Los jerarcas que dirigen esos organismos fueron designados durante los gobiernos del Frente Amplio, y si bien son cargos independientes y que contaron en algunos casos con la venia de todos los partidos, puede ocurrir que un jerarca de primera línea del gobierno de Tabaré Vázquez se mantenga en un cargo de consulta del nuevo Ejecutivo.
Así ocurrirá en las Fiscalías de Gobierno, que funcionan adjuntas a la Presidencia y cuyos cargos duran hasta que el jerarca cumple los 70 años de edad. Los titulares de las fiscalías son el actual secretario de la Presidencia, Miguel Toma, y el integrante del directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Daniel Borrelli, quienes mantuvieron sus cargos en reserva durante este período. Por lo tanto, a partir del 1 de marzo Toma podrá volver a la fiscalia, ahora ocupado por quien fuera su adjunta, Miriam Areosa. Toma cumplirá los 70 en 2022 por lo que podrá ocupar el cargo hasta ese año. El Observador intentó comunicarse con el jerarca para saber si volverá a la fiscalía pero no respondió a las llamadas.
Leonardo Carreño
Las fiscalías de Gobierno asesoran a la Administración central y a las oficinas con rango ministerial en materia jurídica, y actúan de oficio en temas de marcas y patentes y en asuntos de personería jurídica de oficinas estatales. Según explicó Borrelli, la tarea que realizan le permite a los organismos actuar de manera segura. Los fiscales de gobierno cobran un sueldo líquido, algo superior a los $ 100 mil.
Camilo dos Santos
En el caso de Borrelli podrá optar por quedarse en la Jutep, otro organismo que mantendrá a sus actuales autoridades hasta el 1 de febrero de 2022. Borrelli dijo a El Observador que si quisiera podría renunciar a la junta y regresar a la fiscalía pero que no lo tiene previsto. De todos modos, cumplirá 70 años en marzo de 2022 por lo que ya no le daría el tiempo para regresar al cargo de fiscal.
Junta de Transparencia y Ética Pública
La Jutep es desde 2015 un servicio descentralizado. La ley N°19.340 modificó su régimen y le otorgó independencia. Antes era una unidad dependiente del Ministerio de Educación y Cultura.
La junta denominada Anticorrupción surgió en 2001 con la tarea de asesorar a la justicia penal en materia económico financiera del Estado y en la implementación de medidas preventivas en la lucha contra la corrupción. En cumplimiento de sus cometidos, en el 2003, la Junta elaboró las Normas de Conducta en la Función Pública, texto aprobado por el Decreto N° 30/2003, que incluye la sistematización ordenada de normas constitucionales y legales que regulan la actividad de la función pública nacional, departamental, de empresas del Estado y personas públicas no estatales.
Además tiene la tarea de recabar las declaraciones juradas de los funcionarios públicos y tiene la potestad sancionatoria de retener el 50% del salario de los funcionarios omisos, hasta tanto acrediten el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso se le devolverá lo retenido.
Diego Battiste
El presidente de la Jutep, Ricardo Gil Iribarne dijo que si bien el mandato es hasta el 2022 el gobierno podría decidir cambiar a las autoridades, y que de hecho el futuro secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo en Búsqueda días atrás que podía haber cambios. Gil dijo a El Observador que él no tiene problema en dejar el cargo e irse para la casa –ya que no es funcionario de carrera- pero que institucionalmente no le parece una buena decisión del nuevo gobierno. "Como imagen hacia el exterior no es la mejor. Es como si se quisiera decir 'arreglo todo como me conviene'”, afirmó.
"La Jutep no está al servicio ni de los gobiernos, ni de los partidos políticos", agregó para marcar la independencia con la que actúa el organismo. Además, señaló que la Jutep siempre cumplió con los períodos estipulados previamente, incluso cuando se dio la transición entre el gobierno de Jorge Batlle al de Tabaré Vázquez en 2005.
Gil dijo que prevén pedirle una reunión al presidente Lacalle dado que en marzo entrará a regir la nueva ley de declaraciones juradas y deberían conversar su reglamentación con el gobierno.
La Jutep tiene como tercer integrante a la representante del Partido Nacional, Matilde Rodríguez Larreta.
Fiscalía de Corte
Otro servicio descentralizado que mantendrá a su jerarca hasta 2022 es la Fiscalía de Corte. En abril de 2012 el Senado, con votos de todos los partidos, aprobó la venia para que el entonces juez de Crimen Organizado, Jorge Díaz, pasara a desempeñar el cargo de jefe de los fiscales. El cargo dura diez años o hasta que el jerarca cumpla los 70 años.
