3 de abril de 2023 5:02 hs

Las oenegés defensoras de los océanos criticaron el resultado de la reunión de dos semana del consejo de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA por su sigla en inglés) al considerar que se perdió una oportunidad para impedir la extracción de minerales en aguas profundas, al tiempo que advirtieron sobre la posibilidad de que se abra la puerta a centenares de solicitudes por parte de las multinacionales dedicas a la minería.

"Hay que destacar que la atmósfera política cambió desde el año pasado. En aquel momento ningún país se habría levantado para decirle no a la minería. Sin embargo, la indefinición mantiene latente el peligro de que se causen daños irreparables en los ecosistemas de los fondos marinos”, afirma Emma Wilson, de la Coalición para la Conservación de las Aguas Profundas, una alianza que trabaja para la preservación de la biodiversidad.

Creada bajo la Convención de Naciones Unidas para los Derechos del Mar, la ISA tiene autoridad sobre los fondos oceánicos situados por fuera de las Zonas Económicas Exclusivas de sus 167 estados miembros, área que se extiende hasta 200 millas náuticas (370 kilómetros) de las costas. Hasta ahora, el organismo con sede en Jamaica sólo ha otorgado unos treinta de contratos de exploración a centros de investigación y a unas pocas empresas en áreas muy definidas.

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La mayoría de esas licencias se concentra en la llamada Zona de Fractura Clarion-Clipperton, que se extiende por 4,5 millones de kilómetros cuadrados en profundidades que van de los 4.000 a 6.000 metros entre México y Hawái. Allí, en el fondo marino, abundan los nódulos de manganeso, una de las mayores riquezas de minerales esenciales para fabricar desde teléfonos móviles hasta baterías y paneles solares. Un botín para las compañías mineras, pero también para un mundo que se mueve hacia energías renovables.

Aunque por cuestiones económicas y técnicas la explotación industrial a gran escala de los nódulos de manganeso compuestos por níquel, el cobalto y el cobre se considera poco probable en el corto plazo, la discusión a nivel internacional de un código minero lleva ya una década, contexto en el que las oenegés y los científicos vienen advirtiendo sobre los daños que la actividad podría causar en los ecosistemas de aguas profundas.

En ausencia de parámetros claros, el consejo de la ISA integrado por 36 miembros luce dividido en cuanto al proceso a seguir para la revisión de las solicitudes y parece encaminarse a su disolución sin alcanzar un acuerdo. "Los gobiernos están actuando en forma imprudente y dejando abierta la puerta trasera para que la minería de aguas profundas se cuele y comience a operar a finales de este año o durante el próximo", evalúa Louisa Casson, de Greenpeace.

Es el caso de Nauru, un pequeño estado insular del Pacífico que, impaciente con el ritmo de los avances, invocó en junio de 2021 una cláusula que le permite exigir la adopción de un código minero en un plazo de dos años. Una vez que se alcance ese plazo, el 9 de julio próximo, el gobierno podría solicitar la aprobación de un contrato minero para Nauru Ocean Resources, una subsidiaria de The Metals Company de Canadá.

La embajadora de Nauru, Margo Deiye, reiteró en la reunión del consejo de la ISA que su país esperará la conclusión de la nueva sesión del organismo antes de presentar la solicitud con la esperanza de que allí se pueda adoptar el código minero. Una posición criticada por varios estados insulares, entre ellos Vanuatu, cuyo representante en el ISA, Sylvain Kalsakau, pidió a "los países del Pacífico que han expresado interés en la minería de aguas profundas que den un paso atrás".

Los observadores independientes y los expertos en derecho internacional dudan que el código de minería esté listo en lo inmediato. "Cumplir ese plazo es ciertamente imposible", explica Pradeep Singh, experto en derecho del mar e investigador en el Instituto para la Sustentabilidad con sede en la ciudad alemana de Potsdam. Una postura que comparte el embajador belga, Hugo Verbist, para quien "las dos semanas de la sesión de julio serán en gran medida insuficientes para terminar el código”.

