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Seguridad pública: un problema sin solución

Para ex ministros y expertos la seguridad se puede mejorar, pero siempre estará presente

26 de agosto de 2011 22:33 hs

Por  Analía Parra

Operativo policial
Operativo policial

Seis gobiernos. Doce ministros del Interior. Ocho grandes leyes. Veinticinco centros de internación para menores infractores. Cinco cárceles construidas y otras cinco remodeladas. El 42% más de funcionarios policiales. Y un mismo problema: la inseguridad pública.

Ex ministros del Interior blancos y colorados afirman que la seguridad es un problema difícil de abordar, que el delito crece sin pausa desde la vuelta a la democracia y que responde a un cambio cultural. Los ministros que asumieron con la llegada de la izquierda al poder padecen las mismas dificultades.

Las estrategias implementadas por los sucesivos gobiernos en el pasado tendieron a aumentar y a endurecer las penas y a crear delitos, pero esas leyes aprobadas no pudieron contra los dos delitos más difíciles de combatir: los hurtos y rapiñas, que siguieron en aumento de una administración a la siguiente. Se pasó de 2.560 rapiñas en 1990 a 13.829 en 2010.

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Para la izquierda la represión fue una mala palabra que se la vinculaba a las épocas de la dictadura (1973-1985) y la desconfianza hacia la Policía era muy extendida entre dirigentes y militantes. Desde su fundación, el discurso del Frente Amplio apuntó a atender las condiciones sociales que rodean al delito y condenó el uso de la fuerza para reprimir.

Sin embargo, con el tema de la seguridad instalado como el de mayor sensibilidad para la población y ante la creciente participación de menores en delitos, el actual oficialismo comenzó a ceder terreno frente a algunas cuestiones consideradas como principios.

Así, la iniciativa del diputado Luis Lacalle Pou, quien en la legislatura pasada presentó un proyecto de ley para mantener los antecedentes de los menores, fue aceptada por el actual ministro Eduardo Bonomi. Pero aún se resiste a la baja de la edad de imputabilidad.

Los gobiernos, desde 1990 a la fecha, han enfrentado sistemáticamente los mismos males: crecimiento de las rapiñas, incremento de la violencia, incidencia de la droga en los delitos, falta de presupuesto para la cartera de Interior e insuficiencia en la cantidad de funcionarios policiales, de cara al combate a la delincuencia.

Pero todos los ex ministros y expertos consultados coinciden en que para este mal no hay cura.

El criminalista Germán Aller dijo a El Observador que “es un hecho que la delincuencia va a seguir aumentando. Hay que tratar de contenerla y evitar que pegue en ciertos sectores –como los más pobres– pero no se podrá abatir”, indicó. Señaló que es un fenómeno mundial que la delincuencia ha venido aumentando luego de la segunda guerra mundial, pero es un tema más profundo y opinó que en el fondo es un problema de pérdida de valores.

En ese sentido, desde que el nacionalista Ángel Gianola ocupó el sillón de Interior, a la fecha, se han probado múltiples respuestas legales, policiales y carcelarias para intentar ganarle la pulseada a la inseguridad; y como si nada.

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Tras la vuelta a la democracia, durante el gobierno del colorado Julio María Sanguinetti (1985-1990), hubo cuatro ministros del Interior: Carlos Manini Ríos, Antonio Marchesano, Francisco Forteza y Flavio Buscasso. Durante esos años se aplicó el decreto 690, del año 1980, que reglamentaba la facultad en los procedimientos de averiguaciones en los delitos. Permitía la detención de una persona en “averiguación”, lo que se conoció comúnmente como “razzias”.

Cinco años más tarde, cuando Juan Andrés Ramírez asumió la jefatura del Ministerio del Interior, en 1990, la primera medida legislativa de relevancia en materia de seguridad fueron las modificaciones al Código Penal, ampliando las posibilidades facultativas que tenía la Suprema Corte de Justicia para conceder la libertad anticipada a un recluso.

En julio de 1995, bajo el segundo gobierno de Sanguinetti, con Didier Opertti como ministro del Interior, se aprobó la ley de Seguridad Ciudadana. Con ella se endurecieron las penas para “disuadir las conductas delictivas”. Se creó el delito de copamiento y la figura de “barras bravas” en las disputas deportivas, en particular de fútbol. Además, se estableció que, excepcionalmente y cuando la gravedad de los hechos lo ameritara, los jueces podían internar a los menores de 16 años en centros de alta seguridad, separados de los adultos, bajo la supervisión del entonces Instituto Nacional del Menor (Iname). Pero nunca se aplicó por falta de recursos.

Dos años después, en diciembre de 1997, se aprobó un nuevo Código del Proceso Penal, calificado de “acusatorio atenuado”, en el cual el proceso pasaba a ser oral. Su entrada en vigencia fue dos veces postergada y finalmente quedó sin efecto.