Cuando asumió Díaz la Fiscalía de Corte era un organismo dependiente del Ministerio de Educación y Cultura pero Díaz encabezó una campaña para transformarla en un servicio descentralizado lo que se logró en agosto de 2015. En su momento, Díaz explicó que significaba dotar a la Fiscalía "del mayor grado de autonomía posible del sistema político". "No porque considere que tenga alguna especie de enfermedad que nos pueda contagiar sino porque cuanto más alejados estemos, menos susceptibilidades se van a generar cada vez que un fiscal tenga que investigar a un ministro, a un legislador o a un dirigente político", dijo el jerarca en aquel momento.
Diego Battiste
Fuentes cercanas al fiscal de Corte dijeron a El Observador que el jerarca augura que tendrá buen relacionamiento con las nuevas autoridades. Sobre todo, se indicó que tiene "muy bien vínculo" con quien será el ministro del Interior, Jorge Larrañaga. Además, las fuentes afirmaron que también tiene buen relacionamiento con Javier García (futuro ministro de Defensa), Álvaro Delgado y Luis Alberto Heber (futuro ministro de Transporte).
Institución Nacional de Derechos Humanos
El organismo que también es un servicio descentralizado, y depende administrativamente del Poder Legislativo, renovó a sus autoridades en 2017 por lo que el mandato también se extenderá hasta 2022. La institución recibe denuncias y además emite su opinión sobre asuntos que a su entender comprometen los derechos humanos como pueden ser la aprobación de leyes o el planteo de reformas constitucionales. También se pronuncia sobre el cumplimiento de acuerdos internacionales a los que el país adhirió.
La Inddhh la preside este año la exfiscal Mariana Blengio, el año pasado la presidió la exjueza Mariana Mota, y la integran los directores Josefina Plá, Wilder Tayler y Juan Faroppa, quien fue subsecretario del Interior junto a José Díaz en el primer gobierno de Tabaré Vázquez.
Diego Battiste
Faroppa dijo que la Inddhh es un organismo autónomo, apartidario y que es independiente al gobierno de turno. Además indicó que han tenido enfrentamientos por sus pronunciamientos tanto con el Frente Amplio como con la oposición.
Mencionó por ejemplo un enfrentamiento que mantuvieron con el Ministerio de Vivienda por un pronunciamiento sobre la disposición final de lodos de Aguas Corrientes y el último caso, que Faroppa recordó como el "atque más grave" que recibieron fue con el senador Larrañaga, impulsor de la reforma Vivir sin miedo, quien calificó a la Inddhh como "defensora del partido de gobierno", luego de que el organismo dijo que su propuesta era un retroceso en materia de derechos humanos.
Faroppa afirmó que "por cortesía" le pedirán una reunión al presidente electo y también a la presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, con quién tendrán que tener un vínculo funcional ya que el presupuesto de la institución depende del Parlamento.
Ursea y Ursec
Otros dos organismos de contralor estatal cuyos cargos son independientes al cambio de gobierno son la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) y la Unidad Reguladora de los Servicios del Agua (Ursea). Ambos órganos desconcentrados del Poder Ejecutivo, creados en 2001 y 2002 respectivamente, están integrados por tres jerarcas que duran seis años en sus cargos, salvo renuncia o resolución fundada del consejo de ministros.
La Ursec tiene como tarea la regulación y control de las actividades referidas a las telecomunicaciones y postales, mientras la Ursea regula las actividades energéticas como los combustibles derivados del petróleo, gas por redes y actividades relacionadas al suministro de agua potable y saneamiento.
Los directorios están integrados por dos jerarcas que responden al Frente Amplio y un opositor, en ambos casos del Partido Nacional. Tanto en la Ursec como en la Ursea los jerarcas cumplirán los seis años de mandato en distintos momentos. En la Ursec el presidente Gabriel Lombide se mantiene en el cargo desde 2010, Nicolás Cendoya desde 2013 por lo que este año debería cesar, y la blanca Silvana Olivera desde 2015, por lo que estará hasta 2021. En la Ursea el presidente César Falcon asumió en 2016 por lo que su cargo finaliza en 2022, el vicepresidente Gerardo Triunfo asumió en 2014 y el director blanco Fernando Menéndez estará hasta 2023.
