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Rendición de Cuentas: acuerdo para que funcionarios públicos tengan 9 días pagos de licencia médica por año
Tras más de dos años de idas y vueltas, finalmente el oficialismo llegó a un acuerdo sobre las licencias médicas de los funcionarios públicos y aplicará cambios al sistema vigente que permite que los trabajadores se ausenten por enfermedad y no tengan ningún descuento salarial.
La Cámara de Diputados aprobó un nuevo régimen que habilita nueve días de licencia médica pagos por año no acumulables para cada trabajador. Una vez utilizados esos días de licencia paga, el trabajador recibe el 75% de su salario por el resto de los días que esté certificado.
La propuesta inicial del Poder Ejecutivo era de cinco días desde que entre a regir el nuevo régimen y tres días más por año acumulables hasta un máximo de 15. Además, una vez utilizados los días pagos corrían tres días sin recibir salario y a partir del cuarto el subsidio cubría el 75% del salario. Actualmente, los funcionarios públicos no tienen descuentos salariales por enfermedad mientras que en el sistema privado los primeros tres días no se paga nada y a partir del cuarto el BPS abona el 75%.
La normativa acordada en Diputados es aplicable a los funcionarios presupuestados y contratados, con excepción de los magistrados del Poder Judicial, el escalafón N de la Fiscalía General de la Nación, diplomáticos del servicio exterior que se encuentran en misión en el extranjero y funcionarios de gobiernos departamentales. Además, existen excepciones para enfermedades o internaciones prolongadas.
En la Cámara de Senadores se están haciendo algunos ajustes para mejorar los controles que puede realizar el Banco de Previsión Social (BPS) pero no habrá cambios en lo sustancial, según dijo a El Observador el senador blanco Jorge Gandini, uno de los impulsores de la nueva propuesta.
Las certificaciones médicas de funcionarios es un problema que acarrea la administración pública desde hace varios años. Durante 2021, casi la mitad de los trabajadores públicos (45,7%) se certificó al menos una vez en el año y el promedio de días entre los que pidieron licencia médica fue de 34,74 días, según un informe de la Oficina Nacional de Servicio Civil.
Desde la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) mantienen una postura contraria a los cambios al sistema pero destacan que la propuesta del Poder Ejecutivo fue mejorada en el Parlamento. “Claramente es menos nocivo”, dijo a El Observador el secretario general de COFE, José Lorenzo López.
De todos modos, COFE está dispuesto a dar la batalla para intentar realizar cambios en el Senado y, de aprobarse, “probablemente” presente un recurso de inconstitucionalidad. El sindicato irá el próximo viernes a la comisión de Hacienda integrada con Presupuesto para plantear sus diferencias y el martes 27 realizará un evento en el Parlamento para discutir sobre el tema.
El abogado constitucionalista Daniel Ochs, que asesora al sindicato en este tema, plantea que el gobierno tiene los mecanismos para controlar y evitar fraudes con el sistema actual pero opta por quitarle el derecho a todos los trabajadores.
“El principio de proporcionalidad establece que cuando el Estado recorta o mutila derechos tiene el deber de escoger la vía menos lesiva. Y si no, explicar por qué no lo hace. Acá hay abusos porque existe un Estado omiso que no investiga ni castiga a los responsables”, dijo Ochs a El Observador en setiembre de 2020.
Los cambios del Senado
La cámara alta está terminando de ajustar algunos temas para mejorar los controles que puede hacer el BPS. Uno de los puntos es que los organismos públicos puedan cruzar datos para detectar si una persona está certificada en su empleo público pero continúa trabajando en el privado.
El proyecto original ya le había otorgado la posibilidad al BPS para realizar el cruzamiento de datos, pero en el Parlamento detectaron que miles de funcionarios públicos quedaban por fuera porque aportan a otras cajas como la bancaria, la policial o la militar. En ese contexto, están trabajando para habilitar el cruzamiento de datos también con esas cajas.
“Estamos proponiendo, en acuerdo con el Banco de Previsión Social, un artículo nuevo que tiene que ver con darle la legitimación al BPS para que les pida a la Dirección Nacional de Sanidad Policial y a la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas todo lo que tiene que ver con los certificados médicos emitidos por su personal”, explicó en el Senado el titular de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Conrado Ramos.
Idas y vueltas
Desde que asumió la administración encabezada por Luis Lacalle Pou, el Poder Ejecutivo se propuso realizar cambios al sistema de certificaciones médicas de los funcionarios públicos. El primer intento fue en la Ley de Presupuesto aprobada a fines de 2020. La propuesta inicial del gobierno era la misma que ahora (cinco días iniciales pagos, con tres más por año acumulables hasta un máximo de 15).
Sin embargo, esa propuesta no tenía el respaldo de todo el oficialismo. En ese contexto, el oficialismo acordó aprobar el sistema propuesto por el gobierno –que nunca se llegó a aplicar– y crear una comisión para pensar un nuevo sistema. Esa instancia se llevó adelante entre marzo y julio de 2021 y participaron la ONSC, COFE, la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el BPS, entre otros.
En esa comisión no se modificaron los aspectos centrales de la propuesta y en esta Rendición de Cuentas, el gobierno volvió a poner el tema dentro del articulado. Finalmente, tras varias negociaciones en la Cámara de Diputados se aprobó el régimen que ofrece 9 días de licencia por enfermedad pagos.
De efectivizarse en el Senado, el nuevo régimen empezará a regir a partir de enero de 2023.
