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Realismo mágico y corrupción en América Latina

La lucha política se desvió hacia los jueces, y la oligarquía ya no es intocable

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24 de abril de 2019 a las 05:02

El suicidio del ex presidente peruano Alan García es otra escena tremebunda de una de las peores sagas de América Latina: su historia de corrupción. 

Para algunos Alan García fue un héroe y una víctima. “No hubo ni habrá cuentas, ni sobornos, ni riqueza”, escribió en su carta de despedida, leída en forma póstuma. Pero muchos otros creen que fue un gesto dramático, en estado depresivo, para salvar su imagen, o para acabar con un tormento moral. Demasiadas pruebas, sobre sus actos y los de sus colaboradores, lo tenían acorralado.

“Mucho me temo que participaba de esa falta de escrúpulos, de esa tolerancia con los abusos y excesos tan extendidos entre los dirigentes políticos de América Latina que llegan al poder y se sienten autorizados a disponer de los bienes públicos como si fueran suyos, o, lo que es mucho peor, a hacer negocios privados”, escribió en El País de España este domingo el novelista y ensayista peruano Mario Vargas Llosa, quien fue su acérrimo rival en algunas etapas, y que lo trató durante decenios.

Una clase dirigente prendida de la obra pública

El caso “Lava Jato” (Hidrolavadora) iniciado en Brasil en 2014, abrió una gigantesca Caja de Pandora: el pago sistemático de sobornos por algunas grandes empresas, como la constructora Odebrecht, a cambio de obras públicas. Más de un centenar y medio de personas fueron a la cárcel en Brasil, entre ellos los ex presidentes Luiz Inácio “Lula” Da Silva y Michel Temer.

La gran empresa que dirigía Marcelo Odebrecht operaba en 26 países como proveedor de energía y agua, y hacía carreteras, aeropuertos, estadios, oleoductos y hasta fabricaba una nueva generación de submarinos brasileños. En 2016 sus ejecutivos admitieron haber pagado sobornos por 788 millones de dólares en una decena de países latinoamericanos y dos africanos.

La suciedad alcanzó a toda la región, y puso de manifiesto lo que desde siempre se sospechó aunque era muy difícil probar: la obra pública es la fuente de las mayores corrupciones, y sostén de buena parte de la oligarquía política y empresarial latinoamericana, para su vida personal y para sus campañas electorales.

En Perú, los ex presidentes que sucedieron al régimen militar que acabó en 1980 tienen causas judiciales abiertas a partir del “Lava Jato”. Además de Alan García, también Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuiczynski parece que fueron “tocados” por los ejecutivos de Odebrecht.

Kuczynski —quien debió renunciar a la Presidencia en marzo del 2018— cumple prisión preventiva, Humala ya estuvo preso y Toledo huyó a Estados Unidos, donde enfrenta un pedido de extradición. El ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) cumple una larga condena por violaciones a los derechos humanos y corrupción, en tanto su hija primogénita y líder opositora Keiko Fujimori también está en la cárcel por contribuciones de Odebrecht.

La constructora brasileña, una de las mayores del hemisferio sur y contratista de Petrobras, admitió ante la justicia estadounidense que había pagado 29 millones de dólares en sobornos durante tres gobiernos peruanos. 

Rouba mas faz

Se sabe que Brasil es profundamente corrupto desde la era colonial portuguesa. Las coimas, acuerdos de precios y otras prácticas parecidas están en la base de sus negocios. La corrupción gozaba de cierta aceptación social, implícita tras el lema rouba mas faz (roba pero hace).

Ahora en Brasil, como en buena parte del mundo, la tolerancia de la sociedad ante la corrupción ha bajado mucho, mezclada con frustración y odio. El “Lava Jato” es paradigmático. Sumaba hasta marzo 1.200 órdenes de detención y 155 personas condenadas. Y la historia continúa.

Algunos Estados brasileños están al borde de la bancarrota y tienen sus propias mega-causas judiciales. Cuatro de los últimos cinco gobernadores de Rio de Janeiro están o estuvieron presos por corrupción.

En Colombia, dos ejecutivos y un antiguo jerarca de gobierno se suicidaron, o al menos eso parece, tras ser nombrados en la causa Odebrecht por la construcción de una autopista.

El ecuatoriano Jorge Glas, vicepresidente de Rafael Correa y luego de Lenín Moreno, fue sentenciado en diciembre de 2017 a seis años de prisión por el cobro de 13,5 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, que habría repartido en ese país un total de 40 millones.

Las mayores coimas habrían sido pagadas en Venezuela, Cuba y República Dominicana, aunque allí se investiga poco y nada, al menos a los ojos del público.

El dinero de Odebrecht llegó en mayor o menor medida a todos los países del área. Las sospechas alcanzan incluso a Uruguay, al menos como vía de paso de dinero.

Pero no sólo de Odebrecht vive la podredumbre. La historia es mucho más antigua. 

De Argentina a Nicaragua

En Argentina la corrupción está tan naturalizada que muchas personas ni siquiera la toman por tal. Son tantos quienes participan de pequeñas corruptelas, que es muy fácil encontrar cómplices. El sistema se alimenta a sí mismo.

Más arriba en la escala, está el caso del enriquecimiento vertical de Néstor y Cristina Kirchner, quienes gobernaron el país entre 2003 y 2015. Ellos acumularon una enorme fortuna a partir de su feudo de Santa Cruz, en buena medida por la obra pública y por el uso de información privilegiada para invertir en su provincia. Sin embargo Cristina Fernández es la mejor posicionada en las encuestas hacia las elecciones presidenciales de octubre de este año, en buena medida por el fracaso del gobierno de Mauricio Macri, aunque también es la que mayor rechazo registra.

