Los liceos y las UTU están de paro. Al menos 14 centros educativos —casi la mayoría de bachilleratos— fueron ocupados. Los docentes sindicalizados revindican un popurrí de reclamos: desde “más presupuesto” hasta “imposición antidemocrática” de la llamada reforma educativa. Pero en la convocatoria a la movilización hay una consigna que lleva nombre y apellido: “¡Contra la administración de Robert Silva!”. ¿Casualidad?
Silva pasa sus últimas horas como presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP. Deja el cargo para candidatearse en las elecciones nacionales por el Partido Colorado, decisión que arrojó más nafta a la incendiaria relación con los sindicatos de la enseñanza que ven, en ese paso, “el uso del ente autónomo con fines electoralistas”.
Pero la enemistad entre el político y los sindicalistas no es de ahora. Ni siquiera nace con esta administración. Ahora lo que pasó, dice el consejero político Juan Gabito, es que “se juntaron el hambre y las ganas de comer”.
Hace más de un cuarto de siglo, cuando Silva era un joven tacuaremboense que había llegado hacía pocos años a Montevideo para estudiar Derecho, el hoy presidente del Codicen acompañó la polémica reforma educativa de Germán Rama. Ya entonces empezó la fricción con los sindicatos.
Pero en 2018, cuando Silva era consejero en representación de los docentes en la administración del Frente Amplio, el roce escaló al punto de haber sido declarado “persona non grata” por parte del sindicato de profesores de liceos de Montevideo (los mismos que hoy paran).
Unos estudiantes del bachillerato artístico del IAVA —sí, el mismo bachillerato que tantos dolores de cabeza le costó al actual gobierno— habían hecho una intervención para concientizar y convocar a los alumnos del liceo a la Marcha del Silencio. Unos encapuchados entraban a un salón de clases y tomaban por la fuerza a uno de los presentes y se lo llevaban, simulando los secuestros de la dictadura. Los docentes y los alumnos “tomados de rehén” estaban al tanto, el resto no.
Silva abrió una investigación administrativa contra ese liceo y, pese a que no había una promoción política, dijo que se estaba atentando contra la laicidad. El sindicato, ya molesto por otras actitudes del entonces consejero, le hizo la cruz.
Con el cambio de gobierno, Silva asumió otro rol: presidir el máximo órgano ejecutivo de la enseñanza obligatoria y pública del país. Ya en su primer año de gestión, la educación se convirtió en la primera rama laboral con mayor conflictividad (junto a la construcción significaron más de la mitad de los paros y ocupaciones de 2020). Pero la pandemia, el cierre de los centros de enseñanza, hizo que el choque —en ese momento por el presupuesto de la educación y por la ley de urgente consideración— no mostrase su peor versión.
Al año siguiente, en 2021, la conflictividad laboral creció un 20%, según los informes que elabora la Universidad Católica del Uruguay. La educación volvió a posicionarse como el área con más paros en la administración pública y los sindicatos anunciaron que “darán pelea” contra la que se anticipaba como una transformación curricular. Pero, de todas formas, el número de fallecidos por covid-19, y la crisis económica puso el foco en otro lado.
Hasta que en 2022, con el cese de la emergencia sanitaria, la conflictividad estalló a los niveles más altos en lo que va del milenio, solo superado en la crisis de 2002 y cuando se decretó la esencialidad de la educación en 2015. Y, como particularidad, casi la mitad de los conflictos fueron en la enseñanza: contra la reforma, por la falta de diálogo con las autoridades de la enseñanza, por violencia en centros educativos, por la “falta de consulta en cuestiones pedagógicas”, por…
José Olivera, de la coordinadora de sindicatos de la enseñanza, dijo: “se ratificó el estado de conflicto a causa de una transformación educativa por los fines que implican los fundamentos de la reforma y por el proceso de imposición continuo por parte de la administración con respecto al cómo y los tiempos de aplicación de esta”.
La casa de Silva apareció banalizada con pintadas una mañana de agosto. La inscripción decía “Robo Silva”, en referencia al plagio detectado en uno de los documentos de la reforma.
Luego vinieron las pedradas a la salida de un “cara a cara” en el Cerro, en que Silva dialogaba con las familias sobre la reforma. Y ocupaciones, y seis paros.
Cuando al presidente del Codicen le preguntaron en una rueda de prensa por las críticas que los sindicatos estaban haciendo del proceso de reforma educativa, respondió: “Hace décadas que están en contra de todo”.
En 2023 la tensión siguió escalando: conflictos en bachilleratos, discusión por dinero, y la inminente candidatura de Silva dentro del Partido Colorado. El máximo cargo de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, Emiliano Mandacen, declaró: el dinero que se pedirá en la Rendición de Cuentas “¿van a hacer para las necesidades del sistema o van a ser para la campaña de Robert Silva?”.
Silva no se quedó callado, dijo que el sindicalista solo buscaba su “momento de fama”, y consideró que hay “algunos actores sindicales que logran superarse a sí mismos” y “no tienen límite”.
La pulseada dialéctica continuó en Twitter, donde ambos sindicalistas y Silva son habitués.
Este martes y este miércoles los profesores sindicalizados de liceos y UTU pararon. Silva les pidió a los estudiantes que no dejen de asistir a clase porque los centros de enseñanza están abiertos. Y, por si fuera poco, los sindicatos se movilizarán para manifestarse frente a la sede central de la ANEP, donde el colorado dirige su última sesión como presidente. La enemistad hasta último momento.
