La buena noticia de que
Brasil haya iniciado una lenta salida de dos años de recesión no disipa el bochorno de corrupción que campea en todo el sistema político de la mayor economía latinoamericana. Por un lado, la inflación anualizada a julio cayó a 2,71%, su nivel más bajo en casi 20 años, lo que atenúa en algo la pobreza en que viven millones de brasileños.
Por otro, el presidente del Banco Central, Ilan Goldfajn, aseguró que "el mercado laboral se ha recuperado algo más rápido de lo esperado tras una profunda recesión", aunque no se anunciaron cifras específicas sobre disminución del desempleo. La actividad productiva y exportadora se recupera de a poco y los mercados reaccionaron positivamente a la reciente absolución parlamentaria del presidente
Michel Temer.
La Cámara de Diputados frenó denuncias que podían haberle costado el cargo si llegaban al máximo tribunal del país, como había solicitado la Justicia. Pero la decisión parlamentaria, que le aseguró a Temer seguir en el gobierno hasta las próximas elecciones a fin de 2018, no atenúa el peso de la corrupción enquistada en la mayor parte del sistema político.
Muy pocos creen en la inocencia del presidente, si es que quedan algunos después de que se conocieran una grabación y video que presuntamente lo muestran de acuerdo con el trasiego de grandes coimas. Pero con sus manejes en Diputados aseguró los votos necesarios para que su caso quedara archivado. Ahora solo podrá ser juzgado una vez que complete el período, luego de haber asumido hace un año como vicepresidente centrista de la destituida mandataria izquierdista
Dilma Rousseff.
En tanto la transparencia ha salido magullada en todo este episodio, avanzan medidas para empezar a apuntalar la economía. Están en marcha dos cambios socialmente costosos y resistidos pero impuestos por la necesidad.
Uno es en el campo fiscal, con la congelación del gasto público en términos reales por 20 años, lo que supone una voluminosa reducción de las erogaciones del Estado. El otro es una drástica reforma laboral que, entre otros muchos puntos, flexibiliza la negociación de salarios y otros emolumentos de los trabajadores, que ahora pueden bajar. Está pendiente además la reforma del costoso sistema de seguridad social. Son temas que enfrentan la airada resistencia de los sindicatos y de la mayoría de la población, lo que le ha costado a Temer ser rechazado por el 84% de los brasileños.
El derrumbe se debe tanto a las medidas de ajuste como a las acusaciones de corrupción, endémica infección que se extiende al sistema político y al sector empresarial. Además de los cargos contra Temer y de las decenas de dirigentes partidarios y empresariales que ya están en la cárcel, 190 diputados, casi el 40% del total, están bajo investigación judicial.
A la mayoría se los acusa de haber recibido coimas relacionadas con el escándalo de corrupción en Petrobrás y en grandes empresas. Adicionalmente el expresidente izquierdista Inácio Lula da Silva, el político más popular del país, enfrenta una condena a nueve años de cárcel que ha puesto en peligro su anunciada esperanza de volver al poder. En un escenario donde nadie se salva, es preciso iniciar una nueva etapa. La verdadera recuperación de Brasil exige una plena reforma de su sistema político y limpieza de la corrupción que afecta a la izquierda y a la derecha. Sin eso, las medidas que se tomen serán golondrinas de un corto verano.
