La Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado seguirá dependiendo de los ministerios de Defensa, Interior, Relaciones Exteriores y Economía. El Poder Ejecutivo había incorporado un artículo al proyecto de ley de urgente consideración que disponía que el organismo pasara a la órbita de Presidencia de la República, pero el gobierno decidió rever su postura después de que algunos senadores de la comisión especial que estudia el articulado se manifestaran en contra.
El coordinador de la secretaría, Álvaro Garcé, está trabajando en una redacción alternativa de los nueve artículos que refieren al Sistema Nacional de Inteligencia de Estado. Su intención es mantener la esencia de la sección, pero modificar los puntos que fueron objetados por los legisladores, aseguraron fuentes del gobierno. Hay algunas propuestas que para el jerarca no son negociables, aunque hasta este viernes el acuerdo no estaba cerrado.
El Partido Colorado y el Partido Independiente se oponían a que la secretaría estuviera bajo el paraguas de Presidencia porque suponían que, en los hechos, se traduciría en que el Poder Legislativo no pudiera controlar su actuación. Los senadores del Frente Amplio también manifestaron su preocupación cuando el martes 5 Garcé explicó los artículos del proyecto de ley en la comisión especial.
Allí se produjo un debate sobre si eludiría o no los controles parlamentarios en caso de que la tutela jurídica la tuviera Presidencia de la República. El coordinador de la bancada del Partido Nacional, Gustavo Penadés, se refirió al "natural desconocimiento" sobre la normativa vigente, que establece un "estricto control parlamentario" de la actividad de la secretaría.
La ley 19.696 del año 2018 que regula el Sistema de Inteligencia de Estado dispone en su artículo 25 la creación de una comisión parlamentaria bicameral para supervisar el sistema de inteligencia de Estado, en la que estarían representados todos los sectores políticos, en contacto con los ministros y el director de la secretaría de inteligencia.
Por otra parte, obliga al Poder Ejecutivo a proveer información detallada sobre los servicios de inteligencia y en la medida de lo posible, facilitar el acceso a los archivos y expedientes. En la comisión no hubo referencias directas a este artículo, que en los hechos se modificaría como consecuencia de los cambios propuestos.
El politólogo Julián González Guyer señaló que la ley 19.696 todavía no fue reglamentada y que el Sistema Nacional de Inteligencia Estratégica nunca funcionó como tal. Este fue el punto de partida de su exposición ante los senadores de la comisión especial, cuando en la mañana del viernes expresó su visión como experto en el tema.
El especialista entiende que la falta de reglamentación, los cambios propuestos y el hecho de que las secciones de seguridad pública e inteligencia estratégica estén juntas en el proyecto de ley pueden desembocar en una "desnaturalización" de los cometidos de la secretaría, que debería limitarse a orientar al gobierno en la toma de "grandes decisiones". Un ejemplo claro de ello es la emergencia sanitaria en curso que, según dijeron a El Observador fuentes del gobierno, la secretaría viene abordando.
Garcé aseguró en el Parlamento que ninguna de las reformas propuestas afectaría los principios establecidos, e hizo énfasis en que la secretaría actuará estrictamente en el marco del Estado de derecho. "Los alcances de la actuación encubierta son exactamente idénticos, no se modifican y los controles internos y externos del funcionamiento de la secretaría también se mantienen", señaló.
Diego Battiste
Información secreta
La discusión pendiente refiere a la posibilidad de clasificar cierta información como secreta, que de manera tácita también altera la ley de acceso a la información pública. En la sesión del martes este punto fue cuestionado por los senadores de la oposición, pero no hubo objeciones por parte de los socios de la coalición de gobierno.
Si no hay modificaciones a la propuesta del Ejecutivo, el director de la secretaría podrá considerar secretos ciertos "actos, documentos, registros, actividades y cualquier otro material o insumo de los órganos que integran el Sistema Nacional de Inteligencia de Estado, cuya difusión puede provocar daño a la soberanía e integridad del Estado, a los acuerdos internacionales, a la defensa de las instituciones, a la independencia del Estado respecto a otros Estados u organismos internacionales y a las relaciones con estos".
A esta información no se podrá acceder por la vía judicial, como sí se puede hacer con la información reservada o confidencial. Solo será posible acceder a estos datos mediante resolución del presidente de la República en actuación con el Consejo de Ministros.
González Guyer aseguró que en "ningún país democrático" existe un sistema de clasificación de la información con estas características. En diálogo con El Observador, dijo que va en contra de las recomendaciones internacionales y que las modificaciones proyectadas le confieren "mucho poder" al titular de la secretaría. Según el especialista, esta persona adquirirá "rango de ministro" al integrarse al Consejo de Defensa Nacional.
Garcé hizo hincapié en que el actual sistema de clasficación –que permite acceder a información confidencial o reservada a través de la Justicia– afecta los acuerdos internacionales. Sostuvo que las agencias de inteligencia de otros países difícilmente puedan proporcionar a Uruguay información clasificada si los estándares locales son "menos rigurosos" que los de otros países.
