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Registro de abusadores sexuales está trancado en el Parlamento

Tras el asesinato de Brissa González varios políticos se manifestaron a favor de crear una base de datos de abusadores

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24 de abril de 2018 a las 05:00

El caso de Brissa González, la niña de doce años abusada y asesinada en noviembre de 2017 por Williams Pintos, un hombre que había sido condenado dos veces por al menos seis ataques sexuales, abrió el debate sobre la necesidad de crear un registro de abusadores. Pero aunque tanto en el oficialismo como en la oposición surgieron voces favorables a dar tratamiento a un proyecto de ley presentado por el senador Luis Lacalle Pou, y que proponía crear un registro de acceso público en este sentido, el tema todavía no ha tenido tratamiento parlamentario.

Según dijo el vicepresidente de la comisión de Constitución y Legislación, Carlos Camy, este asunto fue presentado el pasado 13 de marzo como una de las diez prioridades de la bancada del Partido Nacional. Sin embargo, hasta ahora la comisión estuvo abocada a tratar una modificación a la ley que creó el Instituto de Derechos Humanos –un proyecto presentado en noviembre de 2017- y a hacer una evaluación de los primeros seis meses del nuevo código del proceso penal.

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El último asunto se impuso en la agenda de la comisión a pedido del senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, luego de que el Ministerio del Interior, el Poder Judicial y la Fiscalía cruzaran culpas por problemas en la puesta en marcha del nuevo sistema penal.

Con la visita de los representantes de los tres operadores de la Justicia, y la votación de las modificaciones de la ley que creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos prevista para esta semana, Camy dijo que es esperable que en los próximos días se comience a dar estudio a algunos de los temas considerados prioritarios por parte del Partido Colorado, el Partido Nacional, el Frente Amplio y el Partido Independiente. La elección de qué asunto se tratará en qué orden surge del consenso entre lo propuesto por las distintas bancadas.

La primera vez que Lacalle Pou planteo la necesidad de crear un registro de abusadores fue en 2008, cuando todavía era diputados, pero fue descartado por el Frente Amplio. En 2010 Lacalle Pou insistió al volver a presentar el mismo proyecto pero en abril de 2013 la Comisión de Código de Diputados lo archivó sin darle tratamiento. En agosto de 2015 volvió a presentarlo, esta vez en el Senado. Tras la muerte de Brissa el dirigente blanco el tema se convirtió en "prioridad" para el Partido Nacional.

Tras la muerte de Brissa el senador colorado, Pedro Bordaberry se mostró dispuesto a apoyar la creación de un registro público de abusadores, al tiempo que el presidente Tabaré Vázquez dijo que hay que el tema debía ser estudiado. "Hay que instrumentarlo y trabajar al respecto, y tener todos los mediso disponibles para luchas esta grave patología que no es solo del Uruguay", dijo al respecto el mandatario.

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, había dicho que estaba de acuerdo con que haya un debate sobre la posibilidad de que se cree un registro porque "hay países que lo tienen que les ha dado resultado".

Según informó La Diaria, el proyecto iba a ser tratado por la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores el 19 de diciembre, pero finalmente su análisis se postergó. El senador del Partido Independiente, dijo a ese medio que el Frente Amplio fue quien prefirió aplazar el tratamiento de este asunto porque necesitaban estudiar el tema. Por su parte, el senador Rubén Martínez Huelmo (Frente Amplio) había dicho que en realidad las bancadas no estaban prontas para tratar el tema porque no se hizo "el examen pertinente".

El senador frenteamplista había dicho que el tema sería tratado en marzo, pero al 24 de abril todavía no fue analizado por la Comisión, ni tampoco está definido cuándo empezará a ser estudiado.

Lo propuesto y lo ya vigente

La propuesta de Lacalle Pou implica la creación de un Registro Nacional de Violadores y Abusadores de Menores, a cargo del Ministerio del Interior, donde se incluya información sobre las personas condenadas por el delito de violación, abuso sexual, y otros delitos que vayan contra la "integridad sexual" de los menores. En el registro se incluyen además la fecha, lugar de nacimiento, nacionalidad, cédula, trabajo y actividades con sus direcciones correspondientes, domicilio actual de la persona y especificación del delito por el cual fue sentenciada.

La senadora del Frente Amplio, e integrante de la Comisión de Constitución y Legislación, Daniela Payssé, dijo a El Observador que hasta ahora no está claro cuándo será estudiado ese proyecto, debido a que se está "intentando intercalar las distintas propuestas de las bancadas".

De todas formas, Payssé insistió en que sería necesario consultar con la Suprema Corte de Justicia para saber de qué forma quedan registrados actualmente los datos de abusadores. Asimismo, dijo que en efecto la ley contra la violencia hacia las mujeres basada en género –aprobada el 13 de diciembre- ya incluye implícitamente la creación de un registro de abusadores.

Concretamente se trata del artículo que señala que "las sentencias de condena" en delitos sexuales, desde el abuso y violación hasta distribución de pornografía infantil, "conllevarán en todos los casos la pérdida o inhabilitación (...) para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia", así como aspirar a "cargos públicos o privados en la educación o la salud". Payssé admitió que la norma no aclara cómo se impedirá que personas con antecedentes de abuso accedan a esos puestos, por lo que deberá ser explicitado en el texto que reglamente esta norma, lo que implicaría en efecto la creación de un registro de abusadores que pueda ser consultado por organizaciones que contraten personas para trabajar con la población de riesgo.

Payssé dijo además que el proyecto de ley sobre Voluntariado Social que será votado en los próximos días en el Senado también incluye un artículo que prohíbe que personas con sentencias de condena por delitos sexuales puedan trabajar en voluntariado en contacto con niños y adolescentes, lo que ampliaría aún más la utilidad del registro creado implícitamente por la ley contra la violencia hacia las mujeres.

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