Nicaragua es uno de los países más pobres de América Latina y de los más corruptos. La saga se inició mucho antes de los Somoza, dictadores paradigmáticos que usaron la hacienda pública durante varias décadas como si fuera propia, y continuó luego de ellos. Arnoldo Alemán, presidente de Nicaragua entre 1997 y 2002, fue preso acusado de robar al Estado al menos 100 millones de dólares.

El antiguo revolucionario Daniel Ortega, líder de la revolución sandinista, ha gobernado Nicaragua durante 23 años, en dos períodos. Es casi un señor feudal, rodeado de cortesanos y enriquecido con dineros públicos, y sólo comparte el poder con su esposa, la poeta Rosario Murillo.

Las masivas protestas iniciadas el 18 de abril de 2018 hundieron la economía nicaragüense y proyectan una sombra ominosa sobre el futuro de Ortega y su mujer.

El ingobernable Ecuador

Ecuador, un país signado por la inestabilidad política, tiene fama de ingobernable. El ex presidente Gustavo Noboa (2000-2003) debió exiliarse tras un proceso por malversación de fondos. Luego fue amnistiado y la causa anulada. 

El ex presidente Abdalá Bucaram, destituido en 1997 por el Congreso por “incapacidad mental para gobernar”, fue juzgado por diversos delitos de corrupción. Estuvo prófugo durante 20 años, hasta que prescribieron las causas en su contra.

Fabián Alarcón, sucesor interino de Bucaram, fue condenado por haber nombrado, cuando era titular del Congreso, 1.200 empleados públicos que cobraban sueldos pero no asistían a trabajar.

El giro más dramático se produjo a partir de 2017, cuando el nuevo presidente ecuatoriano Lenín Moreno repudió a su antiguo líder, Rafael Correa, quien gobernó entre 2007 y 2017. Correa realizó grandes reformas y fue muy popular, pero su exitoso ciclo se agotó con la caída de la renta petrolera. Moreno debe ahora lidiar con el ajuste.

En un referéndum celebrado en febrero de 2018, una gran mayoría de ecuatorianos suprimió la reelección presidencial indefinida, lo que cerró las puertas a un regreso de Rafael Correa, quien tiene fama de autoritario. Tiene procesos abiertos por presuntos perjuicios al Estado en negocios petroleros, que rechaza por considerarlos un caso de persecución política por vía judicial. Está refugiado en Bélgica, de donde es su esposa. 

En Bolivia, el presidente Evo Morales, quien gobierna desde 2006, se postula para un cuarto mandato consecutivo, a pesar de la prohibición legal y el resultado negativo de un referendo.

Morales, un izquierdista que hizo múltiples reformas sociales y fue muy popular, ahora sufre mucho desgaste por casos de corrupción, su autoritarismo, la violación de la legislación vigente y las increíbles vueltas para sostenerse en el poder. 

Realismo mágico en Venezuela y México

Venezuela ha sido tradicionalmente uno de los países más corruptos de América Latina. Una oligarquía cleptómana ha desviado hacia sus bolsillos una parte de la riqueza petrolera, casi lo único que produce el país. 

El dos veces primer mandatario Carlos Andrés Pérez (1974-1979 y 1989-1993) fue removido de la Presidencia en mayo de 1993 luego de que la Corte Suprema determinara que existían méritos para enjuiciarlo por la malversación de voluminosos fondos secretos del Estado. Fue condenado a una pena de dos años y cuatro meses en mayo de 1996, buena parte de la cual ya había cumplido. Luego tuvo otras causas por corrupción.

El también ex presidente venezolano Jaime Lussinchi (1984-1989) fue procesado por malversación de fondos. El caso prescribió en 2002, mientras residía en Costa Rica.
El régimen creado por Hugo Chávez desde 1999, que concentró un enorme poder en los dirigentes de su partido y en un puñado de militares y burócratas, han llevado la corrupción hasta una escala inimaginable. Casi nada ocurre en Venezuela sin comisiones de por medio. Muchos miembros de la nueva burguesía bolivariana, como la hija de Chávez, María Gabriela, acumularon grandes fortunas fuera del país.

La corrupción es parte esencial de México. El robo sistemático fue formalizado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó 70 años consecutivos, a partir de 1930. La corrupción mexicana se completa con la delincuencia organizada, principal responsable de la violencia masiva. 

La trama de complicidades entre el Estado y los delincuentes se rompió a fines de 2006, cuando el presidente Felipe Calderón lanzó a los militares contra el narcotráfico. Desde entonces cerca de 250.000 personas han sido asesinadas, y más de 40.000 están desaparecidas.

¿Y qué decir de Paraguay? El ex presidente Luis González Macchi (1999-2003) fue procesado en agosto de 2003 por el presunto desvío de 16 millones de dólares del Banco Central a una cuenta bancaria en Nueva York. Ese mismo año fue imputado junto a su esposa, Susana Galli, por enriquecimiento ilícito.

Juan Carlos Wasmosy, presidente de Paraguay entre 1993 y 1998, fue condenado a cuatro años de cárcel por el desvío de 50 millones de dólares del Banco de Desarrollo.

Segunda y última nota: Por qué el combate a la corrupción ahora parece más profundo y drástico

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