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Reforma jubilatoria: los cambios con los que Cabildo Abierto va a insistir en Diputados
La Cámara de Senadores aprobó a fines de 2022 con los votos del oficialismo la reforma de la seguridad social que envió el Poder Ejecutivo. Si bien todos los legisladores de la coalición alzaron su mano al momento de votar, en Cabildo Abierto lo hicieron con el compromiso de revisar algunos puntos en la cámara baja.
Y la tensión que van a generar esas diferencias ya empezaron a quedar plasmadas esta semana. El miércoles por la noche, los legisladores de la coalición se reunieron para definir los detalles de la forma de trabajo de la comisión especial que va a tratar el tema. Ese encuentro, que se realizó en la casa de Punta Ballena del diputado del Partido de la Gente, Daniel Peña, no tuvo presencia de legisladores de Cabildo Abierto.
Es que los cabildantes entendieron que era necesario mandar un mensaje por esas diferencias que existen con el texto, según dijeron fuentes del partido.
El presidente Luis Lacalle Pou le pidió a los legisladores de la coalición que aprueben el proyecto “antes de que largue el último ciclista” (antes de que empiece la Semana Santa) por lo que los diputados, siempre y cuando cumplan con el pedido del mandatario, tienen dos meses para tratar el texto.
Pero para poder avanzar, los legisladores de la coalición deberán sortear las diferencias internas que existen en la coalición y con las que los diputados de Cabildo Abierto van a insistir durante el debate.
Hay por lo menos cinco puntos en los que los cabildantes tienen diferencias, según dijo a El Observador el diputado Álvaro Perrone. El aumento de la edad de retiro, la cantidad de años que se toman para hacer el cálculo de la tasa de reemplazo, la posibilidad de que las AFAP puedan invertir en el exterior y la agencia reguladora son las diferencias que plantean y, además, pretenden introducir un debate sobre el tema de las certificaciones médicas.
Respecto a la edad de retiro, los cabildantes entienden que debe haber más rubros que sean exceptuados de ese aumento como ya lo fueron la construcción y el trabajo rural. Entienden que hay otras tareas, como algunas que se desarrollan en los frigoríficos por ejemplo, que también deberían estar exceptuados del aumento de 60 a 65 años.
Como saben que es difícil diferenciar por rubros para la edad de retiro, en Cabildo Abierto también van a plantear la posibilidad de incluir bonificaciones, como tienen militares, maestros o policías, para que se computen más años que los trabajados efectivamente. Es decir, que para ciertos rubros se computen, por ejemplo, seis años cada cinco trabajados. Además de los 65 años son necesarios 30 años de trabajo para generar causal jubilatoria.
El otro tema que ya generó cruces en el Senado, y que el redactor de la reforma Rodolfo Saldain rechazó, fue acotar la cantidad de años que se tienen en cuenta para calcular la tasa de reemplazo (el salario que se cobra como jubilado). Actualmente se toman en cuenta 10 años y la reforma pretende llevarlo a 25 años. Los cabildantes, sin embargo, quieren un punto medio de 15 años.
La reflexión de los liderados por Manini es que dado que el proyecto prevé una tasa de reemplazo similar a la que está hoy vigente al momento de configurar causal jubilatoria (45% para 60 años de edad y 30 años computados) aseguran que con la reforma “se producirá una rebaja importante de las pasividades, fundamentalmente en los sectores con carreras laborales piramidales con significativo crecimiento de salario”.
Otro de los puntos sobre el que los cabildantes quieren poner el ojo es la habilitación que da la reforma a que las AFAPs puedan invertir en el exterior. Actualmente solo pueden invertir dentro de Uruguay y ahora la reforma habilita a que puedan comprar bonos en el extranjero.
Para los cabildantes, explicó Perrone, es necesario ajustar la redacción de ese pasaje para que quede claro exactamente dónde pueden invertir. “Después cambia el signo político de un gobierno y deciden ir a comprar bonos de Venezuela”, explicó Perrone para ejemplificar sus cuestionamientos.
El presidente de la Asociación Nacional de AFAP, Sebastián Peaguda, fue consultado sobre este tema en agosto de 2022 en Desayunos Informales. “No vayan a comprar bonos en Argentina”, le dijo uno de los periodistas en tono de broma.
“La regulación establece que tienen que ser de altísima calidad crediticia”, respondió Peaguda. El proyecto establece que las AFAP podrán invertir los recursos en “valores de renta fija emitidos por organismos internacionales de crédito o por gobiernos extranjeros de muy alta calificación crediticia, con las limitaciones y condiciones que establezca la Agencia Reguladora de la Seguridad Social. No se admitirá dentro de este literal la inversión en títulos representativos de índices financieros”.
Los liderados por Guido Manini Ríos entienden que la redacción de este artículo tiene que ser aun más precisa y restrictiva.
Por último, los cabildantes quieren mirar con detalle la creación de la Agencia Reguladora de la Seguridad Social que prevé la reforma. Más allá de la discusión de si es inconstitucional o no, el diputado Perrone entiende que eso puede ser una “repartija” de cargos que hay que mirar con atención.
A todo esto se le suma, además, el debate sobre la Caja Notarial que en Cabildo Abierto entienden que no es necesario llevar hacia un régimen común como el resto de los sistemas. Hasta ahora, la caja nunca requirió de aportes del Poder Ejecutivo y, por eso, las autoridades de ese sistema entienden que no deben recibir el mismo trato que otros que sí tuvieron déficits pronunciados.
Certificaciones
Otro de los puntos sobre los que quiere discutir Cabildo Abierto es el tema de las certificaciones médicas. “El BPS tiene un déficit de US$ 600 millones y US$ 200 millones son por certificaciones”, dijo Perrone a El Observador.
El texto enviado por el gobierno no dice nada respecto a este tema, porque el BPS está procesando cambios en este sentido, pero los cabildantes quieren introducirlo en el debate porque entienden que es parte de un todo. El gobierno quiso avanzar en este período para regular las licencias por enfermedad de los funcionarios públicos pero hasta ahora no ha logrado implementar el nuevo sistema.
En Cabildo Abierto entienden que se deben mejorar los controles porque existe un abuso de este mecanismo más allá de que hay trabajadores que precisan de la certificación.
