus bastones y balas de goma para interrumpir el referéndum corre el riesgo de profundizar el enfrentamiento y postergar el momento en que Madrid y las autoridades catalanas se sienten para encontrar una salida al conflicto.
Las actitudes de otros actores en este drama son también de vital importancia. Demasiada intransigencia por parte del conservador Partido Popular de Rajoy va a tensar las relaciones con los partidos liberales y centroizquierdistas de Madrid, que hasta ahora lo han defendido en su oposición al separatismo catalán.
Después de dos elecciones legislativas poco concluyentes en diciembre de 2015 y junio de 2016, Rajoy está a cargo de un gobierno minoritario que podría caer si otros partidos intentan sacar provecho político de la crisis en Cataluña. Cinco días antes del referéndum, el gobierno se sintió obligado a retirar su presupuesto para 2018 de la consideración parlamentaria, diciendo que no tenía los votos para aprobarlo.
En términos de sus lealtades políticas, los secesionistas de Cataluña son una alianza impía de nacionalistas de clase media, centroderecha e izquierdistas radicales, incluso revolucionarios. Los nacionalistas de clase media dicen que ya no están satisfechos con la autonomía conferida a Cataluña bajo la Constitución española de 1978. Pero en la extrema izquierda, algunos activistas no anhelan simplemente lograr la independencia catalana sino derribar el orden económico capitalista.
El Partido de la Candidatura de la Unidad Popular, que brinda un apoyo parlamentario crucial al gobierno secesionista de Cataluña, llamó a la huelga general como la siguiente fase de la lucha. Muchos separatistas tienden a retratar su candidatura a la independencia en términos maniqueos. Lo representan como un enfrentamiento entre una región económicamente avanzada, políticamente iluminada, con una rica tradición cultural y un Estado español de gran alcance con instintos excesivamente centralizadores, un toque de arrogancia castellana y un impulso atávico a la represión franquista.
Sin embargo, los defensores de la unidad territorial de España no son en absoluto políticos castellanos o de derecha. Tomemos a Felipe González, un socialista proveniente de la región sur de Andalucía y que fue presidente de 1982 a 1996. En un reciente artículo de prensa, condenó el referéndum como "una ruptura sediciosa y, por ello, ilegal del ordenamiento jurídico democrático, llevada adelante sin respeto alguno a las normas que le dan legitimidad a los responsables políticos que lo quieren imponer. (...) Asistimos al mismo tiempo a la emergencia de esos nacionalismos de distinta índole que llevaron a Europa entera a las catástrofes de la primera mitad del siglo XX".
Otro adversario del separatismo catalán es Albert Rivera, nacido en Barcelona, la capital catalana.
Lidera Ciudadanos, un partido liberal que surgió en reacción a la crisis económica y a los escándalos de corrupción que sacudieron a España en los primeros años de esta década. Una de las líneas favoritas de Rivera es: "Cataluña es mi patria, España es mi país y Europa es nuestro futuro".
En principio, el camino más sensato para que las autoridades de Madrid y Cataluña le bajen el tono a las tensiones es abrir un diálogo sobre una forma mejorada de autogobierno regional. Luis de Guindos, ministro de Hacienda de España, insinuó esta solución hace dos semanas cuando expuso la posibilidad de una mayor autonomía financiera para Cataluña. Sin embargo, dejó en claro que el impulso por la independencia debía detenerse. Es un precio que muchos secesionistas, por ahora, no parecen dispuestos a pagar.