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Se reedita el debate: la libertad de expresión y qué es odio
El diputado Gerardo Núñez (PCU) propuso prohibir el uso de las salas para eventos "intolerantes"; ni el INDDHH ni el presidente de la Cámara concuerdan
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19 de abril de 2018 a las 05:00
La propuesta para regular el uso de salas de diputados, busca evitar los actos discriminatorios y de odio dentro del Parlamento. Uruguay se comprometió ratificando la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Les dejo el texto de la ley 19584: pic.twitter.com/nXb6p0jrpw
Con referencias burlonas a la comunidad homesexual y cuestionamientos a la "nueva agenda de derechos", la presentación en una sala del Parlamento de "El Libro Negro de la Nueva Izquierda", escrito por los argentinos Agustín Laje y Nicolás Márquez, levantó la polémica y reavivó un debate viejo pero vigente: ¿Dónde está la frontera entre la libertad de expresión y la incitación al odio?
Tanto organizaciones de la sociedad civil como integrantes del Frente Amplio criticaron la realización del evento, argumentando que la conferencia promovía el odio y vulneraba los derechos de la comunidad LGBT.
A raíz de ese episodio, el diputado comunista Gerardo Núñez presentó a la bancada del Frente Amplio un proyecto de resolución para que la Presidencia de la Cámara de Representantes modifique la normativa que regula el acceso a las salas.
El texto redactado por Núñez propone "prohibir el uso de las salas que administra la Secretaría de la Cámara de Diputados para la realización de eventos que inciten al odio, que promuevan toda forma de discriminación basada en género, raza, etnia, orientación política, religiosa, sexual u otra condición". Según el proyecto, ese párrafo se agregaría a la disposición actual (de una resolución del 11 de mayo de 2009), que solo niega la utilización de las salas "para la realización de cultos o ceremonias religiosas, ni constituirse por la vía de los hechos, en sede de instituciones de tipo alguno".
En la fundamentación de su propuesta, el diputado argumentó que en la última semana "se llevaron adelante en las instalaciones del Parlamento actividades reñidas con el respeto a la diversidad cultural y sexual y con la promoción de derechos". Asimismo, afirmó que el reglamento actual "es muy general" y que "amerita una actualización".
Núñez aseguró que "no corresponde" que el Parlamento sea un espacio para actividades "que promueven el odio o la discriminación", y señaló que la conferencia de Laje y Márquez se enmarcó en ese tipo de discursos. Además, criticó al diputado blanco Rodrigo Goñi, quien solicitó la sala para una "conferencia internacional sobre paternidad responsable", no ajustándose a la temática de la charla de los escritores polemistas.
"Fronteras complicadas"
Aunque el diputado comunista sostuvo que su proyecto "no busca imponer nada ni callar ninguna voz", otros actores del sistema político opinan que es difícil delinear qué es aceptable decir o escuchar entre las paredes del Palacio Legislativo.
El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Gandini, dijo a El Observador que si bien la decisión de otorgar la sala a los escritores argentinos se tomó en la administración anterior, él "también la hubiera autorizado" porque "toda actividad que se realice dentro de la legalidad y el respeto se puede hacer".
"Si alguien viene a difundir las bondades del patriarcado, del matriarcado, o a hacer un homenaje al stalinismo o al pachequismo, en tanto esté vinculado al debate político lo vamos a hacer", agregó el legislador nacionalista.
Gandini agregó que el uso de las salas "ya está reglamentado" y dijo que en la última semana "ha habido un barullo con aspectos muy confusos". La resolución 366° de 2009, firmada por el entonces presidente de la Cámara Baja, el frenteamplista Roque Arregui, sostiene que el uso de las salas "deberá tener como objeto la realización de reuniones o de eventos ligados estrictamente a su actividad parlamentaria o política". Asimismo, establece que "el legislador solicitante será responsable por el eventual apartamiento de la finalidad para la cual se concede el uso del espacio físico".
Según Wilder Tayler, director de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), los límites entre la libertad de expresión y los discursos de odio "son fronteras complicadas" y aseguró que la censura no tiene por qué ser "la única opción" para enfrentar posiciones que se consideran "deplorables".
Tayler dijo que es preciso distinguir dos tipos de "discursos cuestionables", y que cada uno amerita distintos tipos de respuestas por parte del gobierno y la sociedad: por un lado, afirmó, está "la incitación directa a la violencia" y por otro "la incitación al odio y la discriminación".
Sobre el primero, el jerarca dijo que "está absolutamente consensuado" que es algo que hay que perseguir, y que "se puede prohibir sin ningún tipo de dificultades", dado que "no se puede considerar que ello constituya una violación a la libertad de expresión". Entre ese tipo de discursos, por ejemplo, se incluyen los llamados a agredir a ciertas personas.
En cambio, advirtió que la incitación al odio o la discriminación se ubica en una zona gris y que "en principio no es genial que el Parlamento restrinja tanto la libertad de expresión". Según Tayler, "la decisión a tomar" es si el discurso que incita al odio "se combate con censura" o si "se combate con más discursos".
El INDDHH se inclina por la segunda opción, y como ejemplo Tayler citó ejemplo la reciente resolución del organismo a propósito de las declaraciones de Carlos Navarro, un conductor de radio Difusora Soriano que había dicho que las mujeres a veces son "culpables" de la violencia que reciben por parte de los hombres.
Ante la denuncia del colectivo Ni Una Menos, el INDDHH calificó las declaraciones como parte de un discurso "hostil", "ofensivo" y "repudiable", pero señaló que ello "no implica silenciarlo". Por el contrario, "recomendó" a la radio a "auspiciar espacios de reflexión" para "refutar" las posiciones de Navarro "con argumentos" que permitieran "un abordaje integral de la violencia de género", y aconsejó a la difusora a leer al aire los términos de la declaración del instituto.
En esa resolución, el organismo citó a la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión, señalando que "ante la inequidad de las opiniones no hay mejor respuesta que la justicia de los argumentos, y eso requiere más y mejor discurso, no menos".
"Este tipo de cosas tienen que ser condenadas, eso es claro. Pero de allí a llegar a la censura hay un paso", sostuvo Tayler, y agregó que lo mejor es "asegurar más libertad de expresión, para que otros discursos se enfrenten a los discursos discriminatorios y abominables", entre los que situó al de los escritores argentinos.
En esa lectura coincide el diputado colorado Fernando Amado, quien afirmó que el proyecto de Núñez parte de "una buena idea", pero "no plantea un método ni un criterio para definir qué es un discurso de odio y qué no".
Amado, quien rechazó públicamente el contenido del polémico libro y dijo estar "en las antípodas" de ese discurso, dijo que la reglamentación propuesta por el diputado comunista sería "difícil de instrumentar" sin caer en "el criterio del jerarca de turno".
Al igual que Tayler, Amado opinó que "situaciones muy claras y flagrantes" de discursos violentos "se pueden prohibir", pero que la línea es menos clara en eventos como el que se realizó el pasado miércoles en el Parlamento. "No me escapa la sensibilidad que generan estos temas, pero vos tenés que garantizar a las minorías que se expresen", aseguró.
Gandini opinó en un mismo sentido. "Aquí entran todas las ideas, menos las ilícitas. Nadie puede venir a promover un delito", dijo el presidente de la Cámara de Diputados.
