Las familias de personas fallecidas en medio de rapiñas, copamientos o secuestros, sucedidos desde 2005, recibirán también una pensión del Banco de Previsión Social (BPS), según lo establecerá el proyecto de reparación a las víctimas de delitos violentos, que forma parte del paquete de seguridad del gobierno Por la vida y la convivencia. Antes de esa definición alcanzada entre la bancada de legisladores del Frente Amplio (FA) y el gobierno, la idea del Poder Ejecutivo era reparar con dinero a las familias de víctimas de delitos violentos cometidos desde que entre en vigencia la ley y no con retroactividad.
Ahora, sin embargo, tendrán una retribución los dos grupos de personas, aunque con algunos matices, explicaron a El Observador fuentes del gobierno y de la bancada de la izquierda.
Por los homicidios que se cometan a partir de la aprobación de la ley en el Parlamento, las familias de la víctima recibirán una póliza del Banco de Seguros del Estado (BSE) en Unidades Indexadas equivalente a US$ 4.500. Luego, cada mes y durante cinco años, serán beneficiarios de US$ 450.
Por los homicidios que se cometieron desde 2005 hasta que entre en vigencia la ley, las familias de víctimas recibirán una pensión del BPS. En el monto y su alcance se encuentra trabajando el organismo, informó a El Observador el diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP) Aníbal Pereyra. También podrán reclamar una reparación las víctimas de delitos violentos que hayan experimentado una “invalidez permanente total”.
El proyecto será votado en la primera sesión ordinaria de la Cámara de Representantes del mes de octubre, prevista para el próximo martes 2, agregó el diputado Pereyra. Todas las reparaciones estarán financiadas por dineros públicos de Rentas Generales, que se nutre principalmente de la recaudación de impuestos. Según calculan los parlamentarios que trabajaron en la discusión del proyecto, la pensión atenderá a 50 familias por año.
El no impuesto
El texto original, redactado por el Poder Ejecutivo, establecía la financiación de las reparaciones por medio del descuento de 1% de la recaudación de las empresas aseguradoras, tanto de las privadas como del BSE. Ello, sin embargo, quedó rápidamente descartado luego de planteos realizados por las empresas involucradas en comisiones del Parlamento.
A partir de ahí, el Ministerio de Economía comenzó a trabajar en una nueva fórmula de financiación, que luego fue centro de una corta pero intensa polémica pública.
La idea consistió en crear un nuevo impuesto a los trabajadores y jubilados para recaudar
US$ 10 millones al año y financiar así la reparación a las familias de víctimas de delitos violentos.
Esa vía de financiación, que tenía el respaldo del Ministerio del Interior, fue vetada por el presidente José Mujica. Consistía en el descuento de 0,033% a los sueldos de los trabajadores y de 0,016% a las jubilaciones. También pretendía descontarle 10% al salario que cobren los presos. Pero finalmente quedó por el camino.
El nuevo borrador habla de una póliza de “cobertura a la totalidad de los habitantes comprendidos en el territorio de la República frente al riesgo de muerte o la invalidez permanente total en ocasión de los delitos de rapiña, copamiento o secuestro”.
En los casos que haya homicidio, los destinatarios de la pensión o la póliza serán el cónyuge o concubino de la víctima que haya sido declarada judicialmente, “siempre que estuviese conviviendo con la víctima al momento del deceso”, dice el proyecto. También podrán ser destinatarios de la pensión los hijos de la víctima hasta que cumplan la mayoría de edad, o los hijos que hayan sido judicialmente declarados incapaces de por vida, hasta tanto no cese esa condición. l
