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Rodolfo Saldain

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Saldain: “No es simpático subir la edad jubilatoria, pero no es injusto”

El experto en seguridad social explicó que en poco más de dos décadas hubo 60 países que modificaron su sistema previsional y que en Uruguay no se podía demorar más

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06 de agosto de 2022 a las 05:04

No se aleja nunca de su notebook y varias veces consulta artículos o documentos en ella mientras conversa. Rodolfo Saldain fue el responsable de encabezar la Comisión de Expertos en Seguridad Social a la que el gobierno le pidió recomendaciones para abocarse a una reforma jubilatoria. Fue presidente del Banco de Previsión Social durante la administración de Luis Alberto Lacalle Herrera. Pese a eso, admitió que a su hijo, el presidente Luis Lacalle Pou, lo conoció recién en 2019. Después lo volvió a ver cuando la comisión comenzó a funcionar y fue el encargado de darle una mala noticia: para reformar correctamente el sistema había que elevar la edad requerida para jubilarse. “Claramente no es simpático, pero es justo”, dijo a El Observador. Recordó que en lo que va del siglo 60 países elevaron la edad necesaria para dejar la actividad. Uno de los puntos que destacó del anteproyecto de reforma previsional fue la creación de un suplemento solidario que sustituirá la jubilación mínima y beneficiará otras de hasta $ 52.000. Ese suplemento generará un plus al momento del retiro y el cobro de la prestación. Según consta en el articulado del anteproyecto la administración del suplemento solidario establecido estará a cargo del Banco de Previsión Social y las erogaciones resultantes serán atendidas con cargo a impuestos afectados a dicho ente autónomo o, si fuere necesario, la asistencia financiera del Estado.
Saldain agregó que pese a las mejoras planteadas el Banco de Previsión Social continuará siendo deficitario, pero aclaró que de no tomar ninguna medida ese déficit aumentará. 
A continuación, un resumen de la entrevista con Saldain:

El presidente Lacalle Pou reconoció días atrás que no pudo cumplir con la promesa electoral de 2019 de no modificar la edad jubilatoria. Mencionó que luego de tener una de las primeras reuniones con el Comité de Expertos en Seguridad Social se le transmitió que eso era imposible. ¿Qué fue lo que le transmitieron para que entendiera que no era posible?
El 2019 fue un año de mucha incertidumbre para los que estábamos trabajando en el tema previsional. Lo que veíamos publicado en la página del Banco de Previsión Social, en sus proyecciones de mediano, corto y largo plazo, marcaban una determinada tendencia del nivel de gasto a la baja hasta 2035 o 2040, aproximadamente. Esas semanas se publicó un trabajo de una consultora que decía lo mismo. En ese momento yo estaba iniciando una consultoría con Ceres  y el entonces director ejecutivo me dijo que iba a tener una entrevista con el presidente del BPS, Heber Galli. Una reunión para preguntar la versión oficial sobre algunas tendencias. Ahí le señalé que un punto crucial era saber dónde estábamos parados en el nivel de gasto. Le aclaré que la evidencia disponible indicaba que eso no sería así como decían las proyecciones. Había un trabajo del banco sobre el gasto en jubilaciones (sin pensiones) que marcaba que el gasto de 2018 fue algo mayor que el que se proyectaba para 2055. Añadí que la trayectoria que surge del trabajo es coherente  con la preocupación evidenciada por el Ministerio de Economía en las últimas rendiciones de cuentas. Me contestó que efectivamente era desconcertante la brecha entre las proyecciones del trabajo y el gasto actual. Después me comentó una economista que trabajaba con Ceres que se habían reunido con Galli y que los planteos sobre las proyecciones los había desestimado. La que había era una proyección base 2013. Eso en 2019 debe ser revisado. Seguramente estaba bien hecha, el problema está en los supuestos. Si los supuestos  no se compadecen con lo ocurre, hay que revisarlos. El problema básicamente no es que estuviera mal, el tema es que no hay una norma que diga cómo deben hacerse. Ese es uno de los cometidos que le estamos dando a la Agencia Reguladora de la Seguridad Social (en el anteproyecto de la reforma). Que establezca los parámetros y que cada dos años efectúe una revisión. Obviamente si hay un evento catastrófico capaz tiene que ser antes. En marzo de 2020, el Banco de Previsión Social publicó una nueva proyección que daba cuenta del cambio de la tendencia. De las primeras cosas que hice cuando empezó a trabajar la comisión de expertos fue pedirle una entrevista al presidente para hablar. Ahí le transmití que estaba esa mala noticia y que no iba a poder cumplir. Ahí él tenía varias opciones. Por un lado rebobinar y no hacer nada. Lo que recibí (de Lacalle Pou) fue hacer el mayor esfuerzo con una transición lo más larga posible y que contemplara de la mejor manera lo que había sido su punto de vista.