Los expertos señalan que si The Metals Company comienza a prepararse para lanzar su producción a finales de este año o el próximo, otras compañías del sector también solicitarán permisos cuando terminen los dos años de la cláusula invocada por Nauru, pese a que cada vez más países se hacen eco de la preocupación por los daños que la actividad podría causar en ecosistemas de aguas profundas, por lo que postulan que la minería no puede comenzar sin una estricta regulación.

"No están dadas dan las condiciones para que se inicie la explotación de los fondos marinos", aseguró durante la reunión de la ISA la representante de Brasil, Elza Moreira Marcelino de Castro, ocasión en la que enfatizó que “el nivel actual de conocimiento y la ciencia disponible son insuficientes para aprobar cualquier proyecto de minería de los fondos marinos en áreas más allá de la jurisdicción nacional".

Aunque sin pedir abiertamente una moratoria sobre la explotación, Marcelino de Castro declaró que Brasil ve "méritos significativos" en la propuesta de poner una "pausa" a la minería, posición defendida por unos 15 países, entre ellos Francia, Alemania, Chile y Vanuatu. "La minería en aguas profundas no sólo dañaría los fondos marinos. También tendría impacto en las poblaciones de peces, mamíferos marinos y en la función esencial de regulación del clima de los ecosistemas en aguas profundas", señala Kalsakau.

“La incertidumbre está creando mucha ansiedad. Hay muchos puntos que siguen siendo polémicos, entre ellos el tema delicado de cómo se repartirán los beneficios de la minería en aguas profundas y en cómo se medirán los impactos medioambientales derivados de la actividad extractiva”, explica Singh.

Por lo pronto, más de una docena de países han pedido oficialmente la prohibición, pausa o moratoria de la minería en aguas profundas, pero no está claro cuántos otros apoyan la actividad. Y aunque hay 36 miembros en el consejo de la ISA, solo se necesitan 12 votos a favor de la minería en aguas profundas para que se apruebe. Además, “el debate en curso implica también definir cómo aprobaría o rechazaría el organismo de la ONU una solicitud de licencia provisional sin la guía de un conjunto de reglas y regulaciones”, precisa Matthew Gianni, cofundador de la coalición, quien asegura que “todo está en el aire”.

Por lo pronto, la comunidad científica y las compañías mineras están de acuerdo en que es muy poco lo que se sabe de la Zona de Fractura Clarion-Clipperton. Por esa razón trabajan en conjunto para recolectar la mayor cantidad de información. Aunque por razones distintas, centran su atención en los nódulos.

Estos nódulos, del tamaño de una pelota de béisbol que tardan entre miles y millones de años en formarse, son acumulaciones de minerales especialmente ricos en cobre, níquel y cobalto. Si bien no existen cálculos exactos, se estima que la zona podría albergar unas 27.000 millones de toneladas de nódulos, volumen suficiente para abastecer al mundo durante las próximas tres décadas.

En lo inmediato, y mientras la empresas mineras se preparan para el momento en que la ISA otorgue luz verde a la explotación, los científicos han encontrado que de alguna manera todo el ecosistema de la zona está conectado con los nódulos. Es el caso de las esponjas y anémonas, que necesitan la superficie dura de los nódulos para vivir. Además, señalan que los videos demuestran que en los lugares donde hay más nódulos hay mayor cantidad de peces, de mayor tamaño y mayor diversidad de especies.

La oenegés y los científicos que trabajan para la preservación de la biodiversidad marina denuncian que la indefinición de la ISA está en abierta contradicción con el histórico primer tratado internacional sobre la protección de la altamar, el marco legal que definió el 30% de los océanos del mundo como áreas protegidas, convenio que culminó con las negociaciones conversaciones iniciadas en 2004 en el contexto de la Conferencia Intergubernamental sobre Biodiversidad Marina de Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional.

“El resultado de la reunión es una oportunidad perdida para enviar una señal clara de que la era de la destrucción de los océanos ha terminado. Si se habilita la explotación minera en los fondos marinos la pérdida de biodiversidad será irreparable", concluye Casson.

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