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Senado aprobó proyecto de ley integral para personas trans
El proyecto habilita a los menores de edad a comenzar procesos de hormonización o a cambiarse de nombre sin la anuencia de sus padres o tutores, mientras que sí exige el permiso de los responsables legales para realizar una intervención quirúrgica. Asimismo, dispone una pensión (de hasta $ 11.500) para las personas trans perseguidas por la dictadura.
Al comienzo de la discusión, el miembro informante del oficialismo, Marcos Otheguy, dijo que con la aprobación del proyecto se estaba haciendo "un acto de justicia y comenzando a saldar una deuda histórica" con la población trans. En tanto, la senadora de Asamblea Uruguay, Daniela Payssé, dijo que la discusión en comisión fue "responsable, seria y rigurosa", y que por eso se modificaron varios artículos del proyecto original. La legisladora, sin embargo, criticó el debate que se dio en la sociedad. "A mi juicio se procesó de la peor manera: mintiendo, engañando, hablando de repudio y de privilegios para las personas trans, no solo por parte de colectivos e iglesias, sino de integrantes de esta casa. ¿Cuál es el privilegio de haber sido excluido de su casa por incomprensión, o haber tenido que terminar ejerciendo la prostitución? ¿Eso es un privilegio? Atender las situaciones de discriminación no es otorgar un privilegio", señaló.
Payssé consideró que había "dos diferencias" en la forma en que se instaló el debate en la sociedad. Por un lado, dijo que la juntada de firmas contra el proyecto había sido "una aberración" porque pretendió "engañar a la gente" y destacó que "esa forma de terrorismo también tuvo un correlato en este Parlamento" ya que las firmas presentadas eran anónimas. En tanto, destacó que las organizaciones sociales agrupadas bajo el grupo "Ley trans ya" hayan recolectado 60 mil firmas las cuales fueron "certificadas" ante un escribano público en el Palacio Legislativo.
La primera legisladora de la oposición en hablar fue la senadora Verónica Alonso, quien expresó su oposición al proyecto por considerar que se estaba legislando “por presión de colectivos corporativos”. “¿Acaso la presión de determinados grupos que han influido muchísimo en el Ministerio de Desarrollo Social como el caso de Ovejas Negras, les han hecho perder el foco?”, se preguntó, y dijo que no compartía que “el Estado deba pagar por querer vivir de una forma diferente y deba dar beneficios por el hecho de ser trans”. Mientras realizaba su intervención, el senador Rafael Michelini le solicitó realizar dos interrupciones, las cuales fueron negadas. Recién al finalizar, Michelini pudo contestarle y le dijo que el proyecto brinda derechos "para quienes no tienen recursos" ya que los que tienen "siempre encuentran solución".
A su turno, el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, anunció que votará a favor del proyecto en general porque va en la línea de la “consagración de la libertad y el derecho a la identidad de género” pero señaló que no acompaña el inciso 3 del artículo 6, ni los artículos 10, 11, 14 y 21, referidos a la hormonización y cambio de nombre de menores sin el consentimiento de sus padres, el otorgamiento de una pensión para las personas trans perseguidas por la dictadura, y la incorporación al régimen de beneficios de la Ley de Inversiones.
Posteriormente, el senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, dijo que la colocación de los pañuelos amarillos por parte de los legisladores frenteamplistas tenían como objetivo “sacar jugo” en las próximas elecciones. Bordaberry también criticó que se califique al día "como histórico" y señaló que “lo mismo dijeron cuando asumió una senadora” en referencia a Michelle Suárez, referente del colectivo defensor de los derechos LGBTI Ovejas Negras que luego fue procesada por cuatro delitos de falsificación, estafa y falsificación de documento privado.
Jorge Larrañaga, en tanto, dijo que no votaba el proyecto porque consideraba que "no reconoce derechos y libertades". "Los ciudadanos uruguayos son libres e iguales no por una ley, somos libres e iguales por la Constitución nacional", expresó.
El proyecto, aprobado en comisión el pasado miércoles con cuestionamientos de la oposición, habilita a los menores de edad a comenzar procesos de hormonización o a cambiarse de nombre sin la anuencia de sus padres o tutores, mientras que sí exige el permiso de los responsables legales para realizar una intervención quirúrgica.
Asimismo, dispone una pensión (de hasta $ 11.500) para las personas trans perseguidas por la dictadura. “Establécese un régimen reparatorio para las personas nacidas con anterioridad al 31 de diciembre de 1975 que acrediten de forma fehaciente que por causas relacionadas con su identidad de género fueron víctimas de violencia institucional o privadas de libertad (…) por agentes del Estado”, dice el texto.
Idas y vueltas
La habilitación de los procesos de hormonización y las intervenciones quirúrgicas concitaron buena parte de la atención durante la discusión en la comisión. En un primer borrador, se establecía que ambos procesos podrían ser iniciados sin la anuencia de los responsables legales.
Ante los reclamos de algunas organizaciones, muchas de ellas vinculadas a instituciones religiosas, la bancada del Frente Amplio había aceptado revisar la redacción. Pero cuando los legisladores oficialistas hicieron saber que pensaban dejar por el camino esos artículos, se encontraron con la resistencia de organizaciones civiles de la vereda opuesta. Incluso el Mides planteó que eliminar esa disposición sería un retroceso.
Firmas
Organizaciones sociales que se movilizaron a favor de la Ley Trans entregaron el pasado miércoles 60.000 firmas que reunieron en defensa del proyecto. La entrega de firmas se realizó en la antesala de la Cámara de Senadores.
La movida se generó a raíz de que organizaciones vinculadas a iglesias evangélicas habían comenzado una recolección de firmas contraria a la ley y los defensores del proyecto entendieron que la mejor forma de contrarrestar eso era con una movida similar. Los contrarios al proyecto habían recolectado alrededor de 40.000 firmas.
