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Reforma de la seguridad social avanza a paso lento y borrador para el Ejecutivo quedará para 2021

La comisión de expertos que diagnosticará el régimen de jubilaciones y hará propuestas al Poder Ejecutivo sigue en proceso de formación

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09 de septiembre de 2020 a las 05:02

El presidente Luis Lacalle Pou se ha propuesto concretar una reforma del régimen de seguridad social durante su período, pero los avances perfilan lentos. Esto se debe a la complejidad de un tema espinoso que implica muchos intereses, sin desconocer las dilaciones derivadas de la pandemia. 

Rodolfo Saldain, el experto que presidirá la comisión de expertos -que se abocará al diagnóstico del régimen y a las recomendaciones de la reforma-, informó a El Observador que la misma aún no está totalmente definida. “Avances de la comisión no hay porque no está designada. Se esperan los nombres de los técnicos que proponga el Frente Amplio”, explicó.

Los nombres de la comisión confirmados o en proceso de ello, son Gustavo Michelin (representante de la OPP), Ana Inés Zerbino y Renán Rodríguez (Partido Colorado), Álvaro Forteza (Partido Independiente), Albero Lacassy (Cabildo Abierto), Hugo Bai (PIT-CNT), Gabriel Regalado (Onajpu) y Fernanda Milans (Lista 3 Millones).

Una vez constituida, la comisión tendrá 90 días para realizar un diagnóstico del sistema de seguridad social y otros 90 días para hacer sus propuestas.

La exposición de motivos del presupuesto para esta reforma se presentó la semana pasada. Se estima que el documento de las propuestas de reforma sea entregado al Poder Ejecutivo en febrero o marzo de 2021. En un principio, se había manejado que este borrador podía estar listo para fines de este año. 

Cuestión de cifras

El sistema previsional de Uruguay fue diseñado bajo la lógica de que siempre iba a haber más trabajadores para financiar transferencias a la población de mayor edad, lo que ya no es así. 

En 1950, había ocho trabajadores en edad de trabajar por cada persona mayor de 65 años, y en el año 2000 esa proporción cayó de cinco a uno, según la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Para el 2050, será de tres a uno, según las mejores proyecciones. 

Eso significa que el sistema no puede ser soportado por una población económicamente activa que no va a crecer y una población en situación de jubilación que se duplicará en los próximos años. 

Diversos estudios revelan que la esperanza de vida en Uruguay ha venido creciendo en el orden de un mes y medio por cada año. Según datos oficiales, el presupuesto para jubilaciones aumentó entre 2,5% y 3% del PIB en los últimos diez años. 

Un punto de comparación: Dinamarca tiene prácticamente dos veces su PIB acumulado en ahorro previsional, mientras que Uruguay apenas cuenta con el 30% acumulado de las cuentas que administran las AFAP.

Pilares de discusión

Edad mínima de retiro y la posibilidad de unificación de las cajas (profesional, bancaria, notarial, militar y policial) son algunos de los temas que estarán sobre la mesa de la comisión.

En 1979 se fijó en 60 años la edad mínima de acceder a la jubilación, en una época en la que la esperanza de vida era unos seis años menos que la actual, por lo que requiere revisión. En cuanto a las diversidad de cajas, hay propuestas para unificarlas con el fin simplificarlas y la meta de hacerlas más equitativas, aunque este punto es especialmente controversial.

También se habla de opciones de retiro parcial o distintos tipos de retiros, para que la sociedad pueda aprovechar los aportes de la gente mayor  en plenas capacidades. “Ya existen leyes de ese tipo en el país: la Ley de Retiro Parcial, que tiene 150 personas amparadas, y la Ley de compatibilidad entre trabajo y jubilación, que no tiene a nadie porque requiere un acto de autorización del Poder Ejecutivo”, dijo Saldain en radio Carve hace unos días.

Problema global

Uruguay está lejos de ser el único. Muchos países se enfrentan a problemas con sus sistemas de jubilaciones y pensiones, los europeos debido al envejecimiento de la población que se ha profundizado allí en los últimos años, y los latinoamericanos básicamente por ineficiencias de sus regímenes previsionales y falta de una cultura de ahorro a lo largo de la vida.

En el libro Revisiones. Mientras Europa avanza hacia la capitalización individual, en América Latina algunos proponen volver al reparto que acaba de publicar la Federación Internacional de Fondos de Pensiones (FIAP), se plantea cómo los países con sistemas de reparto comienzan a adoptar mecanismos de capitalización, basándose en cuentas individuales, el incremento de esas contribuciones y el ahorro voluntario, para aliviar los déficit que enfrentan. 

La posición de la FIAP es que sectores políticos de varios países de América Latina han propuesto reinstalar o fortalecer los sistemas de reparto o acumulación colectiva de fondos con beneficios definidos y administración pública centralizada, debilitando o eliminando los sistemas de capitalización individual, lo que entiende contraproducente. Sin embargo, es tópico de debate.

Lo cierto es que hay países que han establecido sistemas mixtos: una parte a cargo de transferencias intergeneracionales y otra parte a cargo de esquemas plenamente capitalizados, y están midiendo los resultados.

En Uruguay, la comisión de expertos deberá hacer una revisión a fondo y un análisis comparativo para llegar a las recomendaciones que el país requiere. Una "papa caliente" que llevará tiempo cocinar, ante la mirada de todo un país y con diversos intereses en juego. 
 

Particularidades de algunas cajas

La Caja Notarial es la que tiene mayor nivel de autonomía. Recientemente procesó una reforma que elevó la edad de jubilación de 65 años, computándose los 30 mejores años de trabajo, entre otros cambios. 

La Caja Bancaria sufrió una reforma importante en 2008, en la que se estableció un impuesto severo a las jubilaciones, como forma de bajar los montos. El aporte de los bancos a la Caja Bancaria es del orden del 25% del salario del trabajador, más otros aportes. 

El 30% de los recursos de la Caja de Profesionales viene de la tributación que paga la población (a través de timbres fiscales, de certificados médicos, etc). Algunos abogados votaron en contra de esa decisión en su momento, por considerar que la población no tiene por qué ayudar a la jubilación de los profesionales. Otro tema más a resolver. 

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