El gobierno tiene una agenda ambiciosa y exhibe un ritmo de trabajo frenético. En ese contexto, hubo un asunto que acaparó la atención del público durante la primera semana del nuevo mandato generando expectativas y levantando resistencias: me refiero al tan brusco como anunciado viraje hacia la “mano dura” en la política de seguridad pública. El presidente Luis Lacalle Pou y su ministro del Interior, Jorge Larrañaga, en cuanto asumieron sus cargos adoptaron una serie de medidas para multiplicar la presencia policial y el rigor de los controles. El combate al delito, por primera vez desde la recuperación de la democracia en 1985, ocupa el primer lugar en la agenda de las autoridades. No puede llamar la atención que se genere tanto revuelo.
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