Otra norma de diciembre, pero de 1998, fue la ley Anticorrupción, por la cual se aplican figuras delictivas como la “concusión” el “cohecho” y el “fraude” a los funcionarios públicos. Creó la Junta Anticorrupción encargada, entre otras tareas, de recibir y analizar las declaraciones juradas de esos funcionarios.

Con la llegada de Luis Hierro López a la secretaría de Estado, se sancionó la segunda ley de Seguridad Pública, que incluyó entre las agravantes de pena los delitos que sean cometidos por reclusos durante sus salidas transitorias. Guillermo Stirling fue el ministro con más tiempo al frente de la cartera de Interior (cinco años y dos meses), pero en su tiempo solo se sancionó en julio de 2000 la ley 17.243. Con esa norma la rapiña se convirtió en un delito inexcarcelable, con un mínimo de dos años de penitenciaría, y se introdujeron agravantes para el delito de hurto. La pena para esta figura se aumentó hasta ocho años.

En 2005, el primer gobierno de izquierda revolucionó la opinión pública y política cuando, con el mando del Interior en manos de José Díaz, se aprobó la ley de Humanización de Cárceles, que dispuso la liberación de presos para descongestionar las cárceles hacinadas. Si bien se cuestionó y se temió por una liberación masiva, fueron excarcelados 756 reclusos que habían cumplido la mayoría de la pena, entre el 30 de setiembre de 2005 y el 15 de mayo de 2006. Esa cifra significó en aquel momento el 10,4% de la población carcelaria.

La ley también le otorgó al Patronato Nacional de Liberados y Encarcelados (creado en 1934) facultades adicionales para permitir un seguimiento especial a los liberados. Y se creó el Centro de Atención a las Víctimas del Delito.

La primera mujer al frente del Ministerio del Interior fue Daisy Tourné, quien aprobó la ley de Procedimiento Policial. Se reglamentó que cualquier persona puede hacer una denuncia, incluso los niños, y que cualquier policía está obligado a recibirlas.

El procedimiento establece que en todo momento el policía debe identificarse, está obligado a hacer un procedimiento ante cualquier denuncia y no puede agredir a un detenido.

Ahora, con la seguridad bajo el mando de Eduardo Bonomi, se envió al Parlamento un proyecto de ley de cupos carcelarios. Se obliga a los jueces a analizar las causas de los presos que hayan cumplido dos tercios de la pena para liberarlos, cuando el hacinamiento carcelario supere el 50%.

A las acciones legislativas para combatir el crimen se sumaron, en las últimas dos décadas, múltiples medidas policiales. Al iniciar la década de 1990 Ramírez renovó la flota de vehículos de la Policía, para mejorar las tareas de patrullaje. Le siguió Ángel María Gianola, segundo ministro de Interior del gobierno de Luis Alberto Lacalle, quien impulsó un proyecto de ley para que la Guardia Republicana (coraceros y policías a caballo) adquiriera carácter nacional.

En aquel entonces esta idea no tuvo apoyo, pero 19 años después el senador nacionalista Jorge Larrañaga la puso nuevamente sobre la mesa y finalmente el segundo gobierno del FA la aceptó.

Opertti incrementó la cantidad de funcionarios policiales y sus salarios. A nivel operativo, se creó la “zona de exclusión” en torno al Estadio Centenario, para los partidos de fútbol. Los famosos “operativos de saturación”, que han tenido amplia repercusión mediática, con 18 instrumentados en lo que va de 2011, ya habían sido implementados por primera vez cuando Hierro López fue ministro en 1998. Fue el primer año en el que los hurtos y rapiñas mostraron un descenso. También de ese entonces data la creación de la Policía Turística, para el patrullaje de los departamentos costeros, con uniformes especiales y el uso de bicicletas.

Su sucesor, Guillermo Stirling, sumó la Policía Ciudadana y las comisiones de seguridad barrial, descentralizó las comisarías y creó la Policía Rural, ante la preocupación por el aumento del delito de abigeato. Un hecho destacado de su gestión fue la puesta en marcha del servicio 911 de emergencias, que unificó los llamados urgentes a Bomberos, Policía, Caminera y ambulancias.

Con la asunción de Tabaré Vázquez se reinstalaron las 24 seccionales policiales para Montevideo. Una novedad fue la instalación del Observatorio de Violencia y Criminalidad, para recoger y sistematizar las cifras de delitos a nivel nacional. Luego Tourné aplicó un Plan Integral de Seguridad, sumando efectivos a pie al patrullaje y puso en marcha el operativo Verano Azul durante la temporada estival, de Colonia a Rocha. Tourné también relanzó las comisiones de seguridad y convivencia ciudadana. Jorge Bruni continuó con el Plan de Seguridad y sumó la Policía Comunitaria.

Con José Mujica, su ministro de Interior, Eduardo Bonomi, logró el pasaje de soldados a la Policía para patrullaje y cárceles y redujo las horas de servicio 222, para concentrar la labor policial en las calles.

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