La refinería occidental de Amuay, donde una explosión por fuga de gas dejó 42 muertos y más de 150 heridos, reanudó sus operaciones el viernes, casi una semana después que el siniestro obligó a paralizar casi por completo esa instalación petroleras venezolana.
El CRP cubre 67% de la demanda de combustibles en el mercado doméstico, incluyendo la transferencia de componentes para mezclas y productos terminados al resto de las refinerías que conforman el circuito nacional, de acuerdo a cifras de PDVSA.
Críticos y expertos en el manejo de la industria petrolera afirman que las refinerías venezolanas acusan fallas y retrasos en el mantenimiento. Otros afirman que los problemas de seguridad se agudizaron como consecuencia de los despidos masivos que realizó el gobierno en la estatal petrolera venezolana PDVSA.
La explosión ha sido utilizada por opositores políticos para desatar una lluvia de críticas contra el gobierno del presidente Hugo Chávez, quien está optando a una tercera reelección.
El gobierno ha rechazado los señalamientos contra PDVSA y ha dicho que hasta que se culminen las investigaciones no se puede hablar de deficiencias en el mantenimiento de instalaciones y planes de contingencia.
Algunos analistas estiman que el suceso ocurrió en el peor momento para Chávez debido a las cercanía de las elecciones presidenciales, previstas para el 7 de octubre.