Desde hace muchos años se viene hablando de la necesidad de reformar el sistema de seguridad social. Tomando eso en cuenta, ¿no cree que se demoró demasiada para meterse en el tema?
Es algo que todos sabemos que hay que hacerlo. En lo que va de este siglo ha habido más de 60 países en el mundo que han hecho reformas jubilatorias. Suecia, España, Finlandia, Alemania, Estados Unidos. Es una reforma necesaria. ¿Qué ventaja tiene que sea ahora? Que ahora se puede con esta graduación que estamos planteando. En pocos días vamos a ver que la Caja de Profesionales va a plantear una cuestión muy complicada y en la medida que se demora la toma de decisiones, se transforma en un tema en el que te quedás sin instrumentos.  En 2008, en la crisis de Caja Bancaria, el salvataje incluyó más impuesto y una rebaja de las jubilaciones. Haciendo una reforma hoy en día aseguramos que nada de eso va a pasar con el régimen general. Se puede hacer una transición con 20 años. El trago amargo, la piedra en el zapato –así le llamé en la reunión que convocó Lacalle Pou a todos los parlamentarios de la coalición para presentar el anteproyecto– es el cambio en la edad jubilatoria. Lo que estamos proponiendo implica un ajuste muy pausado y con unas cuantas excepciones que son muy relevantes. Todos sabemos que la reforma hay que hacerla. Hay un consenso general. Creo que el hecho de que haya un gobierno que tiene el vigor político necesario para tomar la iniciativa a mitad de mandato, muestra que hay una oportunidad para poder lograr un acuerdo grande. 

 Más  allá de estar a mitad de mandato, el año que viene va a empezar la campaña electoral para las próximas elecciones. ¿Le preocupa que la discusión parlamentaria se dilate, continúe en ese momento, y todo se vuelva más político electoral?
La discusión parlamentaria no debería pasar de los primeros meses del año que viene. Creo que hay que tratar de llegar a los máximos acuerdos parlamentarios. Para la reforma de 1995, el proyecto fue presentado en abril y se votó en setiembre. Había acuerdo fuerte entre (Julio María  Sanguinetti y (Alberto) Volonté. El Frente Amplio no la votó, sí lo hizo Rafael Michelini que en ese momento estaba fuera del Frente Amplio. (Danilo) Astori  también siempre estuvo de acuerdo. No creo que el Frente Amplio vaya a votar dividido ahora. Lo ideal sería que esto pudiera llegar a un acuerdo y que saliera con votos de todos los partidos, pero es un escenario político muy difícil de lograr. 

Rodolfo Saldain

Uno de los aspectos que plantea la reforma es el cambio del sueldo básico jubilatorio. ¿Cuál es la razón de esa modificación? 
Hoy tenemos un montón de regímenes. Vamos a tener una especie de motor de convergencia de 20 años desde ahora hasta 2043. Comienza en 2027, para llegar a un régimen previsional común. ¿Cómo liquida el BPS ahora? Toma los últimos 10 años y los compara con los 20 mejores. ¿El Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas? Depende. Quienes están en el régimen anterior, que son la mitad de los efectivos, con el último sueldo con algunos pluses. Los del nuevo régimen con los cinco  últimos años. La Caja Policial lo mismo. La Caja Bancaria igual que el BPS. La Caja Notarial con los 30 mejores años. La Caja de Profesionales con los últimos tres años. Es una heterogeneidad absoluta que no tiene ningún fundamento. Planteamos ir a un régimen común con los 25 mejores años. Con excepciones. En el caso de las mujeres, como parte de los aspectos de género contenidos en el anteproyecto, puede llegar a ser 20 años y no 25 si es que eso perjudica el promedio de ella, porque en el entorno de la maternidad puede haber tenido menor salario o menor carga horaria. Después vienen períodos en que la madre no trabaja todo lo que podría trabajar. Esa fue la idea de tomar los 25 mejores años y se termina la heterogeneidad. ¿Cuán justo es tomar un período chico al final? No es nada justo. Porque la solidaridad de esa persona ha sido a lo largo de toda su vida. El periodo final en un trabajador no calificado prácticamente da lo mismo, pero en un funcionario público, que tiene una carrera ascendente, es otra cosa.  Los 25 años se ajustan por Índice Medio de Salarios (IMS) con una sola excepción:  la Caja Notarial ajusta por ley a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC). 

