El Ejecutivo clasificó a los sectores de la lechería y el arroz como en problemas, mientras que dejó como intermedio a la ganadería y agricultura.
Ante la negativa del gobierno a incluir esta cláusula, "se molestaron y se fueron", expresó Castillo. El jerarca agregó que este grupo tiene una "historia complicada" en el ámbito de la negociación.
A este punto se llegó después de cinco meses de negociación con pocos avances entre las partes. Esto fue lo que llevó al gobierno a redactar una propuesta, la que fue puesta a votación el martes. En la previa, se daba por descontado que habría luz verde y que el agro lograría un nuevo convenio salarial por dos años, con el respaldo del sindicato y el rechazo de la patronal.
La propuesta del Ejecutivo había logrado el visto bueno de la Unión Nacional de Trabajadores Rurales (Unatra). Tiene como base los lineamientos que el gobierno fijó para la sexta ronda, incluidos los ajustes adicionales para los salarios sumergidos. Como no había consenso entre las partes, no habrá otras reivindicaciones que el gremio rural aspiraba incluir en el convenio en su plataforma original.
Por su parte, el presidente de la Federación Rural, Jorge Riani, dijo que la gremial se había retirado de las negociaciones -"si se le puede llamar negociaciones", opinó- como "medida de protesta".
"No estamos en contra de los porcentajes (de aumento) sino que no se respetaron las negociaciones. Que decrete el Poder Ejecutivo y chau", dijo el dirigente este miércoles al programa Tiempo de Cambio de Radio Rural.
Según el empresario, "se habla de salarios sumergidos (pero) si le pones alimentación y vivienda cambia sustancialmente de lo que estamos hablando". Además, Riani criticó que el Ejecutivo quiera "separar" en sectores que estén "más dinámicos y menos dinámicos".
Según datos del Banco de Previsión Social (BPS), el sector rural tiene alrededor de 90.000 trabajadores dependientes.