¿Cuáles cambios propuestos en el anteproyecto de la reforma destaca en la Caja Militar?
Uno refiere a la ley de 2018 que estableció una bonificación por servicio a razón de seis años por cinco (un año de bonificación por cada cinco de servicio) para todos los efectivos. Nosotros proponemos que la bonificación rija para el militar propiamente. Pero no para los servicios de apoyo, básicamente Sanidad Militar. No vemos que haya diferencia entre un odontólogo de ASSE y un médico de sanidad militar. Distinto es si va a misiones de paz. Ahí podrá tener una bonificación por ese período. Otra particularidad es que se incorpora un beneficio especial, tanto en policías como militares, para fallecidos en actos de servicio. Creemos que si fallecen de esa manera, sus beneficiarios deben tener un tratamiento distinto. Lo mismo si se incapacita en actos de servicio. 

¿Con los cambios previstos se puede bajar el déficit de la caja? ¿Deja de ser deficitaria?
No. No va a dejar de ser deficitaria. Ninguno va a dejar de ser deficitario, ni BPS, Caja Policial y Caja Militar, que son los organismos que tienen impacto fiscal. ¿Qué va a pasar con el déficit? Iba en camino hacia 5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB). Con la reforma lo estabilizamos en 1,5 puntos del PIB (en 2069). Un economista me decía: entonces se mantiene el déficit. Es inevitable eso. Este sistema va a tener déficit porque tiene componentes solidarios muy fuertes que no dependen del aporte. Pero también allí entra el cambio de la edad jubilatoria. Sin ese cambio nada de esto es posible y vamos a 5 puntos del PIB de déficit. ¿Es particularmente injusto subir la edad jubilatoria cuando tenemos ganancia de esperanza de vida muy fuerte de hace mucho tiempo? Creo que no. Claramente no es simpático. En abril fue el balotaje en Francia entre (Emmanuel) Macron y (Marine) Le Pen. Ella decía que subir la edad jubilatoria a 65 años era una enorme injusticia y trató de explotar esa veta. A los 65 años la esperanza de vida que hay por delante, por las condiciones actuales, es en promedio de 25 años. Aportamos un mínimo de 30. Uruguay está en 17 años de esperanza de vida saludable.

Se ha destacado dentro del anteproyecto de la reforma al suplemento solidario. ¿Cómo funcionaría?
Un cambio absolutamente central es el suplemento solidario. Está dentro de los nuevos derechos. Es un sustitutivo de la jubilación mínima, y complementa las jubilaciones hasta $ 52.000. De acuerdo a los servicios técnicos va a llegar a la mitad de las altas (al sistema previsional) cuando esté plenamente operativo. Por ejemplo, una persona con un cálculo jubilatorio actual de $ 13.500 por el régimen de jubilación mínima cobra $15.750. Con el suplemento solidario previsto en la reforma cobrará $ 22.100 .

Hay un capítulo que prevé ahorro previsional que surja de la negociación bipartita. ¿Cómo funcionaría?
Son contribuciones variadas. Por encima de los aportes normales, es para mejorar la cuantía de los beneficios con opciones de liquidez bastante mayores que las comunes. Es importante que haya un instrumento de ese tipo en la negociación colectiva. El trabajador  que no quiera el aporte va a tener oportunidad de irse. El empresario va a aportar por el trabajador que lo quiera hacer. Lo que da es un marco legal y es la negociación colectiva bipartita, no vota el gobierno. Entendemos que no es posible obligar a las empresas  que no estén de acuerdo a tener un mayor costo salarial. Eso es deducible para el IRAE en las empresas y en el IRPF en los trabajadores. Hay mucha experiencia internacional en este sentido.

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